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La Reforma. Por Raúl Saucedo

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El Desafío e Implicaciones Electorales

Una anhelada reforma judicial desde hace años ha sidopropuesta y ha llegado al Congreso Federal, marcando un hito en la agenda legislativa y desatando un intenso debate en la esfera política mexicana. La iniciativa, liderada por elEjecutivo Federal, busca una transformación en la judicatura federal, proponiendo la remoción de los actuales miembros y su reemplazo por nuevos jueces elegidos mediante voto popular.

La propuesta legislativa, presentada en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917, abarca una serie de cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre las medidas más notorias se encuentra la elección popular de cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. La primera elección para estos cargos se llevaría a cabo en junio de 2025.

Sin embargo, la materialización de esta reforma enfrenta desafíos considerables, ya que requiere el apoyo de la oposición en el Congreso, algo que se vislumbra complicadodado el contexto electoral de este año (¿o no?). A pesar de ello, la agenda política podría beneficiarse al mantener en la campo el tema de los jueces, a quienes se les señala por algunos actores  de diferentes situaciones personales y políticas.

La propuesta también incluye cambios sustanciales en el Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura. La eliminación de las dos salas del Supremo, la restricción de las suspensiones de normas generales y la reducción de la Suprema Corte a nueve ministros son medidas adicionales que buscan reconfigurar el sistema judicial.

La reducción de la Corte y el proceso de selección de ministros también se encuentran entre las modificaciones más destacadas. La propuesta establece que el Ejecutivo, el Supremo y el Congreso presentarán listas de candidatos, y los nuevos ministros tendrán periodos de 8, 12 y 14 años según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.

Un punto controversial es la pérdida de beneficios para los ministros salientes, quienes no recibirán «haber por retiro», una prestación por encima de la ley que incluye una pensión vitalicia. Además, se establecen requisitos estrictos para los candidatos a ministros, como tener un título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales.

La propuesta también aborda la fiscalización de los procesos electorales judiciales, con la participación del INE y la revisión de impugnaciones por parte del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, dependiendo del cargo en disputa.

Finalmente, la iniciativa busca una equiparación salarial entre el presidente y los jueces federales, imponiendo ajustes salariales y prohibiendo a los jueces salientes litigar asuntos ante el Poder Judicial durante los dos años siguientes.

Aquí el cuestionamiento apreciable lector es si usted considera que actualmente esta reforma beneficiaria al sistema político mexicano, en miras de lo vivido en diferentes sexenios y sobre todo con la “cultura participativa y democrática” que tiene el país, en lo personal creo que una reforma de tal envergadura necesita cimientos democráticos en su población mas arraigados. La agenda política, esta en Marcha…

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

 

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Fotografías. Por Raúl Saucedo

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Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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