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México

AMLO reprueba reportaje por desvío de recursos para pagar cancelación del NAIM: “Ahorramos muchísimo en mantenimiento”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó sobre la investigación que publicó Aristegui Noticias, donde revela como el gobierno actual ha desviado los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que se cobra a los viajeros del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), para pagar la cancelación del proyecto de Aeropuerto de Texcoco.

Durante la mañanera de hoy, el mandatario federal comentó que además de la consulta a la población, que fue el parteaguas para la cancelación de la obra, mencionó que no se cuentan con las condiciones idóneas en el terreno, pues dijo se tendría que dar mantenimiento constante, como ocurre en el AICM.

“Nada más les voy a dar un dato, el aeropuerto actual de la Ciudad de México no puede ser pavimentado con pavimento hidráulico, tienen que ser pavimentado las pistas, sólo pueden resistir emulsión asfáltica por los hundimientos, hay que estar bacheando constantemente”, explicó para defender la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

AMLO defiende AIFA y califica Texcoco como 'fango' | Aristegui Noticias
El área del lago es de 14 mil hectáreas y tendrá cuerpos de agua canchas y más atractivos. Foto: Conagua

En tanto, mencionó que el proyecto que comenzó en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, estaba planeado para realizarse en el Lago de Texcoco, en donde la superficie “son 30 metros de fango”.

“Ahorramos muchísimo, imagínense lo que nos iba a costar nada más de mantenimiento ese nuevo aeropuerto y estaríamos todavía en construcción, estimaban 300 mil millones de pesos, pagamos 100 mil a contratistas a contratistas del Aeropuerto Felipe Ángeles que es de primera, representó una inversión de 70 – 75 mil millones”, especificó el presidente sobre las desventajas de haber seguido con el proyecto en Texcoco.

Gobierno de AMLO desvía TUA para pagar multimillonaria deuda

Será hasta el 2048 cuando los mexicanos terminen de pagar la deuda que generó la cancelación de la magna obra que inició durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo, con Aristegui Noticias, los viajeros del AICM han pagado el déficit que suma los 196 mil 350 millones de pesos.

Foto: Infobae MéxicoFoto: Infobae México

Al cierre de 2023, el AICM habría cedido 47 mil millones de pesos para pagar “una deuda que solicitó otro concesionario y una cancelación que decidió el Titular del Ejecutivo”, estima el portal citado.

Incluso, de acuerdo con especialistas consultados por Aristegui Noticias, los servidores públicos que conforman el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) podrían ser juzgados por compromete la TUA del AICM para el pago de la deuda del aeropuerto cancelado, en lugar de usarlo para mejorar a la base aérea más importante del país.

“A ojos de Rogelio Rodríguez, abogado constitucionalista y experto en derecho aeronáutico, el uso de la TUA para el pago de la deuda del NAIM engloba las características para ser investigado por el delito de peculado previsto en el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, se lee en la investigación realizada por Regina Diez.

fuente:Infobae

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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