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Opinión

No face. Por Raúl Saucedo

LA PROPUESTA

Dentro de la turbulencia mediática y jurídica de los últimos días dentro del sistema político mexicano, el pasado lunes se planteó en la propuesta de reforma judicial la figura de los jueces sin rostro. Esta medida busca proteger la integridad de los jueces que manejan casos de alta peligrosidad, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, al mantener su identidad en secreto.

Los orígenes de los jueces sin rostro son en Europa, específicamente en Italia durante la década de los 80´s, en medio del combate contra la mafia de ese país.Posteriormente, esta práctica se extendió a países de América como Colombia y Perú en las décadas de los 90´s, donde los jueces enfrentaban amenazas y atentados por parte de grupos terroristas y narcotraficantes. La idea general detrás de esta figura es relativamente sencilla: proteger a los jueces de represalias al ocultar su identidad. No obstante, la implementación de esta medida es controvertida, ya que puede comprometer los derechos al debido proceso y a un juicio justo, al dificultar la identificación de posibles conflictos de interés o prejuicios por parte de los juzgadores.

En México, la propuesta de integrar jueces sin rostro surge en un contexto donde el planteamiento de reforma al Poder Judicial está relacionado con el contexto político actual, donde la reforma judicial ha sido vista por propios y extraños como parte de un proceso más amplio de reacomodo sistémico de México. A esto se suman las protestas de trabajadores del sector judicial, quienes temen que la reforma no solo afecte la estabilidad de los jueces, sino que también pueda comprometer los derechos laborales y la operatividad de los tribunales.

Las experiencias internacionales han demostrado que la implementación de jueces sin rostro puede conllevar en algunos casos desafíos legales y éticos. En Colombia, por ejemplo, los jueces sin rostro fueron eliminados después de varias décadas debido a los abusos y la falta de garantías procesales que conllevaban. En Italia, aunque esta práctica fue efectiva inicialmente, también fue objeto de críticas por violar principios fundamentales del derecho a un juicio justo. En todos los casos, la opacidad judicial y la falta de supervisión fueron los principales puntos de discordia.

La incorporación de jueces sin rostro en México plantea un dilema complejo: ¿cómo equilibrar la necesidad de proteger a los jueces en un contexto de violencia nacional, con la obligación de mantener un sistema judicial transparente y justo? La historia ha demostrado que, aunque los jueces sin rostro pueden ser una herramienta útil en la lucha contra el crimen organizado, su implementación debe ir acompañada de salvaguardas robustas para evitar abusos y proteger los derechos de los acusados.

Para que esta figura funcione en México, sería crucial establecer mecanismos de supervisión independientes y garantizar que la identidad oculta de los jueces no se convierta en una barrera para la justicia. Asimismo, es indispensable que la sociedad civil, los expertos legales y los organismos internacionales participen en el debate sobre cómo implementar esta medida sin sacrificar los principios democráticos que rigen al Poder Judicial.

A partir del primero de septiembre el Poder Legislativo en este país tendrá nuevos inquilinos y por lo tanto nuevas dinámicas políticas, el planteamiento de la incorporación de esta figura legal en la eventual reforma jurídica en la próxima legislatura estará en la mesa de aquellos que la quieran ver, aunque al parecer es evidente que el centro mediático y político está en la participación ciudadana solamente.

Me despido apreciable lector que la información política está a la orden del día y para algunos la verdadera casa de los famosos inicia este domingo y no queremos perder detalle…

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

Opinión

La hora más vulnerable de Nicolás Maduro. Por Caleb Ordóñez T.

Imagina el Caribe venezolano en plena calma, sus aguas azules extendiéndose hasta donde la vista alcanza. Ahora rompe esa postal idílica con la silueta gris de tres destructores estadounidenses que avanzan hacia la región con radares encendidos y misiles listos. No es un ejercicio rutinario: es un mensaje directo al Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro, el hombre que ha resistido sanciones, aislamiento internacional, protestas internas y hasta un intento fallido de magnicidio, vuelve a sentir el peso de Washington sobre su espalda. Y esta vez, el juego luce más peligroso que nunca.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordoñez Talavera

La Casa Blanca, en voz del propio Donald Trump, elevó la apuesta a un nivel sin precedentes: una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, sumada a un caso penal por narcoterrorismo que ya lo persigue desde hace años. Al mismo tiempo, envía barcos de guerra bajo la bandera de “operaciones antinarcóticos”. La mezcla es explosiva: derecho internacional, despliegue militar y política interna estadounidense se encuentran en un mismo tablero.

