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México

Morena aprueba reformas a la Ley de Amparo entre acusaciones de retroactividad y descontento opositor

En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó con el voto mayoritario de Morena y sus aliados las reformas a la Ley de Amparo, que ahora regresarán al Senado con tres cambios. La oposición denunció que la iniciativa fue modificada “por la puerta de atrás” para permitir la aplicación retroactiva de la norma, pese a las garantías previas de que no afectaría procesos en curso.

A las dos de la mañana, el diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes presentó una reserva al dictamen con el respaldo del coordinador de su bancada, Ricardo Monreal Ávila. Con el turno número 136, el legislador defendió que se trata de una ley “de materia procesal pura”, y sostuvo que “lo hecho queda bajo la ley antigua, lo que se haga después será bajo la nueva”.

Sin embargo, diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que el texto aprobado permitirá aplicar las nuevas disposiciones a juicios en trámite, lo que calificaron como un intento de manipular la justicia. Rubén Moreira acusó que la reserva de Morena introduce “tres trampas” que vuelven retroactiva la ley, mientras que Alejandro Domínguez señaló que “meten por la puerta de atrás lo que la presidenta había prometido que no sucedería”.

Durante el debate, las intervenciones subieron de tono. La diputada panista Paulina Rubio arremetió contra Morena al acusar que la reforma busca proteger a allegados del gobierno federal, lo que provocó gritos e insultos desde las bancadas oficialistas. Monreal intervino para llamar al orden y defender la libertad de expresión, afirmando que “nadie puede ser reconvenido porque es un derecho constitucional”.

El coordinador de Morena justificó la medida al argumentar que existen más de dos mil juicios fiscales y créditos por más de 100 mil millones de pesos pendientes de resolución, muchos de ellos prolongados “mañosamente” mediante amparos. “Hacia ellos va orientada nuestra reforma”, aseguró.

A pesar de las abstenciones de legisladores de Morena, el PT y el PVEM —incluida la de Olga Sánchez Cordero, quien había expresado reservas sobre el proyecto—, la reforma fue aprobada con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones. La minuta será devuelta al Senado para su análisis y votación final.

México

Irregularidades en Liconsa involucran a hermano de senadora Andrea Chávez

Irregularidades en Liconsa involucran a hermano de senadora Andrea Chávez

Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez, ha sido señalado en una investigación sobre irregularidades en la gestión de Liconsa en Chihuahua, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al año 2023. Chávez Treviño ocupaba el cargo de gerente estatal de Liconsa desde noviembre de 2022.

La auditoría reveló que existen 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa, además de diversas acciones para determinar posibles responsabilidades administrativas. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran pagos realizados a personas fallecidas y recursos entregados a proveedores que no cumplían con los requisitos necesarios para acceder al precio de garantía.

En el caso específico de Chihuahua, se identificó una irregularidad relacionada con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, en el que se realizaron pagos por más de un millón de pesos a dos proveedores que ya habían fallecido. Uno de ellos murió en febrero de 2023 y el otro en marzo del mismo año, sin embargo, los pagos continuaron durante ese ejercicio, según la revisión de la ASF.

Además, Gregorio Chávez está vinculado a otra observación que asciende a aproximadamente 4.5 millones de pesos, correspondiente a pagos de precios de garantía a proveedores que, de acuerdo con la auditoría, no cumplían con los requisitos establecidos para recibir dicho beneficio.

La investigación también ha documentado irregularidades en las operaciones de Liconsa en otros estados, como Jalisco y Coahuila, donde se han observado montos adicionales por pagos a proveedores no elegibles y por leche cuya recolección no pudo ser acreditada.

Hasta el momento de la publicación de la investigación, las posibles responsabilidades administrativas aún no habían sido determinadas de manera definitiva, y el procedimiento seguía pendiente de avanzar hacia las áreas encargadas de investigar y, en su caso, sancionar.

Gregorio Chávez fue contactado para conocer su postura respecto a las observaciones, pero no se obtuvo respuesta. Es importante señalar que las irregularidades detectadas por la ASF no implican por sí mismas una determinación de responsabilidad administrativa o penal.

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