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Anuncia EU acciones legales contra red financiera de «El Azul»

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Washington.- Estados Unidos amplió hoy su embestida legal en contra de la red financiera de Juan José Esparragoza Moreno, alias «El Azul», líder del cártel de Sinaloa.

Como resultado de ello dos empresas propiedad de la esposa de Esparragosa Moreno fueron incorporadas a la lista de negocios asociados al presunto narcotraficante que son ahora blanco de acciones de decomiso, aseguramiento y bloqueo financiero.

Además, tres personas asociadas a la red financiera de «El Azul» fueron designados como «significativos narcotraficantes extranjeros» al amparo de la llamada Ley Kingping.

Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), dijo que el anuncio viene a desestabilizar más las operaciones financieras del narcotraficante.

Recordó que desde julio OFAC ha expuesto numerosas entidades en la red corporativa de Esparrogoza Moreno, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

«Conforme continuamos atacando a su organización, esperamos poder afectar seriamente sus operaciones», apuntó Szubin en un comunicado.

De acuerdo con la dependencia, la inmobiliaria «Desarrollos Everest S.A. de C.V.», con sede en Culiacán, fue incluida en esta lista por estar registrada como propiedad de María Guadalupe Gastelum Payán, esposa de Esparragosa Moreno.

En julio pasado, la mujer fue incluida en la lista de narcotraficantes «significativos» junto con sus cuatro hijos.

El otro negocio identificado por las autoridades estadunidenses es el complejo habitacional «Residencial del Lago», también ubicado en Culiacán, el cual está controlado por «Desarrollos Everest».

La OFAC designó como narcotraficantes a Jorge Enrique Esquerra Esquer, Julio César Estrada Gutiérrez y Carlos Alberto León Santiesteban.

Tanto Esquerra Esquer como Estrada Gutiérrez tuvieron un importante papel en las empresas Grupo Cinjab, S.A. de C.V. y Grupo Impergoza, S.A. de C.V., ambos asociados a la red financiera de «El Azul».

Por su parte, León Santiesteban actúa como representante de varias gasolineras que han sido asociadas a Esparrogosa Moreno o personas cercanas a su círculo de colaboradores.

Notimex

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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