Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

Opinión

¿Qué rayos pasa en el IMSS? Por Caleb Ordóñez T.

Imagina que llevas veinte años trabajando en un hospital. Has pasado Navidades lejos de tu familia, cumpleaños atendiendo emergencias y noches enteras intentando salvar vidas. Cada quincena aportas a un sindicato que existe, en teoría, para defenderte. Un día te anuncian un aumento salarial. Tú y tus compañeros lo rechazan en una consulta y obligan a la dirigencia a volver a negociar.

La segunda oferta llega mejorada. Los representantes anuncian que el asunto está cerrado. Pero tú tienes una pregunta, quizá la más sencilla de todas: si pude votar contra la primera oferta, ¿por qué no puedo votar sobre la segunda?

Esa pregunta explica el conflicto en el IMSS mejor que cualquier porcentaje.

El aumento que nadie volvió a votar

El sindicato había aprobado una propuesta de incremento global de 6.8%, de los cuales apenas 2.9% correspondían al salario tabular y 3.9% a prestaciones. Los trabajadores la rechazaron mediante una consulta realizada el 14 de octubre. Rafael Olivos Hernández, secretario general del sindicato, reconoció el resultado y regresó a negociar con las autoridades del Seguro Social.

La segunda propuesta alcanzó un incremento global de 8%, dividido en 4% al salario tabular y 4% al concepto de ayuda para renta de vivienda, que también influye en el cálculo de determinadas prestaciones. El acuerdo fue celebrado por la dirigencia y por Zoé Robledo, director del IMSS, quien aseguró que el nuevo aumento respondía a las inquietudes expresadas por los trabajadores.

Hasta aquí parecería una historia de éxito. Los empleados manifestaron su inconformidad, fueron escuchados y consiguieron una mejor oferta. Pero la dirigencia decidió no convocar a una segunda consulta. Su argumento fue que la votación anterior había cumplido su propósito: mejorar la negociación. Además, sostuvo que sus facultades estatutarias permitían dar por concluido el proceso.

Hay que reconocer que una negociación no puede permanecer abierta indefinidamente y que los dirigentes necesitan facultades para alcanzar acuerdos. Tampoco puede afirmarse, sin examinar el procedimiento y la legislación aplicable, que la ausencia de otra consulta constituya automáticamente una ilegalidad.

Pero una cosa es tener autoridad para firmar un convenio y otra muy distinta conseguir que quienes serán afectados por él consideren legítima la decisión.

Los grupos inconformes pedían 10% directamente al salario tabular. Y la diferencia importa. No es lo mismo aumentar el sueldo base que mejorar una prestación adicional, especialmente cuando las condiciones de jubilación y el cálculo de determinados beneficios varían entre generaciones de trabajadores.

El sindicato tiene argumentos económicos para defender el acuerdo. Sostiene que representa uno de los mejores incrementos reales de los últimos veinte años y que mejora prestaciones adicionales al sueldo. Son elementos que merecen considerarse. Sin embargo, un buen resultado económico no elimina necesariamente una discusión sobre representación.

Porque escuchar a los trabajadores no consiste solamente en conocer su inconformidad. También implica explicarles qué se consiguió, qué no fue posible y por qué se tomó la decisión final.

El poder de representar a quienes no quieren ser representados por ti.

La historia del sindicalismo mexicano ayuda a entender esta contradicción. Durante buena parte del siglo XX, los sindicatos conquistaron derechos fundamentales, pero algunos dirigentes también construyeron estructuras de poder que terminaron alejándolos de sus representados. Hubo líderes capaces de negociar directamente con presidentes mientras sus propios trabajadores encontraban enormes dificultades para cuestionarlos.

La reforma laboral de 2019 buscó fortalecer la democracia sindical mediante mecanismos de participación y votaciones libres, directas y secretas. La legislación establece consultas obligatorias para determinados acuerdos colectivos, aunque sus requisitos concretos dependen del procedimiento aplicable. Por eso el debate del IMSS merece algo más que acusaciones apresuradas: exige claridad sobre las reglas y transparencia sobre las decisiones.

Siete años después, queda una lección que trasciende este conflicto: cambiar una ley puede ser mucho más sencillo que cambiar la manera de ejercer el poder.

Pero tampoco sería justo responsabilizar únicamente al sindicato. Los trabajadores reclaman además mejores condiciones laborales, personal suficiente, insumos médicos y soluciones a problemas de jubilación. Algunas de estas demandas corresponden al IMSS; otras involucran decisiones presupuestarias, al gobierno federal y hasta reformas legislativas.

Las cifras permiten dimensionar el desafío. El Instituto reporta que su plantilla creció considerablemente desde 2019 y que actualmente dice tener un abasto promedio de medicamentos de 94%. Sin embargo, el propio Zoé Robledo reconoce problemas de saturación, tiempos de espera y suministro. Es decir, hay avances documentados, pero también necesidades que siguen sin resolverse.

Y aquí apareces tú, aunque nunca hayas trabajado en el Seguro Social. Quizá has esperado meses por una consulta, acompañado a un familiar durante una madrugada en urgencias o encontrado a una enfermera extraordinaria trabajando en condiciones difíciles. Las deficiencias laborales también terminan afectando a los pacientes. Por eso importa que el sindicato tenga capacidad para negociar, que el Instituto administre eficientemente y que el gobierno rinda cuentas sobre los recursos disponibles.

Mientras tanto, el acuerdo del 8% ya fue anunciado, pero algunos trabajadores continúan inconformes. La negociación terminó sin que desaparecieran todas las preguntas. Y esa diferencia debería preocupar tanto a las autoridades como a los dirigentes sindicales.

Porque una organización puede conseguir aumentos, firmar convenios y celebrar victorias. Lo que no puede permitirse es perder la confianza de las personas que le dieron sentido a su existencia.

Los sindicatos no fueron creados para proteger dirigentes, como tampoco los hospitales existen para justificar presupuestos ni los gobiernos para administrar discursos. Su razón de ser está en las personas a las que sirven.

Una negociación puede terminar con una firma. Una crisis de confianza, no.

Y cuando los trabajadores comienzan a preguntarse a quién representa realmente su sindicato, el problema ya no está en el porcentaje que consiguieron sus dirigentes, sino en la legitimidad con la que siguen hablando en nombre de los demás.