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Senado pone pausa a reforma militar

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El Senado de la República suspendió la discusión de la reforma militar que plantea dar prórroga al Ejército para que regrese a sus cuarteles hasta 2028, con la idea central de que se estudie y discuta en las comisiones dictaminadoras.

Al no lograr consenso y los votos necesarios del grupo opositor, las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y Estudios legislativossolicitaron retirar el dictamen para su discusión de nueva cuenta, pues ya había sido votado y aprobado en días pasados. De esta manera tendrán diez días más para el análisis de la reforma.

Durante la sesión ordinaria en curso, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, recibió dos oficios que suscribieron los integrantes de comisiones dictaminadoras, para bajar la propuesta de ampliar plazo de Fuerzas Armadas en calles, lo que generó la furia de varios senadores del bloque opositor.

Y es que el PAN, PRD, incluso la bancada parlamentaria del PRI no cedieron en sus pronunciamientos a favor de la reforma constitucional, por lo que el senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, insistió —en dos ocasiones diferentes en el Pleno— bajar la reforma constitucional para analizar con más tiempo los alcances de la propuesta del Revolucionario Institucional.

El morenista sostuvo que es un falso discurso que se busque militarizar al país con la reforma constitucional que se discute a propuesta del tricolor.

“Pienso que podemos dar más tiempo (a la reforma militar del PRI); nunca hemos aprobado nada en el Senado vía fas track. Demos más tiempo para la discusión a las comisiones dictaminadoras”, dijo Ricardo Monreal.

Le secundó el senador Dante Delgado, quien afirmó que la suspensión del debate se debe a que la propuesta militar del PRI no está suficientemente estudiada por los legisladores.

Acusan desaseo legislativo

La discusión de la reforma constitucional inició en el Senado con una moción suspensiva que buscaba alargar la discusión del dictamen; sin embargo, la petición fue bateada por los Grupos Parlamentarios de Morena y aliados.

Posteriormente, el PAN y PRD acusaron al presidente de la Mesa Directiva de incurrir en desaseo legislativo, luego de que se confirmaran dos oficios presentados, uno de ellos “mal requisitado”, por lo que distintas bancadas se enfrascaron en una discusión sobre los procedimientos de la sesión ordinaria y la ruta a seguir de las comisiones.

Incluso el senador, Damián Zepeda propuso retirar todas las reservas del PAN y votar este miércoles el dictamen; no obstante, no logró que se aprobara su propuesta.

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En tanto, la senadora Claudia Ruiz Massieu, arremetió en contra la propuesta del PRI, pues aseguró que el dictamen solo cumple un capricho de personajes políticos y que busca afecta a la oposición.

“Las Fuerzas Armadas se verán vulneradas con este dictamen. No se trata de estar a favor o en contra de la seguridad de los mexicanos; todos queremos que los mexicanos podamos vivir en paz; sin embargo, se ha sembrado la idea de que la GN y las Fuerzas se retirarán del territorio mexicano, eso es falso”, dijo.

La petición de regresar la propuesta a las comisiones dictaminadoras fue rechazada por el bloque opositor en primera instancia, aunque después aceptó la petición del senador Ricardo Monreal.

Mientras que la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que Morena buscó posponer el debate de la militarización, debido a que no les alcanzan los votos para aprobar la reforma constitucional, y así “comprar” tiempo para negociar con otros senadores.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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