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Opinión

El milenial. Por Raúl Saucedo

Desafíos y Respuestas en tiempos obscuros  

Ecuador se encuentra inmerso en una crisis de seguridad sin precedentes, el presidente milenian Daniel Noboa (1987) respondiendo con firmeza mediante una ofensiva militar y la declaración de un estado de emergencia de 60 días. La nación sudamericana ha sido sacudida por una serie de eventos violentos que van desde la interrupción de una transmisión de televisión en vivo hasta la toma de rehenes en cárceles, explosiones en varias ciudades y asesinatos selectivos, tales como fiscales.

El recrudecimiento de la violencia se atribuye a una combinación de factores, siendo la pandemia del COVID-19uno de los principales catalizadores. La crisis sanitaria no solo ha afectado la salud de la población, sino también la economía dolarizada de Ecuador, contribuyendo así al aumento de las muertes violentas, alcanzado cifras alarmantes de mas 8 mil muertos en el 2023, una cifra alarmarte para un país con de 18 Millones de personas.

La violencia política también ha cobrado vidas, destacándose el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado. El gobierno señala directamente al creciente poder de las bandas del narcotráfico como el origen de la desestabilización en vastas regiones de Sudamérica. Dentro de las cárceles ecuatorianas, estas bandas han encontrado un terreno propicio para expandir su influencia.

Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, ha emergido como un punto crítico, considerándose la más peligrosa del país, con sus puertos operando como centros neurálgicos para el tráfico de drogas. El presidente Noboa, quien asumió el cargo en noviembre del 2023, ha presentado el «Plan Fénix», destinado a fortalecer la seguridad mediante la creación de una nueva unidad de inteligencia, el suministro de armas tácticas a las fuerzas de seguridad, la construcción de prisiones de alta seguridad y un control militar estricto en puertos y aeropuertos, con un costo estimado de 800 millones de dólares, parte de los cuales será proporcionado por el gobierno de los Estados Unidos.

La explosión de violencia de este mes tiene sus raíces en la desaparición del líder de la banda Los Choneros, Adolfo Macías (Aliado de carteles mexicanos) de una prisión donde cumplía una condena de 34 años. Este incidente desencadenó una serie de eventos violentos, incluida la fuga de otros reclusos, toma de rehenes, asesinatos de policías y la irrupción armada en un estudio de televisión.

Frente a esta crisis, el presidente Noboa ha declarado un estado de emergencia, permitiendo patrullas militares, toques de queda nacionales y la identificación de bandas criminales como grupos terroristas. A pesar de obtener respaldo legislativo para sus medidas de seguridad, Noboa se enfrenta a desafíos políticos internos, ya que algunos cuestionan la efectividad y la dureza de sus acciones.

La figura de Daniel Noboa, el presidente más joven en la historia democrática de Ecuador, se presenta como un líder pragmático y de «mano dura». Su enfoque en la seguridad, plasmado en el «conflicto armado interno» y la catalogación de bandas criminales como terroristas, refleja su determinación para abordar el problema. El presidente ha buscado respaldo en la población a través de redes sociales, mostrando un estilo desenfadado y pragmático, alejado de la formalidad tradicional.

El futuro de Ecuador se encuentra en una encrucijada, con un presidente principiante en politica que enfrenta una prueba decisiva en su capacidad para restaurar la paz y la seguridad en medio de una situación tan compleja. La consulta popular planeada para abordar temas de seguridad será clave para medir el respaldo ciudadano a las acciones del gobierno y determinar el rumbo del país en los próximos meses.

La visión sudamericana de los presidentes milenians como en Chile, Ecuador y Honduras varían en el ejercicio de la política públicas, sin embargo en algunas regiones es imperativo el tener una agenda común, me pregunto a inicios de este 2024 si en México esta lista la generación milenian para asumir los retos y desafíos de la agenda local, porque hasta ahorita en el desfile de registros federales no hay posibilidades reales de perfiles que aglutinen el sentir de la mayoría de la pirámide poblacional y las que hay llegan a ser mas estridentes que capaces, tiempo al tiempo.

 

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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