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México

Sheinbaum y gobernadores firman acuerdo nacional por el derecho humano al agua

Gobernadores, distritos y unidades de riesgo e industriales firmaron el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua a través del cual se comprometieron a una serie de acciones para una mejor gestión del agua.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, enumeró las 10 acciones principales del acuerdo que se enmarca en el Plan Nacional Hídrico.

Este acuerdo ya ha dado los primeros resultados, los distritos y unidades de riesgo se comprometen a la devolución de más de 2 mil 800 millones de metros cúbicos. Esto, para ponerlo en contexto equivale a tres años de consumo completos en la Ciudad de México”, indicó.

Las empresas del sector industrial, agregó, se comprometieron a devolver de manera voluntaria 126 millones de metros cúbicos de agua y a realizar inversiones de más de 21 millones de pesos para eficientizar, tratar y reusar el agua en sus procesos, así como con obras de carácter comunitario.

Plan Hídrico de Sheinbaum incluye 7 mil mdp para Sistema de Presas en Hermosillo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardoexplicó que con el acuerdo se pondrá orden en las concesiones de agua, así como se echará andar un plan para el riego eficiente en el País.

Que tengamos un solo registro, que sean legales, que concuerde con lo que estamos utilizando, que no haya concesiones guardadas, ese es un acuerdo entre todas y todos, los cambios jurídicos que deriven de ello, tiene que ser en un acuerdo integral”, indicó.

La mandataria destacó que parte del acuerdo, es ponerse de acuerdo con los empresarios del País para que se cumplan las normas.

Un plan maestro por cada entidad de la república, que sea parte del Plan Nacional, que los municipios, estados y gobierno federal tengamos un plan para los próximos años; un plan de obras estratégicas que permitan que los recursos federales, estatales se puedan combinar para atender aquellas obras estrategicas”, explicó.

Los 10 puntos del acuerdo

1.- Garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficientes.

2.- Eficientar el uso del agua en las actividades industriales, agrícolas y pecuarias.

3.- En el marco del Plan Nacional Hídrico que todos los niveles de gobierno se comprometan a invertir de manera conjunta.

4.- Colaborar entre el sector público, privado y social.

5.- Realizar una gestión eficaz en materia de concesiones.

6.- Impulsar un programa de digitalización de trámites para evitar la corrupción.

7.- Impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento y reutilización del agua.

8.- Llevar a cabo medidas de mitigación frente a los impactos del cambio climático.

9.- Evitar la contaminación de nuestras cuencas, ríos y mares.

10.- Implementar una campaña permanente de concientización de ahorro.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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