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Opinión

La gran división. Por Raúl Saucedo

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A quien creerle

En el tejido constitucional de una república democráticacomo lo es México, la división de poderes emerge como un pilar fundamental, un baluarte que resguarda la esencia misma de la democracia y protege los derechos y libertades de los ciudadanos. Este principio, originario de las enseñanzas de Montesquieu, se ha erigido como una salvaguardia crucial contra la tiranía y el abuso de autoridad.

La división de poderes implica la distribución de las funciones del gobierno en tres ramas independientes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de estos poderes opera con autonomía y controla al otro, formando un sistema de contrapesos que asegura que ningún componente del gobierno acumula demasiado poder.

El poder legislativo, encargado de la creación de leyes, representa la voz del pueblo. Este cuerpo colegiado debe ser independiente y capaz de ejercer su deber de fiscalización sobre las acciones del ejecutivo. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten así en principios cardinales que refuerzan la confianza ciudadana en sus representantes.

Por otro lado, el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, lleva a cabo las políticas públicas y administra el Estado. Sin embargo, su actuación se halla limitada por la supervisión del legislativo y la imparcialidad judicial. Este equilibrio evita la concentración excesiva de poder en manos de un solo individuo, previniendo desviaciones hacia la autocracia.

El poder judicial, la tercera columna, se erige como el guardián de la legalidad. Independiente y libre de presiones políticas, el sistema judicial garantiza que las leyes se interpretan y aplican de manera imparcial. Esta función crítica no solo impide la arbitrariedad, sino que también permite la corrección de posibles injusticias y la protección de los derechos individuales.

La importancia de esta división radica en su capacidad para preservar el sistema democrático frente a las amenazas internas y externas. En un mundo caracterizado por cambios vertiginosos, la estabilidad política se vuelve esencial, y la división de poderes actúa como un contrapeso ante cualquier intento de monopolización del poder.

En sociedades democráticas consolidadas, esta división también fortalece la capacidad de adaptación del sistema. Las diferentes ramas del gobierno, al operar de manera independiente, pueden reaccionar ágilmente a las demandas cambiantes de la sociedad. Esto asegura que la legislación evolucione de acuerdo con las necesidades y valores contemporáneos.

No obstante, la eficacia de la división de poderes depende de su preservación y respeto. La instrumentalización con finos partidistas o la erosión de la independencia judicial amenazan el equilibrio que tanto ha establecido. La sociedad debe permanecer vigilante y comprometida con la defensa de estos principios, reconociendo que la fortaleza de la democracia radica en la integridad de sus instituciones.

Todo este análisis de política básica de Montesquieu, no sé si es por mis recientes petit déjeuner con el inquilino Franco Mexicano que habita en mi casa o es parte de la danza política que vemos a través de las pantallas de la última semana, donde inician las precampañas del ejecutivo, los partidos postulantes están a horas de definir sus alianzas legislativas y los jurídicos se disputan los espacios locales y federales en el judicial.

La cuestión es La République está afianzada para los vaivenes futuros o tendremos episodios de vacíos de poder y protagonismos incipientes como los vividos en la Macroplaza.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

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Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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