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Opinión

La hora más vulnerable de Nicolás Maduro. Por Caleb Ordóñez T.

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Imagina el Caribe venezolano en plena calma, sus aguas azules extendiéndose hasta donde la vista alcanza. Ahora rompe esa postal idílica con la silueta gris de tres destructores estadounidenses que avanzan hacia la región con radares encendidos y misiles listos. No es un ejercicio rutinario: es un mensaje directo al Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro, el hombre que ha resistido sanciones, aislamiento internacional, protestas internas y hasta un intento fallido de magnicidio, vuelve a sentir el peso de Washington sobre su espalda. Y esta vez, el juego luce más peligroso que nunca.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordoñez Talavera

La Casa Blanca, en voz del propio Donald Trump, elevó la apuesta a un nivel sin precedentes: una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, sumada a un caso penal por narcoterrorismo que ya lo persigue desde hace años. Al mismo tiempo, envía barcos de guerra bajo la bandera de “operaciones antinarcóticos”. La mezcla es explosiva: derecho internacional, despliegue militar y política interna estadounidense se encuentran en un mismo tablero.

La figura de Maduro, que durante más de una década se ha aferrado al poder en medio de un país en crisis, se convierte así en el centro de una trama que recuerda a las novelas de espionaje y guerra fría. El lenguaje de Washington es claro: no basta con sancionar, ahora hay que demostrar músculo militar y judicial. Pero ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar?

¿Derrocamiento real o un juego electoral?

¿Realmente buscan derrocarlo? La respuesta no es sencilla. Arrestar a un jefe de Estado en funciones sería un acto de guerra abierto, con consecuencias imprevisibles. El precedente de Manuel Noriega en Panamá en 1989 ronda inevitablemente la conversación: entonces, Estados Unidos invadió y lo capturó, exhibiéndolo ante el mundo como trofeo de justicia. Sin embargo, Venezuela no es Panamá. Es un país con más del doble de territorio, con una geografía selvática y montañosa que complica cualquier incursión, y con una red de alianzas internacionales que vuelven inviable una operación militar semejante.

Lo que persigue Washington no es tanto entrar a Caracas con marines, sino aumentar el costo de cada movimiento de Maduro, cerrar los espacios de maniobra de sus aliados y, sobre todo, mandar un mensaje claro a quienes lo rodean: quedarse con él puede salir muy caro. La recompensa multimillonaria y el despliegue naval apuntan más a erosionar la confianza dentro de la cúpula chavista que a preparar una invasión.

La vulnerabilidad del régimen es evidente. Aunque Caracas presume haber activado más de cuatro millones de milicianos como respuesta al avance de los buques estadounidenses, la realidad muestra otra cara: una economía raquítica que apenas produce alrededor de 900 mil barriles diarios de petróleo, cuando alguna vez fue un gigante de 3 millones. Las exportaciones, aunque sostenidas por compradores en Asia y licencias limitadas otorgadas a Chevron en Estados Unidos, no alcanzan para sostener a un país colapsado.

El éxodo es la prueba más clara del fracaso. Casi ocho millones de venezolanos han abandonado el territorio en la última década. Familias enteras se han dispersado por Colombia, Perú, Chile, México y Estados Unidos, formando la mayor diáspora del continente. Esa fuga no solo refleja la crisis interna, también genera presión internacional: los países receptores exigen soluciones, y la paciencia se agota.

Los aliados que sostienen a Maduro

Y sin embargo, Maduro sigue ahí. Su fuerza descansa en un triángulo que ha sabido consolidar: control férreo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia; oxígeno económico de potencias aliadas; y un discurso de resistencia que vende al chavismo como la última trinchera contra el “imperialismo”.

Rusia lo respalda con asesoría militar y acuerdos estratégicos, presentándose como un socio confiable en tiempos de aislamiento. China, aunque más cautelosa, ha preferido mantener acuerdos productivos, reestructurar deudas y participar en proyectos de infraestructura, sin abrir la chequera como antes. Irán se ha convertido en socio energético clave, suministrando condensado y recibiendo crudo a cambio, mientras Turquía y Emiratos Árabes se han vuelto canales de comercio de oro y divisas. Cuba, por su parte, sigue siendo la columna vertebral del aparato de seguridad, con asesores que se mueven como sombra alrededor de Miraflores.

Pero quizás lo más delicado para Estados Unidos es que el tablero regional no es uniforme. Brasil y Colombia, dos gigantes sudamericanos, prefieren evitar un estallido armado. Ninguno de los dos gobiernos quiere tropas norteamericanas operando en su vecindario, porque entienden que una chispa en Caracas puede incendiar toda Sudamérica. Optan por la diplomacia, la contención y la presión por elecciones creíbles, pero rechazan cualquier escenario de intervención directa.

