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Con sentimientos encontrados, reciben aquí propuesta vs narcotúneles

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Con sentimientos encontrados, recibieron residentes de la zona aledaña al Río Grande la noticia de una propuesta de ley que criminaliza la construcción de túneles subterráneos entre Estados Unidos y México e impone más responsabilidades a los dueños de propiedades que lindan con la frontera.

A la vez que dieron la bienvenida a iniciativas en beneficio a la seguridad del país, consideraron como “duro” y hasta “injusto” sancionar a las personas en cuyas propiedades hayan sido construidos túneles ilegales.

“Por un lado está bien que hagan este tipo de leyes, pero por otro uno qué culpa tiene si de pronto aparece un túnel en el patio de nuestra casa”, expresó Rodolfo Villarreal, quien es propietario de la tienda de abarrotes “La Estrella de Jalisco”, donde enseguida tiene su casa.

El negocio se encuentra en la esquina de las calles Findley y Estrella, a menos de 200 pies de la línea internacional y del marcador 25, donde autoridades de Estados Unidos y México descubrieron en julio del 2010 un “narcotúnel”.

El túnel, de una extensión de 64 metros, fue construido con “tecnología rudimentaria” debajo del lecho encementado del Río Bravo, a escasos metros del puente internacional Córdova-De las Américas, según dieron a conocer las autoridades en ese entonces.

Este corredor ilegal forma parte de los 149 túneles que atraviesan la frontera, los cuales han sido encontrados desde 1990, 139 de ellos fueron encontrados desde el 2001, según lo estipula el proyecto de ley del Acta de Prevención de Túneles Fronterizos. La mayoría de éstos se encuentran en Arizona y California. La pieza de ley HR 4119, auspiciada por el congresista paseño Silvestre Reyes, fue aprobada el martes en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ahora pasará al pleno de la Cámara Baja para su votación.

La medida planea frenar la construcción de túneles a través de proveer mayores herramientas investigativas y opciones para el proceso judicial de estos crímenes, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Reyes.

Entre esas herramientas se utilizaría la intervención telefónica, pero sólo a través de una orden judicial, precisó el portavoz del congresista, José Borjón.

“Se aseguraría esta herramienta de último recurso a que esté disponible para los agentes federales investigando crímenes muy serios relacionados a la actividad ilegal de (la construcción) de túneles fronterizos”, comentó. La propuesta de ley también señala que los propietarios de tierras aledañas a la frontera, también podrían ser sancionados.

La ley actual da una sentencia máxima de 10 años en prisión a quien tenga conocimiento, “o intransigentemente cometa desacato”, sobre la construcción o el uso de un túnel ilegal en las tierras en que dicha persona es propietaria o tiene el control de las mismas.

Además requiere que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) informe anualmente y notifique a los propietarios o inquilinos de tierras que se encuentran a una milla al norte de la frontera, en zonas de “alto riesgo”, sobre las leyes y cómo reportar violaciones a la ley federal del orden público.

Borjón precisó que DHS designaría esas zonas de “alto riesgo” y determinaría la mejor manera de notificar a los propietarios de la ley.

Para Israel Alvarado, propietario del taller de carrocería Alliance Collision Center localizado a unos cuantos pasos del puente Libre, dijo estar de acuerdo con la iniciativa, aunque la consideró como “dura”.

Alvarado manifestó que el problema aquí en El Paso no es tanto la construcción de túneles, porque ya los hay en el sistema de alcantarillado y desagüe que desemboca en el Río Grande (Bravo). “El problema aquí son las alcantarillas”, dijo.

Tanto él como Carmen Rivera, quien vive a una cuadra al oeste del negocio de Alvarado, han sido testigos de inmigrantes indocumentados que salen de las alcantarillas justo al norte de la calle Paisano.

“Hace como un mes salieron muchos indocumentados de allí. Los de la ‘migra’ y la policía andaban corriendo tras de ellos”, dijo Rivera, mientras apuntaba a una alcantarilla en medio de la intersección Cebada y San Antonio.

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Sheinbaum viaja a España para foro internacional y reuniones con líderes progresistas

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viaja este viernes a España para participar en el Foro en Defensa de la Democracia, que se llevará a cabo en Barcelona y reunirá a líderes progresistas de América Latina y Europa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que sostendrá encuentros bilaterales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

La visita ocurre en el marco de este encuentro internacional que congregará a más de 3 mil participantes y representa la primera asistencia de un jefe del Ejecutivo mexicano a España desde 2018, cuando acudió Enrique Peña Nieto.

Al ser cuestionada sobre si la reunión busca contrastar posturas frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sheinbaum rechazó esa versión y afirmó que se trata de “una reunión por la paz”, no de carácter confrontativo.

La titular del Ejecutivo federal viajará en vuelo comercial y tiene previsto regresar a México el domingo 19 de abril. Su agenda contempla la participación el sábado en la reunión de jefes de Estado del foro, así como la realización de los encuentros bilaterales programados. También buscará un posible acercamiento con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Para el domingo, antes de su regreso, la presidenta visitará el Barcelona Supercomputing Center, institución con la que México desarrolla un proyecto conjunto para la creación de una supercomputadora en el país.

Sheinbaum señaló que este viaje podría marcar una nueva etapa en la relación bilateral con España, al considerar que existe un momento propicio para retomar el diálogo tras años de tensiones. Destacó recientes gestos de autoridades españolas, incluido el reconocimiento de abusos cometidos durante la Conquista por parte de funcionarios y del rey Felipe VI, lo que permitiría avanzar en una conversación sobre memoria histórica.

Las diferencias entre ambos países se remontan a 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al gobierno español una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista. Hasta el momento, no se ha informado de acuerdos concretos derivados de la visita.

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