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México

Militares y Policías, agresores de mujeres

Ciudad de México.— Los principales agresores de las mujeres y de sus hijos son sus parejas o ex parejas. En la mayoría de los casos son o tienen vínculos militares o políticos, y un punto porcentual abajo, le siguen los narcotraficantes, según datos de la Red Nacional de Refugios (RNR).

La organización reportó que en total, de enero a agosto de este año, se ha brindado atención y acompañamiento integral a través de sus líneas de atención, redes sociales y espacios de protección a 25 mil 594 personas, de las que el 85 por ciento son mujeres.

La red documentó que los principales agresores de las mujeres y niños son sus cercanos.

De los atacantes, 4 de cada 10 eran pareja de la mujer víctima de violencias, 2 de cada 10 eran sus esposos y 2 de cada 100 su ex pareja, mismos que son los agresores de sus hijas e hijos.

Sobre el perfil de los agresores, la RNR señaló que del total de casos registrados, la mayoría (13 por ciento) tienen vínculos con militares o políticos, seguido por un 12 por ciento que tiene vínculos relacionados con el narcotráfico.

«Lo cual exacerba el nivel de riesgo e impunidad al que se enfrentan las mujeres al intentar acceder a la justicia integral», subrayó la red.

Asimismo, 21 por ciento usan armas; y 29 por ciento tienen antecedentes penales.

Los tipos de agresiones que se reportan por la RNR son violaciones sexuales, ataques con ácido y/o sustancias corrosivas, acoso sexual, desapariciones forzadas, y asesinatos diarios de mujeres y niñas en el país.

Además de que 134 mujeres han sido atendidas a través de la red y reportaron intentos de feminicidio, los cuales, acusaron, fueron minimizados y clasificados como violencia familiar por las autoridades.

Se especificó que de las mujeres atendidas a través de línea telefónica y redes sociales, el 25 por ciento refirió haber sido víctima de violencia física, el 40 por ciento de violencia psicológica; el 10 por ciento, dijo vivir violencia económica; 9 por ciento, violencia patrimonial.

En tanto que 7 de cada 100 mujeres reportaron estar pasando por todas las violencias mencionadas; seis de cada 10 mujeres que tienen hijas e hijos refieren que sus niñas y niños también viven algún tipo de violencia. Asimismo, 429 mujeres atendidas reportaron haber sido víctimas de violencia sexual.

Denostaron que de camino a la justicia, un obstáculo que se añade es la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género, la poca o nula preparación de las autoridades que no solo impiden que los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios, sino que no les informan a las mujeres que logran acudir buscando auxilio que tienen derecho a un refugio o bien, desestiman las declaraciones de las mujeres.

«A las cuales no les hicieron caso y ahora ya no están con vida o están tratándose las secuelas físicas, emocionales e integrales tras un intento de feminicidio, como lo es un ataque con ácido; un hecho en el que el sistema patriarcal es cómplice y da paso libre a la impunidad», se refirió.

«O como el caso recién de la jueza de Yucatán que rechazó vincular a proceso por intento de feminicidio a un hombre que ahorcó dos veces a su ex pareja, al considerar que la víctima ‘malentendió las intenciones del agresor’, inadmisible y desolador, pero una realidad que atraviesa a nuestro México», se añadió.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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