La figura de Maduro, que durante más de una década se ha aferrado al poder en medio de un país en crisis, se convierte así en el centro de una trama que recuerda a las novelas de espionaje y guerra fría. El lenguaje de Washington es claro: no basta con sancionar, ahora hay que demostrar músculo militar y judicial. Pero ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar?

¿Derrocamiento real o un juego electoral?

¿Realmente buscan derrocarlo? La respuesta no es sencilla. Arrestar a un jefe de Estado en funciones sería un acto de guerra abierto, con consecuencias imprevisibles. El precedente de Manuel Noriega en Panamá en 1989 ronda inevitablemente la conversación: entonces, Estados Unidos invadió y lo capturó, exhibiéndolo ante el mundo como trofeo de justicia. Sin embargo, Venezuela no es Panamá. Es un país con más del doble de territorio, con una geografía selvática y montañosa que complica cualquier incursión, y con una red de alianzas internacionales que vuelven inviable una operación militar semejante.

Lo que persigue Washington no es tanto entrar a Caracas con marines, sino aumentar el costo de cada movimiento de Maduro, cerrar los espacios de maniobra de sus aliados y, sobre todo, mandar un mensaje claro a quienes lo rodean: quedarse con él puede salir muy caro. La recompensa multimillonaria y el despliegue naval apuntan más a erosionar la confianza dentro de la cúpula chavista que a preparar una invasión.

La vulnerabilidad del régimen es evidente. Aunque Caracas presume haber activado más de cuatro millones de milicianos como respuesta al avance de los buques estadounidenses, la realidad muestra otra cara: una economía raquítica que apenas produce alrededor de 900 mil barriles diarios de petróleo, cuando alguna vez fue un gigante de 3 millones. Las exportaciones, aunque sostenidas por compradores en Asia y licencias limitadas otorgadas a Chevron en Estados Unidos, no alcanzan para sostener a un país colapsado.

El éxodo es la prueba más clara del fracaso. Casi ocho millones de venezolanos han abandonado el territorio en la última década. Familias enteras se han dispersado por Colombia, Perú, Chile, México y Estados Unidos, formando la mayor diáspora del continente. Esa fuga no solo refleja la crisis interna, también genera presión internacional: los países receptores exigen soluciones, y la paciencia se agota.

Los aliados que sostienen a Maduro

Y sin embargo, Maduro sigue ahí. Su fuerza descansa en un triángulo que ha sabido consolidar: control férreo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia; oxígeno económico de potencias aliadas; y un discurso de resistencia que vende al chavismo como la última trinchera contra el “imperialismo”.

Rusia lo respalda con asesoría militar y acuerdos estratégicos, presentándose como un socio confiable en tiempos de aislamiento. China, aunque más cautelosa, ha preferido mantener acuerdos productivos, reestructurar deudas y participar en proyectos de infraestructura, sin abrir la chequera como antes. Irán se ha convertido en socio energético clave, suministrando condensado y recibiendo crudo a cambio, mientras Turquía y Emiratos Árabes se han vuelto canales de comercio de oro y divisas. Cuba, por su parte, sigue siendo la columna vertebral del aparato de seguridad, con asesores que se mueven como sombra alrededor de Miraflores.

Pero quizás lo más delicado para Estados Unidos es que el tablero regional no es uniforme. Brasil y Colombia, dos gigantes sudamericanos, prefieren evitar un estallido armado. Ninguno de los dos gobiernos quiere tropas norteamericanas operando en su vecindario, porque entienden que una chispa en Caracas puede incendiar toda Sudamérica. Optan por la diplomacia, la contención y la presión por elecciones creíbles, pero rechazan cualquier escenario de intervención directa.

