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Opinión

La polémica. Por Raúl Saucedo

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Debates culturales y cosas peores

La decisión del 6 de diciembre de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revocar la suspensión de las corridas de toros en la Plaza México ha reavivado el polarizado debate entre defensores de la tradición taurina y activistas por los derechos de los animales. La disputa se da en un contexto donde algunos estados mexicanos ya han prohibido estas prácticas, mientras que otros luchan por mantener vivo un rito arraigado.

La SCJN, al desestimar el amparo que buscaba la prohibición de las corridas, plantea interrogantes sobre la legitimidad de algunas organizaciones para obtener la suspensión, señalando que la protección del medio ambiente no representa un daño irreparable. Sin embargo, esta decisión ha desatado críticas, especialmente desde el ámbito animalista, argumentando que se trata de un retroceso en la defensa de los derechos de los animales.

Las corridas de toros son parte de una basta tradición cultural en México, pero ¿hasta qué punto la cultura y la tradición deben justificar prácticas que involucran el sufrimiento animal? La Ministra Yasmín Esquivel, promotora de la decisión, ha sido objeto de críticas por presuntamente anteponer sus gustos personales sobre la tauromaquia. Este señalamiento subraya la importancia de desligar las decisiones judiciales de preferencias individuales para garantizar un enfoque imparcial.

Por un lado, los defensores de las corridas argumentan que la prohibición no debería imponerse basándose en los gustos de una minoría y que la industria taurina genera empleos rurales, industriales y de servicio, no obstante, esta postura choca con la creciente conciencia social sobre el trato ético a los animales y la evolución de las leyes que buscan protegerlos.

México, con solo cuatro estados de los 32 prohíben las corridas de toros, refleja la diversidad de opiniones sobre esta práctica. La discusión sobre su prohibición debería ser un diálogo nacional que respete la diversidad. La sociedad debe decidir sobre esta práctica que ha sobrevivido a través de los siglos y el Congreso debería retomar la iniciativa para legislar sobre este tema.

En última instancia, más allá de las decisiones judiciales, la evolución de la sociedad y la conciencia colectiva determinarán el futuro de las corridas de toros en México. La historia juzgará si esta práctica se mantuvo como un vestigio cultural arraigado o si cedió ante una exigencia respeto para todas las formas de vida.

Abordar estos temas social y jurídicamente debería de poner en tela de escrutinio filosófico la violencia selectiva de la humanidad, donde podremos analizar a través de la historia y en la actualidad los escenarios donde la muerte, la sangre y el sadismo son bien vistos y en donde no, ahí quizá muchos se sorprenderían conforme a su manera de ver la tauromaquia.

Si usted apreciable lector llego hasta este punto de la columna sin tener un juicio previo de ella quiere decir que quizá usted no es un fanático de una bandera u otra dentro de este circo romano del siglo XXI.

Yo por mi parte me despido porque tengo una cita a un funeral el domingo 28 de enero en punto de las 4:30 pm, donde no se quien morirá a ciencia cierta, pero sé que habrá un festín de paellas, vino tinto y labios carmesí que combinaran con el ruedo, todo esto mientras un paso doble de fondo me recordara mi estancia en Granada y a la casa del abuelo…. y así con la libertad como mérito propio celebrare mi estancia terrenal un año más.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

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Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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