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Opinión

La gran división. Por Raúl Saucedo

A quien creerle

En el tejido constitucional de una república democráticacomo lo es México, la división de poderes emerge como un pilar fundamental, un baluarte que resguarda la esencia misma de la democracia y protege los derechos y libertades de los ciudadanos. Este principio, originario de las enseñanzas de Montesquieu, se ha erigido como una salvaguardia crucial contra la tiranía y el abuso de autoridad.

La división de poderes implica la distribución de las funciones del gobierno en tres ramas independientes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de estos poderes opera con autonomía y controla al otro, formando un sistema de contrapesos que asegura que ningún componente del gobierno acumula demasiado poder.

El poder legislativo, encargado de la creación de leyes, representa la voz del pueblo. Este cuerpo colegiado debe ser independiente y capaz de ejercer su deber de fiscalización sobre las acciones del ejecutivo. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten así en principios cardinales que refuerzan la confianza ciudadana en sus representantes.

Por otro lado, el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, lleva a cabo las políticas públicas y administra el Estado. Sin embargo, su actuación se halla limitada por la supervisión del legislativo y la imparcialidad judicial. Este equilibrio evita la concentración excesiva de poder en manos de un solo individuo, previniendo desviaciones hacia la autocracia.

El poder judicial, la tercera columna, se erige como el guardián de la legalidad. Independiente y libre de presiones políticas, el sistema judicial garantiza que las leyes se interpretan y aplican de manera imparcial. Esta función crítica no solo impide la arbitrariedad, sino que también permite la corrección de posibles injusticias y la protección de los derechos individuales.

La importancia de esta división radica en su capacidad para preservar el sistema democrático frente a las amenazas internas y externas. En un mundo caracterizado por cambios vertiginosos, la estabilidad política se vuelve esencial, y la división de poderes actúa como un contrapeso ante cualquier intento de monopolización del poder.

En sociedades democráticas consolidadas, esta división también fortalece la capacidad de adaptación del sistema. Las diferentes ramas del gobierno, al operar de manera independiente, pueden reaccionar ágilmente a las demandas cambiantes de la sociedad. Esto asegura que la legislación evolucione de acuerdo con las necesidades y valores contemporáneos.

No obstante, la eficacia de la división de poderes depende de su preservación y respeto. La instrumentalización con finos partidistas o la erosión de la independencia judicial amenazan el equilibrio que tanto ha establecido. La sociedad debe permanecer vigilante y comprometida con la defensa de estos principios, reconociendo que la fortaleza de la democracia radica en la integridad de sus instituciones.

Todo este análisis de política básica de Montesquieu, no sé si es por mis recientes petit déjeuner con el inquilino Franco Mexicano que habita en mi casa o es parte de la danza política que vemos a través de las pantallas de la última semana, donde inician las precampañas del ejecutivo, los partidos postulantes están a horas de definir sus alianzas legislativas y los jurídicos se disputan los espacios locales y federales en el judicial.

La cuestión es La République está afianzada para los vaivenes futuros o tendremos episodios de vacíos de poder y protagonismos incipientes como los vividos en la Macroplaza.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?

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