Opinión
Los que sí medran con la grandeza de los mayas Por Aquiles Córdova Morán
De las muchas y variadísimas culturas que florecieron en Mesoamérica (grosso modo: lo que hoy es la mitad meridional de México y Centroamérica), no hay duda de que la más valorada, admirada y reconocida en el mundo entero por sus grandes logros en los terrenos arquitectónico, urbanístico, cultural, artístico y científico (astronomía, agricultura y matemáticas, principalmente) es la civilización maya, que abarcó el sureste mexicano, casi todo el territorio de Guatemala y parte del de Honduras. Sus asombrosos edificios, palacios y templos; el trazado de sus ciudades y centros ceremoniales, el alto grado de perfeccionamiento de las comunicaciones entre los grandes centros urbanos; la complejidad y eficacia de su sistema de escritura y de su registro y cómputo del tiempo, de que dan testimonio sus bellísimas estelas históricas y conmemorativas y los gigantescos tableros de sus templos; su virtuosismo en la observación y estudio de los astros, que se comprueba hoy por el exacto “descenso de Ku-Kul-Kan” cada solsticio y en el cálculo exactísimo de la duración del año solar; el aprovechamiento sabio del agua y del suelo (todavía está vigente su clasificación en la edafología moderna) siguen asombrando al mundo de nuestros días.
Pese a su grandeza, los mayas no lograron evitar el sombrío destino que reservó la conquista española a todas las culturas mesoamericanas. Es verdad que su derrota y esclavización sólo pudo consumarse plenamente diez o más años después de que la Gran Tenochtitlan, corazón y centro administrativo y militar del gran imperio de los mexicas, había sucumbido a los cañones y a la piqueta brutal de los conquistadores (13 de agosto de 1521). Los mayas pudieron seguir resistiendo varios años más por varios motivos, algunos todavía no bien esclarecidos por los historiadores. En primer lugar, por su ubicación lejana y hasta cierto punto periférica en relación con México-Tenochtitlan, centro neurálgico de la conquista; en segundo lugar, por los terribles obstáculos naturales que oponía su hábitat (selvas, pantanos, marismas, etc.) y, en tercer lugar, sostienen algunos, por su gran valentía, que se vio potenciada por la instrucción militar de Gonzalo Guerrero, el español que se hizo maya entre los cheles de Quintana Roo, y es, por eso, el verdadero fundador de la mexicanidad.
Sea como sea, lo cierto es que los mayas resistieron heroicamente todo el tiempo que pudieron; y, cuando al fin sucumbieron, su terca fidelidad a su religión y a sus dioses nativos, su tenacidad para seguir practicando su arraigado culto en montes, cavernas y cenotes escondidos, fue el pretexto para que sobre ellos callera la más feroz represión, tanto en forma de masivos “autos de fe” que los exterminaban por fuego, ahorcamiento o decapitación, como en forma de arrasamiento e incendio de sus comunidades y el consiguiente despojo de sus tierras, aguas y bosques, que pasaban sin más a manos de los conquistadores. Desde entonces, los hijos y los herederos de esa inmensa cultura, orgullo de México y admiración del planeta entero, se convirtieron en esclavos, en parias y en mendigos en su propia tierra, en medio de las ruinas colosales de su grandioso pasado y de la gran riqueza natural que un día fuera toda suya. Y desde entonces comenzó ese doble juego perverso, esa indignante mascarada que consiste en elogiar hasta el ditirambo, hasta la caricatura, sin ton ni son muchas veces, la grandeza de la cultura maya en discursos, escritos, fiestas y ceremonias cívicas, mientras en los hechos se mantiene intacta (o casi) la injusticia, el despojo, el abandono (y de cuando en cuando la represión brutal) y el desprecio con que fueron tratados por los conquistadores españoles.
Los mayas de hoy, degradados físicamente y espiritualmente por la pobreza, el hambre, la desnutrición, la nula atención a su salud, a su educación; por la falta de vivienda digna y de servicios urbanos en sus comunidades, por la carencia de empleo o de una actividad productiva remuneradora, vagan sin rumbo y sin esperanza por todo el que fuera su grandioso imperio, sin que nadie haga por ellos más que demagogia burda y discursos huecos en tiempos electorales. Sus tierras de cultivo, sin recursos ni atención seria por parte de los gobernantes, o se inundan en temporada de huracanes o no rinden cosecha por causa de la sequía, y las “aseguradoras” se niegan a pagar el seguro respectivo; sus viviendas, la inmensa mayoría hecha de varas y lodo u otro material perecedero, son también las primeras víctimas de tormentas y ciclones; sus comunidades, mal comunicadas o incomunicadas de plano, se quedan aisladas con cada gran tormenta y no sólo no se puede entrar y salir en caso de emergencia, pero ni siquiera recibir la precaria ayuda que el gobierno da en esos casos. La “modernidad” sólo les ha traído un nuevo despojo, les ha arrebatado lo último que les quedaba, esto es, el prestigio universal de la belleza de su tierra y de su ancestral cultura, que hoy están convertidas en “gancho” para atraer turismo a la llamada “Riviera Maya”, en provecho exclusivo de los grandes inversionistas mexicanos y extranjeros.
Y allí está para probarlo un contingente muy representativo de la grandeza, valor y tenacidad de los mayas, así como del abandono, la injusticia social y el desprecio de que son víctimas en los tiempos que corren. Más de tres meses (desde el 20 de septiembre pasado) lleva en “plantón” un grupo de ellos frente al palacio municipal de Felipe Carrillo Puerto (donde despacha, por cierto, un hermano de raza de los pobres que protestan) en demanda de que se atiendan sus carencias más sencillas, humanas y urgentes. Y el presidente “maya” Sebastián Uc Yam, con ínfulas de “emperador de sangre azul”, los ha ignorado olímpicamente hasta hoy. Lo mejor que se le ha ocurrido al señor es pagar sueltos en la prensa para distorsionar los motivos de la protesta y para calumniar al líder de los mayas quintanarroenses, Lic. Dimas Romero González, tachándolo de corrupto, chantajista y prevaricador con la pobreza ajena. Es la misma vieja canción de todos los gobiernos insensibles, incapaces y (ellos sí) corruptos hasta la médula, a quienes les produce urticaria que el pueblo se atreva, no a suplicar, sino a defender y a exigir sus derechos ante supuestos “servidores públicos”. Pero es hora de que las cosas comiencen a cambiar. Desde aquí llamo a todos los mayas marginados, olvidados y maltratados que haya en el sureste mexicano, para que se organicen con nosotros, con el Movimiento Antorchista Nacional, y juntos demos la batalla por una suerte mejor. A mi compañero Dimas Romero González le envío el decidido apoyo de nuestro Movimiento, y le sugiero que comencemos una marcha regional hacia Felipe Carrillo Puerto para obtener justicia. El Antorchismo Nacional está con él para lo que sea necesario.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.


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