Con sentimientos encontrados, recibieron residentes de la zona aledaña al Río Grande la noticia de una propuesta de ley que criminaliza la construcción de túneles subterráneos entre Estados Unidos y México e impone más responsabilidades a los dueños de propiedades que lindan con la frontera.
A la vez que dieron la bienvenida a iniciativas en beneficio a la seguridad del país, consideraron como “duro” y hasta “injusto” sancionar a las personas en cuyas propiedades hayan sido construidos túneles ilegales.
“Por un lado está bien que hagan este tipo de leyes, pero por otro uno qué culpa tiene si de pronto aparece un túnel en el patio de nuestra casa”, expresó Rodolfo Villarreal, quien es propietario de la tienda de abarrotes “La Estrella de Jalisco”, donde enseguida tiene su casa.
El negocio se encuentra en la esquina de las calles Findley y Estrella, a menos de 200 pies de la línea internacional y del marcador 25, donde autoridades de Estados Unidos y México descubrieron en julio del 2010 un “narcotúnel”.
El túnel, de una extensión de 64 metros, fue construido con “tecnología rudimentaria” debajo del lecho encementado del Río Bravo, a escasos metros del puente internacional Córdova-De las Américas, según dieron a conocer las autoridades en ese entonces.
Este corredor ilegal forma parte de los 149 túneles que atraviesan la frontera, los cuales han sido encontrados desde 1990, 139 de ellos fueron encontrados desde el 2001, según lo estipula el proyecto de ley del Acta de Prevención de Túneles Fronterizos. La mayoría de éstos se encuentran en Arizona y California. La pieza de ley HR 4119, auspiciada por el congresista paseño Silvestre Reyes, fue aprobada el martes en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ahora pasará al pleno de la Cámara Baja para su votación.
La medida planea frenar la construcción de túneles a través de proveer mayores herramientas investigativas y opciones para el proceso judicial de estos crímenes, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Reyes.
Entre esas herramientas se utilizaría la intervención telefónica, pero sólo a través de una orden judicial, precisó el portavoz del congresista, José Borjón.
“Se aseguraría esta herramienta de último recurso a que esté disponible para los agentes federales investigando crímenes muy serios relacionados a la actividad ilegal de (la construcción) de túneles fronterizos”, comentó. La propuesta de ley también señala que los propietarios de tierras aledañas a la frontera, también podrían ser sancionados.
La ley actual da una sentencia máxima de 10 años en prisión a quien tenga conocimiento, “o intransigentemente cometa desacato”, sobre la construcción o el uso de un túnel ilegal en las tierras en que dicha persona es propietaria o tiene el control de las mismas.
Además requiere que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) informe anualmente y notifique a los propietarios o inquilinos de tierras que se encuentran a una milla al norte de la frontera, en zonas de “alto riesgo”, sobre las leyes y cómo reportar violaciones a la ley federal del orden público.
Borjón precisó que DHS designaría esas zonas de “alto riesgo” y determinaría la mejor manera de notificar a los propietarios de la ley.
Para Israel Alvarado, propietario del taller de carrocería Alliance Collision Center localizado a unos cuantos pasos del puente Libre, dijo estar de acuerdo con la iniciativa, aunque la consideró como “dura”.
Alvarado manifestó que el problema aquí en El Paso no es tanto la construcción de túneles, porque ya los hay en el sistema de alcantarillado y desagüe que desemboca en el Río Grande (Bravo). “El problema aquí son las alcantarillas”, dijo.
Tanto él como Carmen Rivera, quien vive a una cuadra al oeste del negocio de Alvarado, han sido testigos de inmigrantes indocumentados que salen de las alcantarillas justo al norte de la calle Paisano.
“Hace como un mes salieron muchos indocumentados de allí. Los de la ‘migra’ y la policía andaban corriendo tras de ellos”, dijo Rivera, mientras apuntaba a una alcantarilla en medio de la intersección Cebada y San Antonio.
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a casi año y medio de su traslado a una cárcel de Nueva York.
Este martes 28 de julio, se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Joan M. Azrack, en donde se sumó un nuevo plazo de 90 días para continuar con las conversaciones con la defensa del ex líder del Cártel de Juárez.
Con esto se dio a conocer que se programó la próxima audiencia para el 20 de octubre de este año, y que El Viceroy renunciaba a enfrentar un juicio rápido en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Mientras se mantiene este proceso, Vicente Carrillo Fuentes se mantendrá en prisión. Cabe destacar que está acusado de delitos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.
¿Quién es El Viceroy?
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy,heredó el Cártel de Juárez en 1997, luego de que su hermano, Amado Carrillo Fuentes,conocido como El Señor de los Cielos, muriera en medio de una cirugía plástica. En ese momento el Cártel de Juárez era una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México.
Nació en Novolato, Sinaloa. Junto a él, Juan José Esparragoza, alias El Azul, quien más tarde formaría parte del Cártel de Sinaloa,tomó el control del Cártel de Juárez en 1997.
Desde el 16 de agosto del año 2000, El Viceroy fue buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (US Federal Bureau of Investigations, FBI) luego de que un jurado federal del estado de Texas lo acusara de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que diera con su paradero.
El Cártel de Juárez se encargaba de transportar múltiples toneladas de cocaína provenientes de Colombia hacia Estados Unidos, pasando por México. Durante el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez mantuvo la hegemonía sobre este negocio gracias a sus vínculos con autoridades federales mexicanas, mismas que les ofrecían protección.
Vicente continuó con el traslado de droga de una manera más modesta, pero en un contexto más violento.
Hasta el 2004, el Cártel de Juárez estuvo aliado con el Cártel de Sinaloa, cuando el líder de este grupo, Joaquín El Chapo Guzmán, presuntamente ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Viceroy. Tras esto, este devolvió el ataque ordenando la muerte de El Chapo Guzmán, quien estaba preso.
Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, exlíder del Cártel de Juárez (Infobae)
La ruptura de la alianza entre ambos cárteles desató una violenta guerra de varios años enCiudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, principal bastión de Carrillo Fuentes.
Ambos grupos se enfrentaron por el control del mercado y de las rutas del narcotráfico. Desde el 2007, El Viceroy también enfrentó al Cártel de Golfo. Este conflicto hizo a Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo por varios años, lo que dejó un saldo de, por lo menos, 8 mil muertos.
Para enfrentar al Cártel de Sinaloa y a su grupo de sicarios, conocido como Gente Nueva, El Viceroy se valió de un brazo armado conocido como La Línea y del Barrio Azteca, un grupo criminal con base en Estados Unidos.
Pero estos no fueron suficientes para derrotar al Cártel de El Chapo Guzmán, pues presuntamente contaba con apoyo de autoridades federales, y logró debilitar al Cártel de Juárez e incrementar su propio poder.
El Viceroy, debido a su aparente derrota, cambió su apariencia, su nombre y se trasladó a Torreón, en Coahuila, donde fue capturado el 9 de octubre de 2014. Fue condenado a 28 años de prisión por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2015.
En un juicio de amparo del año siguiente, se le concedió protección constitucional, sin embargo, siguió en prisión. En 2017 se le volvió a dictar prisión formal.
Estuvo en Puente Grande, en Jalisco, hasta el 27 de febrero de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos junto a otros 28 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.
You must be logged in to post a comment Login