Opinión

Conversaciones. Por Raúl Saucedo

ECOS SEMANALES

En un café parisino, con aroma a Espressos bien hechos y croissants calientes, dos figuras emblemáticas de la Filosofía Política se reúnen para discutir un tema que, aunque ajeno a su época, les resulta fascinante: la libertad de expresión en la era digital. Montesquieu, el pensador de la separación de poderes, y Rousseau, el defensor de la voluntad general, se enfrascan en un animado debate sobre las redes sociales, sus virtudes, sus peligros y su impacto en la democracia.
-«Estimado Rousseau,»- comienza Montesquieu, con su habitual tono reflexivo, «observo con asombro este fenómeno llamado ‘redes sociales’. Millones de personas conectadas, compartiendo ideas y opiniones de forma instantánea. Es como una plaza pública global, donde la información fluye sin control.»
Rousseau, con su pasión característica, responde: -«En efecto, mi querido amigo. Es la materialización del ideal de una sociedad donde todos tienen voz. El pueblo puede expresarse sin intermediarios, sin censura. Es una herramienta poderosa para la democracia.»-
Montesquieu, sin embargo, no puede evitar mostrar cierta preocupación: -«Pero ¿qué hay del control? ¿Quién modera este espacio? La libertad sin límites puede ser caótica, incluso peligrosa. Las ‘fake news’, la difamación, el discurso de odio… son amenazas reales que debemos considerar.»-
Rousseau, con su fe inquebrantable en la bondad humana, replica: -«Confío en la capacidad del pueblo para discernir la verdad. La libre circulación de ideas, incluso las erróneas, es fundamental para el progreso. El debate, la confrontación de argumentos, nos permite acercarnos a la verdad.»-
Montesquieu, con su pragmatismo, insiste: -«No podemos ser ingenuos. Las redes sociales pueden ser manipuladas, utilizadas para difundir propaganda, para controlar la opinión pública. Es necesario un marco legal que proteja la libertad de expresión, pero que también establezca límites para evitar abusos.»-
Rousseau, con su idealismo, responde: -«La ley no debe ser un instrumento de censura. La libertad de expresión es un derecho fundamental, y cualquier restricción debe ser cuidadosamente justificada. Confío en la capacidad de la sociedad para autorregularse, para crear mecanismos de control que eviten los excesos.»-
El debate se intensifica, abordando temas como la privacidad, la censura, el poder de las grandes empresas tecnológicas. Montesquieu, con su visión liberal, defiende la necesidad de un Estado que garantice la libertad de expresión, pero que también proteja a los ciudadanos de los abusos. Rousseau, con su énfasis en la voluntad popular, aboga por una mayor

participación ciudadana en la gestión de las redes sociales, para que sean un espacio verdaderamente democrático.
«Las redes sociales son un reflejo de la sociedad,» concluye Montesquieu. «Si queremos que sean un espacio de libertad y democracia, debemos trabajar para construir una sociedad más justa, más tolerante, más responsable.»
Rousseau, con una mirada esperanzada, añade: «Las redes sociales tienen el potencial de unir a la humanidad, de promover el entendimiento mutuo, de construir un mundo mejor. Depende de nosotros utilizarlas de forma responsable, para que sean una herramienta de progreso y no de destrucción.»
La discusión entre Montesquieu y Rousseau se prolonga dando espacio a las copas de vino dejando una serie de preguntas abiertas mientras cae la noche. La libertad de expresión en las redes sociales es un tema complejo, que requiere un equilibrio entre la libertad individual y el bien común.
Se puede preguntar apreciable lector el porqué del tema y de los personajes del café, pero es que en la última semana a mi tierra natal he notado la desfachatez de la inquisición de las redes sociales conforme a temas que siendo sociales se deberían de haber traslado al ruedo de la esperanza y debatirlos con los interesados, las conclusiones sin lugar a dudas deberían de haber sido de interés para los franceses.
Pero en el país bárbaro hay de conversaciones a conversaciones como las de la plaza digital y las que se toman en una barra de granito negro con un pino de navidad sin armar de testigo…
@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.