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Anuncia EU acciones legales contra red financiera de «El Azul»

Washington.- Estados Unidos amplió hoy su embestida legal en contra de la red financiera de Juan José Esparragoza Moreno, alias «El Azul», líder del cártel de Sinaloa.

Como resultado de ello dos empresas propiedad de la esposa de Esparragosa Moreno fueron incorporadas a la lista de negocios asociados al presunto narcotraficante que son ahora blanco de acciones de decomiso, aseguramiento y bloqueo financiero.

Además, tres personas asociadas a la red financiera de «El Azul» fueron designados como «significativos narcotraficantes extranjeros» al amparo de la llamada Ley Kingping.

Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), dijo que el anuncio viene a desestabilizar más las operaciones financieras del narcotraficante.

Recordó que desde julio OFAC ha expuesto numerosas entidades en la red corporativa de Esparrogoza Moreno, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

«Conforme continuamos atacando a su organización, esperamos poder afectar seriamente sus operaciones», apuntó Szubin en un comunicado.

De acuerdo con la dependencia, la inmobiliaria «Desarrollos Everest S.A. de C.V.», con sede en Culiacán, fue incluida en esta lista por estar registrada como propiedad de María Guadalupe Gastelum Payán, esposa de Esparragosa Moreno.

En julio pasado, la mujer fue incluida en la lista de narcotraficantes «significativos» junto con sus cuatro hijos.

El otro negocio identificado por las autoridades estadunidenses es el complejo habitacional «Residencial del Lago», también ubicado en Culiacán, el cual está controlado por «Desarrollos Everest».

La OFAC designó como narcotraficantes a Jorge Enrique Esquerra Esquer, Julio César Estrada Gutiérrez y Carlos Alberto León Santiesteban.

Tanto Esquerra Esquer como Estrada Gutiérrez tuvieron un importante papel en las empresas Grupo Cinjab, S.A. de C.V. y Grupo Impergoza, S.A. de C.V., ambos asociados a la red financiera de «El Azul».

Por su parte, León Santiesteban actúa como representante de varias gasolineras que han sido asociadas a Esparrogosa Moreno o personas cercanas a su círculo de colaboradores.

Notimex

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Muere Alberto Fujimori, expresidente de Perú

lberto Fujimori, expresidente de Perú, murió a los 86 años este jueves 11 de septiembre, luego de una lucha contra el cáncer que duró años.

La familia del exmandatario condenado y señalado de abusos contra los Derechos Humanos fue quien informó la muerte a través de las redes sociales de su hija, Keiko Fujimori.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, externó Keiko Fujimori, excandidata a la Presidencia de Perú.

Minutos antes, el abogado de Fujimori, Elio Riera, se adelantó a la familia y escribió su propia despedida al exmandatario en la red social X.”Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia”, expresó Riera, que lo representaba en un nuevo juicio oral por la matanza de Pativilca perpetrada en 1992.

Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo”, agregó el letrado.

Alberto Fujimori quería buscar nuevamente la Presidencia de Perú en 2026 a pesar de su condición de salud.

¿Quién fue Alberto Fujimori?

Nacido el 26 de junio de 1938 en Lima, Perú, Alberto Fujimori fue presidente de dicho país entre 1990 y el 2000.

El primer hijo de japoneses en llegar a ser jefe de Estado de otro país en el mundo por voluntad popular fue elegido tres veces como presidente de Perú desde 1990 a 2000. Fujimori pasó sus últimos meses de vida en libertad al beneficiarse de un indulto humanitario que permitió su excarcelaciónen diciembre de 2023 tras pasar 15 años en prisión con cargos por asesinato.

Durante sus mandatos —el último de ellos de menos de un año— aplicó duras medida de ajuste económico, pero mantuvo altos niveles de popularidad. Sin embargo, en el año 2000, tras fuertes cuestionamientos internacionales por abusos a los derechos humanos, huyó a Japón y renunció por fax.

Después, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión, en 2009, con cargos por asesinato que lo señalaban como responsable de la creación y financiación en su gobierno de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas —entre universitarios y vecinos de un barrio de la capital, incluido un niño— a quienes consideraron exguerrilleros de Sendero Luminoso.

Su ascenso rápido al poder ocurrió en medio de la ruina económica en la que se encontraba Perú en julio de 1990, al término de los cinco años de gobierno de su antecesor Alan García. En agosto de ese añola inflación mensual llegó a 397 por cientoy el país soportaba una década de sangriento conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

“Enfrentó al terrorismo, controló la hiperinflación y hasta el momento se sigue su línea económica para bien o para mal”, dijo a The Associated Press Yusuke Murakami, profesor de ciencia política en la Universidad de Kyoto y experto en Fujimori.

Decepcionados de los partidos políticos que no acabaron con el caos que se vivía, los peruanos eligieron como presidente en 1990 al ingeniero agrónomo Fujimori, quien entonces era un desconocido profesor de matemáticas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Venció en segunda vuelta al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Le decían “el Chino” por sus ojos rasgados y su tez morena, que lo acercaban a la mayoritaria población de Perú: los mestizos e indígenas.

Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

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