En esta misma línea se mueven actores europeos, que apuestan por negociaciones y transiciones pactadas. Pero a cada intento de mediación se impone la desconfianza: la oposición acusa al chavismo de manipular acuerdos, mientras Miraflores denuncia conspiraciones extranjeras. La consecuencia es un estancamiento crónico, donde el único beneficiado es Maduro, maestro en alargar los tiempos y sobrevivir a cada ola de presión.

Tres futuros posibles

¿Qué pasaría si cae? Tres escenarios se abren paso.

El primero sería una transición pactada: amnistías parciales, elecciones supervisadas y reincorporación de Venezuela a la economía global. Sería el camino menos traumático, el más ordenado para contener la crisis humanitaria y el éxodo migratorio. Pero también es el más improbable en el corto plazo: el chavismo no quiere soltar el poder sin garantías, y la oposición teme pactar con quienes han sido responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El segundo escenario es un quiebre interno. Sectores militares o figuras del chavismo podrían empujar la salida de Maduro para preservar la estructura del régimen, ofreciendo apenas un cambio de fachada. Una jugada pragmática: “sacrificar” al líder para salvar el sistema. Este escenario gana fuerza conforme aumenta la presión estadounidense y se multiplican las sanciones, pero requiere un acuerdo silencioso entre facciones que hoy desconfían unas de otras.

El tercero, el más temido, es el del colapso abrupto. Una caída desordenada del régimen que detone violencia en las calles, un nuevo éxodo masivo y un impacto directo en los mercados petroleros. El precio del crudo podría dispararse, golpeando economías ya frágiles y empujando a Estados Unidos y a la Unión Europea a tomar decisiones desesperadas.

Por ahora, Maduro parece sostenerse más por la fatiga del mundo que por la fuerza real de su régimen. Washington juega al filo: aprieta con sanciones, despliega poder naval, ofrece recompensas millonarias, pero al mismo tiempo reabre discretamente la puerta al petróleo venezolano para no desestabilizar los precios. Es el clásico palo y zanahoria: aislar al caudillo, pero evitar que su caída provoque un terremoto energético global.

El dilema central es si esta nueva ofensiva norteamericana es un auténtico plan para desplazarlo o un movimiento electoral más de Trump, que busca mostrar firmeza ante la diáspora venezolana en Florida y ante un electorado que aplaude los gestos de mano dura. Lo cierto es que, aunque la narrativa se vista de “guerra contra los carteles”, el objetivo final sigue siendo el mismo: debilitar al hombre que convirtió a Venezuela en un enclave incómodo en el hemisferio.

México entre la prudencia y la diplomacia

En este ajedrez geopolítico, México ocupa un rol peculiar. Históricamente ha defendido el principio de no intervención y el respeto a la soberanía, pero también ha sido anfitrión de negociaciones entre la oposición y el chavismo. Hoy, el gobierno mexicano se mueve entre dos aguas: por un lado, condena cualquier acción militar extranjera en la región; por el otro, mantiene canales diplomáticos abiertos para no quedar aislado de la comunidad internacional que exige elecciones transparentes.

México ha mostrado disposición para servir como mediador, buscando posicionarse como un “puente” entre Washington y Caracas. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Si se acerca demasiado a Maduro, arriesga tensiones con su principal socio comercial: Estados Unidos. Si se alinea demasiado a Washington, rompe con la tradición diplomática mexicana que desde la Doctrina Estrada ha evitado avalar intervenciones. Además, hay factores internos: México ya enfrenta su propia presión migratoria con miles de venezolanos que cruzan la frontera rumbo a Estados Unidos. Su interés humanitario y estratégico es contener la crisis antes de que se convierta en un problema mayor en sus propias fronteras.

En este sentido, México podría jugar un papel crucial si se abre un proceso de negociación real. Sería anfitrión natural de una mesa de diálogo, pero siempre desde una posición frágil: la de un país que intenta mantener su voz regional sin romper la delicada relación con Washington.

El Caribe venezolano ya no es la postal tranquila que imaginamos al inicio. Es un tablero en tensión, donde cada movimiento puede desatar un efecto dominó regional. Y allí, entre el rugido de los destructores y la resistencia de un régimen acorralado, se juega no solo el futuro de Nicolás Maduro, sino también la estabilidad de buena parte del continente.

Opinión

La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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