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Militarización hasta en 2029

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Ciudad de México.- Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales iniciaron la discusión de la reforma en la Constitución que permitiría ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública hasta el 2029.

La Comisión presentó en positivo la iniciativa de la priista Yolanda de la Torre, que plantea pasar de 5 a 9 años el plazo que inició en 2019, para la formación de la Guardia Nacional con elementos militares.

No obstante, la diputada priista Cristina Ruiz presentó una adición que plantea prolongar la presencia de FA hasta 2029, es decir, un plazo de 10 años.

Además, agrega la creación de una comisión bicamaral para dar seguimiento a la GN y que se presenten informes semestrales por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la Comisión el dictamen puede ser aprobado por mayoría simple, pero es en el pleno general donde se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Por el pacto entre Morena y el PRI para sacar adelante la reforma, se prevé que sea aprobada el día de mañana, con la oposición de PAN, PRD y MC.

La presentación de la iniciativa generó casi una ruptura en la alianza electoral y parlamentaria de Va por México, porque se estaría rompiendo la moratoria constitucional que habían acordado para impedir reformas a la Constitución en materia electoral y sobre la militarización de la Guardia Nacional.

«Como la Guardia Nacional no se ha consolidado y se habían otorgado al Presidente de la República facultades para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, es claro que dichas facultades deben ampliarse, como se propone en la iniciativa de 5 a 9 años, a efecto de que alcance hasta el año 2028, tiempo que se considera suficiente para lograr la consolidación de la Guardia Nacional.

«La extensión del plazo es una medida idónea, porque persigue lograr el fin de la seguridad pública; es necesaria, porque no existe una alternativa que sea jurídica y fácticamente mejor; y es proporcional en sentido estricto, pues es previsible que logre una mejor seguridad pública que supere los cuestionamientos y argumentos de una erróneamente criticada participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública», argumenta el dictamen distribuido entre los legisladores.

Aunque la Guardia Nacional se ha formado con personal militar en lugar de civil, al tiempo de que están dejando la corporación los elementos de lo que fuera la Policía Federal, se afirma que la participación de soldados y marinos es transicional.

A la fecha, la Guardia Nacional está formada con 113 mil 833 efectivos, de los cuales 73 mil 805 provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional y 16 mil 792 de la Marina, y 23 mil 236 fueron asignados de la extinta Policía Federal.

«Se debe reconocer que la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera completa; por lo que es evidente que se requiere de más tiempo para ello», indica el texto.

Agrega que la consolidación de la GN contribuirá «seguramente» a la reciente aprobación de las reformas que pasan el control operativo y administrativo de la corporación a la Sedena.

México

Agricultura y Verde Valle pactan compra de frijol nacional a precio justo

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la empresa Verde Valle formalizaron un acuerdo de comercialización justa para la compra de frijol a productores mexicanos de pequeña y mediana escala, con el objetivo de reconocer los costos de producción y garantizar la viabilidad económica de las familias campesinas.

El convenio fue ratificado por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y por el director general de Verde Valle, Germán Rosales Wybo. Ambas partes definieron una ruta de trabajo para la adquisición del grano producido en el país, bajo un esquema que prioriza la producción nacional.

Como parte del acuerdo, Verde Valle se comprometió a que la totalidad del frijol que comercialice en territorio nacional sea cultivado y cosechado exclusivamente por productores mexicanos. Además, la empresa aseguró que todo el grano adquirido mediante los mecanismos establecidos corresponderá al ciclo agrícola en curso, el cual concluye en agosto de 2026.

Uno de los ejes centrales del pacto es la definición de precios. De acuerdo con la información oficial, se implementarán mecanismos transparentes y verificables para asegurar que el pago al productor se ubique por encima de los niveles prevalecientes en las zonas de cultivo. La estructura de precios, según se detalló, reconoce no solo el esfuerzo del agricultor, sino también los costos de producción, con el fin de asegurar la estabilidad económica de las familias dedicadas a esta actividad.

Rosales Wybo señaló que la empresa refrenda su compromiso con la calidad del frijol mexicano y con las y los productores del país, en el marco de una relación comercial basada en criterios de equidad.

Por su parte, el secretario Berdegué destacó que este acuerdo responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar una comercialización ética de los productos del campo. Indicó que la participación de una empresa de alcance nacional fortalece la confianza entre los distintos actores de la cadena productiva.

El convenio se alinea con el Plan de Autosuficiencia del Frijol, integrado en el Plan México, y contribuye al cumplimiento de los compromisos presidenciales 62 y 64. Aunque el precio final al consumidor considera costos adicionales como logística, empaque y distribución, las autoridades subrayaron que el eje del acuerdo es promover una prosperidad compartida en el sector agrícola.

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