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México

Mario Aburto, asesino de Colosio, saldrá libre en marzo del 2024

Un tribunal invalidó la sentencia de 45 años de cárcel de Mario Aburto, preso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Mario Aburto, preso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, será liberado a más tardar en marzo del 2024, informó el diario Reforma.

De acuerdo con el diario, esto ocurrirá debido a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca invalidó una condena de 45 años de cárcel de Aburto, por lo que deberán dictarle una nueva sentencia por homicidio.

«Y, de acuerdo con el fallo del propio tribunal, la sanción prevista en esa norma estatal (el Código Penal de Baja California) para este ilícito era de 16 a 30 años de prisión. Si lo sentencian a la pena máxima, Aburto tendrá compurgada su condena el 23 de marzo de 2024, ya que fue detenido el mismo día del magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana», explican los reporteros Abel Barajas y Víctor Fuentes

Por tanto, Aburto sería liberado en marzo del 2024, a 30 años del asesinato del candidato priista.
Caso Colosio fue reabierto en 2022

El 8 de julio del 2022, en un episodio más del asesinato del excandidato presidencial del PRI, ocurrido en marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, la Fiscalía General de la República (FGR) de México reabrió el caso.

Además, integró un equipo especial para investigar los hechos y, en su caso, retomar los procesos penales contra las personas vinculadas.

Como parte de la reapertura del caso, se solicitó a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, copia de las constancias de las quejas o denuncias impuestas por Mario Aburto, o de alguno de sus familiares, ante ese organismo.

Con información de Reforma y EFE

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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