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Restauración de la Virgen Macarena en Sevilla desata polémica por cambios en su imagen

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Sevilla — La emblemática Virgen de la Macarena, venerada en la basílica del mismo nombre en Sevilla, generó una fuerte controversia tras una reciente restauración que modificó su apariencia. Conocida por su devoción popular y por ser una figura central en la Semana Santa sevillana, la estatua de madera del siglo XVII fue retirada en junio por los miembros de la Hermandad de la Macarena, responsables de su cuidado desde hace siglos, para recibir algunos retoques.

Lo que debía ser una restauración discreta terminó transformando su rostro. La figura regresó con cambios notables: pestañas más largas, un efecto ahumado en la mirada y alteraciones en la piel y la forma de la nariz. Estas modificaciones provocaron indignación entre los sevillanos, quienes consideran que la Macarena no debía “maquillarse” ni alterar su imagen tradicional.

El descontento se hizo visible en bares de tapas y espacios públicos, donde es común ver pósters de la Virgen y medallas o pulseras con su imagen. La polémica se extendió entre los locales que siguen religiosamente las transmisiones de la procesión de la Macarena previas a la Semana Santa, transmitidas en bucle por televisión.

La restauración buscaba preservar y embellecer la estatua, pero para muchos fieles la intervención rompió con la esencia histórica y espiritual de la Virgen, generando un debate sobre los límites de la conservación artística frente a la tradición religiosa.

Este episodio resalta la profunda conexión cultural y emocional que Sevilla mantiene con la Macarena, recordando que cualquier cambio en la imagen venerada puede provocar reacciones intensas entre quienes la consideran un símbolo inalterable de fe y patrimonio histórico.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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