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México

“¡Váyanse o hablo a la policía!”, hijo de AMLO es descubierto en otra ‘casa gris’

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este miércoles que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidenteAndrés Manuel López Obrador, tiene como domicilio particular en México una casa en Coyoacán que es propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada, el periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio, que superan los 750 millones de pesos.

De acuerdo con MCCI, la historia de «La casa gris» se repite, pero ahora en México, esto luego de que en enero de 2022 también se dio a conocer una investigación que reveló que el hijo mayor de López Obrador ocupó en Houston, Texas, la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex.

Según la investigación, documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que fueron hackeados por el colectivo Guacamaya, reportan que José Ramón y su esposa Carolyn Adams han tenido su domicilio en la colonia Copilco Universidad y al igual que ocurrió con

, esta otra casa también está vinculada a un proveedor gubernamental.»Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró que la escritura pública de esa casa está a nombre de Guillermina Aurea Álvarez Cadena, quien en el directorio de La Jornada aparece como asistente de la directora general de ese periódico,Carmen Lira Saade, con quien el presidente López Obrador tiene un vínculo de compadrazgo», apunta la investigación.

De acuerdo con la investigación, José Ramón López Beltrán y su familia ocuparon esta propiedad durante su recuperación después de contraer COVID-19, aunque según los vecinos del inmueble desde diciembre de 2022 se realizó una mudanza de muebles nuevos.

Finalmente, MCCI apuntó que la empresa Desarrollo de Medios SA de CV (Demos, razón social de La Jornada) recibió en 2019, casi 200 millones de pesos, en contratos de publicidad gubernamental, de acuerdo con información oficial disponible en la plataforma de Compranet, casi el doble de lo que recibió en 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Es decir, en cuatro años de la actual administración federal se asignó un monto equivalente a más del doble de los seis años de Peña, siendo así, el periódico más favorecido por el sexenio de AMLO.

Apenas este martes, otra investigación elaborada por Latinus reveló que tres amigos de Andrés López Beltrán,

quien también es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, han obtenido contratos millonarios por parte de autoridades federales “a través de una red de empresas dirigidas por prestanombres y socios, las cuales operan bajo un esquema que simula competencia en concursos públicos y se esconden, en otros casos, en un sistema de subcontratación”.

En tanto, este miércoles, López Obrador presentó una carta diplomática que envió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para protestar por el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en México que son contrarias a su gobierno, entre esas organizaciones se encuentra Mexicanos Contra la Corrupción, organización que el presidente ha acusado de recibir financiamiento del exterior para desestabilizar a su gobierno.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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