En esta misma línea se mueven actores europeos, que apuestan por negociaciones y transiciones pactadas. Pero a cada intento de mediación se impone la desconfianza: la oposición acusa al chavismo de manipular acuerdos, mientras Miraflores denuncia conspiraciones extranjeras. La consecuencia es un estancamiento crónico, donde el único beneficiado es Maduro, maestro en alargar los tiempos y sobrevivir a cada ola de presión.

Tres futuros posibles

¿Qué pasaría si cae? Tres escenarios se abren paso.

El primero sería una transición pactada: amnistías parciales, elecciones supervisadas y reincorporación de Venezuela a la economía global. Sería el camino menos traumático, el más ordenado para contener la crisis humanitaria y el éxodo migratorio. Pero también es el más improbable en el corto plazo: el chavismo no quiere soltar el poder sin garantías, y la oposición teme pactar con quienes han sido responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El segundo escenario es un quiebre interno. Sectores militares o figuras del chavismo podrían empujar la salida de Maduro para preservar la estructura del régimen, ofreciendo apenas un cambio de fachada. Una jugada pragmática: “sacrificar” al líder para salvar el sistema. Este escenario gana fuerza conforme aumenta la presión estadounidense y se multiplican las sanciones, pero requiere un acuerdo silencioso entre facciones que hoy desconfían unas de otras.

El tercero, el más temido, es el del colapso abrupto. Una caída desordenada del régimen que detone violencia en las calles, un nuevo éxodo masivo y un impacto directo en los mercados petroleros. El precio del crudo podría dispararse, golpeando economías ya frágiles y empujando a Estados Unidos y a la Unión Europea a tomar decisiones desesperadas.

Por ahora, Maduro parece sostenerse más por la fatiga del mundo que por la fuerza real de su régimen. Washington juega al filo: aprieta con sanciones, despliega poder naval, ofrece recompensas millonarias, pero al mismo tiempo reabre discretamente la puerta al petróleo venezolano para no desestabilizar los precios. Es el clásico palo y zanahoria: aislar al caudillo, pero evitar que su caída provoque un terremoto energético global.

El dilema central es si esta nueva ofensiva norteamericana es un auténtico plan para desplazarlo o un movimiento electoral más de Trump, que busca mostrar firmeza ante la diáspora venezolana en Florida y ante un electorado que aplaude los gestos de mano dura. Lo cierto es que, aunque la narrativa se vista de “guerra contra los carteles”, el objetivo final sigue siendo el mismo: debilitar al hombre que convirtió a Venezuela en un enclave incómodo en el hemisferio.

México entre la prudencia y la diplomacia

En este ajedrez geopolítico, México ocupa un rol peculiar. Históricamente ha defendido el principio de no intervención y el respeto a la soberanía, pero también ha sido anfitrión de negociaciones entre la oposición y el chavismo. Hoy, el gobierno mexicano se mueve entre dos aguas: por un lado, condena cualquier acción militar extranjera en la región; por el otro, mantiene canales diplomáticos abiertos para no quedar aislado de la comunidad internacional que exige elecciones transparentes.

México ha mostrado disposición para servir como mediador, buscando posicionarse como un “puente” entre Washington y Caracas. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Si se acerca demasiado a Maduro, arriesga tensiones con su principal socio comercial: Estados Unidos. Si se alinea demasiado a Washington, rompe con la tradición diplomática mexicana que desde la Doctrina Estrada ha evitado avalar intervenciones. Además, hay factores internos: México ya enfrenta su propia presión migratoria con miles de venezolanos que cruzan la frontera rumbo a Estados Unidos. Su interés humanitario y estratégico es contener la crisis antes de que se convierta en un problema mayor en sus propias fronteras.

En este sentido, México podría jugar un papel crucial si se abre un proceso de negociación real. Sería anfitrión natural de una mesa de diálogo, pero siempre desde una posición frágil: la de un país que intenta mantener su voz regional sin romper la delicada relación con Washington.

El Caribe venezolano ya no es la postal tranquila que imaginamos al inicio. Es un tablero en tensión, donde cada movimiento puede desatar un efecto dominó regional. Y allí, entre el rugido de los destructores y la resistencia de un régimen acorralado, se juega no solo el futuro de Nicolás Maduro, sino también la estabilidad de buena parte del continente.

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