Opinión

De la raíz al remedio. Por Itali Heide

Dentro de la diversidad de las comunidades mundiales, se despliega una dinámica única. Mientras que algunas comunidades indígenas protegen con vehemencia sus prácticas tradicionales, otras integran los avances médicos modernos en su tejido cultural.

Itali Heide

No todas las comunidades están abiertas a recibir ayuda médica, y en sí mismo eso es válido. Las comunidades indígenas de todo el mundo tratan de proteger su integridad, sus tradiciones, valores y costumbres, y a veces la medicina moderna no encaja en esa cosmovisión.

Sin embargo, muchas otras comunidades dan la bienvenida a la modernidad, aferrándose a la tradición al tiempo que buscan lo nuevo. Las plantas medicinales son bienvenidas, pero la medicación también hace de las suyas. Si bien los ritos y las oraciones pueden aportar paz a los que sufren, también pueden hacerlo las respuestas que proporciona la ciencia.

La coexistencia de prácticas curativas tradicionales con la medicina convencional es un testimonio de la adaptabilidad de los servicios de salud. Para eso se creó el sistema: para acoplarse a las necesidades de aquellos a quienes sirve. En el caso de las comunidades indígenas, los servicios de salud deben fomentar un entorno en el que la sabiduría ancestral y el conocimiento contemporáneo trabajen para crecer con las comunidades, no contra ellas.

Las montañas de la Mixteca Alta de Oaxaca albergan comunidades a caballo entre las cosmovisiones ancestrales y la modernidad globalizada. En muchas comunidades hay curanderos especializados en plantas medicinales (yucu-tana), partería (naa tatan), salud ósea (ñaatueyedi), quiropráctica (jiaxin), adivinos (teno conaduuco du bi), espiritistas (contiubí), chupadores (deneyu) y rezanderos (ra’anda kuatu).

Aun así, muchos recurren a las posibilidades de la medicina moderna. Lo que antes era imposible de alcanzar, ahora es posible gracias a jornadas médicas como las de Medical IMPACT, que llegan a los lugares más inaccesibles con un hospital móvil a cuestas. Aunque muchos reciben a las brigadas con los brazos abiertos, es importante respetar la resistencia.

La resistencia a la intervención moderna en algunas comunidades hunde sus raíces en un profundo deseo de salvaguardar su identidad. La intrusión de la medicina convencional puede suponer una amenaza para el delicado equilibrio entre las prácticas ancestrales y el mundo exterior, y no reconocer o respetar esta perspectiva nos empujaría a un territorio colonizador. La elección de abrazar o rechazar la modernidad es una expresión válida de autonomía cultural.

Por otra parte, muchas comunidades están abiertas tanto a las modalidades curativas tradicionales como a las modernas, reconociendo el papel único que ambas desempeñan. La medicina tradicional cura el alma donde la medicación no puede, mientras que la medicación cura las heridas que la tradición no ha podido curar.

¿Cómo se ve cuando coexisten? El rigor científico y los avances de la medicina moderna ofrecen diagnósticos precisos, tratamientos basados en pruebas e intervención farmacéutica. La medicina tradicional se basa en siglos de sabiduría acumulada, plantas medicinales, rituales culturales y prácticas holísticas. Una estrategia sanitaria integradora puede consistir en utilizar la medicina moderna para identificar con precisión las dolencias y, al mismo tiempo, recurrir a los remedios y la medicina tradicionales para curarlas.

Al ser testigos de la resistencia y adaptabilidad de estas comunidades, queda claro que la coexistencia de las prácticas curativas tradicionales y la medicina moderna puede ser armoniosa. El espíritu perdurable de muchas culturas sigue vivo con los ecos de los antepasados y las posibilidades de progreso, y el camino a seguir nos insta a reconocer la diversidad de los enfoques curativos y a cultivar un sistema sanitario integrador que aprenda del pasado, abrace el presente y mire hacia un futuro en el que la salud y la integridad cultural caminen de la mano.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.