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Trump comienza entrega de documentos al Congreso.

Washington.— Mazars USA, el despacho contable del ex presidente Donald J. Trump, que lo fue durante un largo tiempo, cortó relaciones con él y su negocio familiar en este año y ha empezado a entregarle documentos relacionados con sus negocios financieros al Congreso.

Después de una batalla legal que duró años, el Comité de Supervisión de la Cámara recibió la primera serie de documentos del despacho, que recientemente realizó un acuerdo legal para entregar una serie de documentos financieros que datan de varios años antes de que Trump asumiera el poder y durante la primera etapa de su presidencia.

Mazars dijo en el mes de febrero que no se hacía responsable de una década de estados financieros anuales que preparó para la Organización Trump.

SE espera que más documentos sean entregados.

“Ellos nos enviaron una serie de documentos”, comentó la representante demócrata Carolyn B. Maloney de Nueva York y presidenta del Comité, en una entrevista que dio este sábado. “Estamos revisándolos”.

Aunque Maloney rechazó decir exactamente qué documentos han recibido hasta el momento, pero agregó que “Mazars está muy dispuesto a colaborar”.

El Comité de Supervisión ha tenido una larga batalla para obtener los documentos financieros de Trump como parte de su investigación sobre los alegatos de conflicto de interés, información financiera inadecuada y violaciones a las cláusulas de emolumentos de la Constitución, que prohíben al presidente recibir ganancias de un gobierno doméstico o extranjero, además de su compensación oficial.

En el 2019, Michael D. Cohen, ex abogado personal de Trump, testificó ante el Comité que los estados financieros de Trump representaban falsamente los activos y pasivos del ex presidente y que Trump “había inflado el total de activos cuando eso servía a sus propósitos” y en otras ocasiones “disminuía el valor de sus activos para reducir el pago de impuestos de sus inmuebles”.

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«Alligator Alcatraz»: El polémico centro de detención rodeado de caimanes que divide a Florida

Florida ha establecido una controvertida instalación de detención migratoria en los pantanos de los Everglades, a menos de 50 millas del resort de Donald Trump en Miami. La propiedad, apodada «Alligator Alcatraz» por funcionarios estatales, fue construida en días transformando el aeropuerto Dade-Collier Training and Transition en una ciudad temporal de carpas con capacidad para albergar hasta 3,000 migrantes.

El gobernador Ron DeSantis adoptó el apodo acuñado por su fiscal general, argumentando que la ubicación ofrece seguridad natural. «Claramente desde una perspectiva de seguridad, si alguien escapa, hay muchos caimanes con los que tendrá que lidiar. Nadie va a ninguna parte una vez que haga eso», declaró DeSantis durante una conferencia de prensa.

La instalación funciona como un centro completamente autónomo, con migrantes alojados en remolques de FEMA reacondicionados y estructuras temporales similares a las utilizadas para víctimas de desastres naturales. Los servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad son proporcionados por equipos móviles, mientras que grandes unidades portátiles de aire acondicionado intentan combatir las temperaturas que superan los 90 grados Fahrenheit.

Representantes del Congreso que visitaron la facilidad reportaron condiciones alarmantes, describiendo a cientos de migrantes confinados en jaulas bajo calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas. «Están esencialmente empacados en jaulas, humanos pared a pared, 32 detenidos por jaula», declaró la representante Debbie Wasserman Schultz tras su recorrido.

La operación anual de «Alligator Alcatraz» costará 450 millones de dólares, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Florida cubrirá inicialmente los costos y luego solicitará reembolsos a través de FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional. No olvides visitar Segundo a Segundo Noticias de Chihuahua, México y el Mundo.

El proyecto enfrenta oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes, ambientalistas y miembros de la comunidad indígena Miccosukee, quienes consideran la instalación una amenaza a sus tierras sagradas y al delicado ecosistema de los Everglades. La controversia se intensifica por estar ubicada cerca de la fuente principal de agua potable para ocho millones de habitantes del sur de Florida.

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