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Chihuahua

En Chihuahua descubrieron un tráiler con 57 niños migrantes que viajaban por su cuenta

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Las autoridades del Instituto Nacional de Inmigración (INM) detuvieron este jueves un camión que transportaba a casi 70 migrantes de Guatemala, en su mayoría niños no acompañados, en una carretera de Chihuahua.

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El INM señaló que los agentes federales vieron el camión en un puesto de control en Chihuahua, cerca del límite con Estados Unidos.

En el vehículo encontraron a 67 migrantes de Guatemala, incluidos 57 menores no acompañados, en su mayoría niños, de entre 14 y 17 años. El grupo también incluía a una madre y una hija.

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Todas las personas en el camión viajaban sin los permisos de migración adecuados.

El conductor del camión fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la familia y los niños no acompañados serán entregados a las autoridades estatales para la protección de los niños y adolescentes.

A principios de enero, los agentes de inmigración encontraron a niños salvadoreños, varados en un islote en el Río Grande, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

El pasado mes de diciembre se registró un número récord de detenciones en la frontera, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., aunque este número se desplomó en enero a raíz de las nuevas restricciones migratorias impuestas por el presidente de EE. UU. Joe Biden.

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Disolvieron a la primera caravana migrante de 2023

Este 21 de enero efectivos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional mexicana disolvieron a cientos de migrantes que llevan meses varados a la espera de trámites en Tapachula, en el estado de Chiapas, ya que los grupos tenían previsto salir en la primera caravana del año.

Las autoridades mexicanas arribaron al parque Miguel Hidalgo y desintegraron esta caravana de migrantes que tenía como destino Estados Unidos y que había sido convocada por la asociación Pueblos Libres Sin Fronteras para salir este mismo sábado.

Para efectuar este operativo sorpresa, se necesitaron una decena de furgonetas y dos autobuses, en el que un contingente de efectivos migratorios y de las fuerzas mexicanas eligieron al azar a quién verificar sus papeles, para ver si se encontraban viviendo de manera legal en México.

Los miembros de la Guardia Nacional armados acompañaron al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que intentó convencer a los grupos de migrantes para que accedieran a subir a los vehículos con la promesa de ayudarles a obtener documentos para permanecer en Chiapas.

Fue entonces que poco a poco, cerca de un centenar de migrantes -en su mayoría de Haití, Cuba y Venezuela– con familias decidieron no permanecer en la plaza central y no salir en caravana este sábado por la mañana.

El migrante de Venezuela Eliezer Antonio de la Cruz, quien decidió entregarse de manera voluntaria, dijo que las autoridades les indicaron que les otorgaran un papel para poder seguir adelante y no para la deportación.

Hemos pasado mucho, ya no tenemos dinero ni para comer, nos han robado todo, hemos tratado de hacer esta travesía para poder ayudar a nuestras familias, confiamos en las palabras de migración, ellos nos dijeron que no nos van a deportar

Por otro lado, una mujer migrante de Venezuela identificada como Francis Méndez, quien viaja con sus dos niñas y su esposo, decidió entregarse porque buscan hacer las cosas bien y de manera legal, y comentó que cuentan con el trámite de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que les permite sacar el visado por razones humanitarias.

Mientras tanto, los migrantes que se quedaron en el parque aseguraron que “las gestiones de Migración no sirven”, porque los llevan a la estación migratoria y les dan un permiso solo para estar en la ciudad o para salir por la frontera sur, cuando ellos quieren seguir avanzado para llegar a Estados Unidos.

Chihuahua

Gobierno de Chihuahua firma convenio interinstitucional para fortalecer justicia y protección a mujeres

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.

El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.

Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.

Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.

Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

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