Florida ha establecido una controvertida instalación de detención migratoria en los pantanos de los Everglades, a menos de 50 millas del resort de Donald Trump en Miami. La propiedad, apodada «Alligator Alcatraz» por funcionarios estatales, fue construida en días transformando el aeropuerto Dade-Collier Training and Transition en una ciudad temporal de carpas con capacidad para albergar hasta 3,000 migrantes.

El gobernador Ron DeSantis adoptó el apodo acuñado por su fiscal general, argumentando que la ubicación ofrece seguridad natural. «Claramente desde una perspectiva de seguridad, si alguien escapa, hay muchos caimanes con los que tendrá que lidiar. Nadie va a ninguna parte una vez que haga eso», declaró DeSantis durante una conferencia de prensa.

La instalación funciona como un centro completamente autónomo, con migrantes alojados en remolques de FEMA reacondicionados y estructuras temporales similares a las utilizadas para víctimas de desastres naturales. Los servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad son proporcionados por equipos móviles, mientras que grandes unidades portátiles de aire acondicionado intentan combatir las temperaturas que superan los 90 grados Fahrenheit.

Representantes del Congreso que visitaron la facilidad reportaron condiciones alarmantes, describiendo a cientos de migrantes confinados en jaulas bajo calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas. «Están esencialmente empacados en jaulas, humanos pared a pared, 32 detenidos por jaula», declaró la representante Debbie Wasserman Schultz tras su recorrido.

La operación anual de «Alligator Alcatraz» costará 450 millones de dólares, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Florida cubrirá inicialmente los costos y luego solicitará reembolsos a través de FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional. No olvides visitar Segundo a Segundo Noticias de Chihuahua, México y el Mundo.

El proyecto enfrenta oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes, ambientalistas y miembros de la comunidad indígena Miccosukee, quienes consideran la instalación una amenaza a sus tierras sagradas y al delicado ecosistema de los Everglades. La controversia se intensifica por estar ubicada cerca de la fuente principal de agua potable para ocho millones de habitantes del sur de Florida.