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México

Carlos Slim y periodistas fueron espiados por Pegasus en gobierno EPN: Testigo

En julio de 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México.

Ciudad de México.- Empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea,dos de los hombres más ricos del país, y una decena de periodistas fueron espiados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) mediante el software Pegasus, según reveló un testigo protegido en el juicio contra el operador de esta herramienta.

De acuerdo con información del portal Aristegui Noticias, esto fue revelado durante el juicio contra Juan Carlos ‘N’, empleado de la empresa KBH Aplied Technologies Group, una red de empresas fantasma que se utilizó para comercializar en México el programa propiedad de la empresa israelí NSO Group.

Según el testigo identificado como ‘Zeus’, el jefe de la empresa, el israelí Uri Emmanuel Ansbacher, recibía instrucciones vía telefónica del entonces presidente Peña Nieto para espiar a personajes específicos.

En julio de 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta.

El testigo afirmó que en septiembre de 2015 recibió una USB a través del chofer de Ansbacher, pues debía enviar unos archivos contenidos en ella, sin embargo, al abrir “por accidente” uno de ellos encontró unos mil 500 registros de nombres de periodistas y políticos, los cuales eran objetivo de espionaje.

Entre los nombres, reveló, estaban los de Larrea, director ejecutivo de Grupo México, Slim presidente de Grupo Carso y el hombre más rico de México, y de periodistas como Carlos Loret de Mola, Jenaro Villamil, actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Carmen Aristegui.

De acuerdo con las declaraciones de ‘Zeus’, Juan Carlos ‘N’ también recibía órdenes del ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el ex titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz Gispert, también daban indicaciones al dueño de KBH para definir a los objetivos de la intervención de comunicaciones.

Juan Carlos ‘N’ fungió como director de Tecnología en la empresa Proyectos y Diseños VME, una de las compañías que vendió el software espía, sus licencias de uso y sus actualizaciones al extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen); a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la antigua Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía.

Los casos de espionaje han sido un escándalo en México, pues además de los revelados durante la administración de Peña Nieto, el grupo Guacamaya Leaks publicó en octubre del año pasado documentos que hackeó de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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