Connect with us

Opinión

En Nacozari, Sonora, terrorismo asesino contra organización popular Por Aquiles Córdova

Nacozari de García, Sonora, no es, como se sabe, un municipio desconocido, insignificante y perdido en la geografía nacional; es, por el contrario, una entidad cargada de historia, de heroísmo, pues fue en la ciudad de Nacozari, cabecera del municipio, donde tuvo lugar la valerosa gesta de Jesús García, quien no dudó en sacrificar su propia vida antes que permitir que la explosión de varios vagones de ferrocarril repletos de pólvora cegara la vida de decenas de desprevenidos ciudadanos que se hallaban en las inmediaciones de la estación ferroviaria. En la actualidad, la ciudad de Nacozari cuenta con poco más de 20 mil habitantes, y su economía depende, en un porcentaje muy alto, de la actividad minera, ya que la zona encierra mucho mineral de cobre y molibdeno, que explota una empresa minera privada. Pero a pesar de su valioso patrimonio histórico y de su riqueza mineral, Nacozari es un ejemplo más (como Veracruz, como Chiapas) de esa curiosa y lacerante paradoja económica y social que consiste en que la mayoría de su población se ahoga literalmente en un mar de carencias y necesidades de todo tipo, en medio de una abundante riqueza natural (del subsuelo en este caso) de la cual sólo se benefician unos cuantos.

El inequitativo reparto de la riqueza social, sumado al abandono, al menosprecio y al nulo interés de las autoridades de la ciudad por atender las necesidades básicas de sus gobernados menos favorecidos, no es una novedad en Nacozari; existe, podría decirse sin exagerar, desde siempre; y es esto lo que explica que las colonias y barrios populares carezcan hoy, en pleno siglo XXI, de servicios tan elementales como agua entubada, drenaje, electricidad y pavimento, sin meternos ya a hablar del estado que guardan las viviendas de las familias que habitan en esos asentamientos. El desinterés y la arrogancia de la autoridad municipal (la actual y todas las anteriores) ha sido sufrida y comprobada una y otra vez, a lo largo de los años, por la gente que acude a sus oficinas en busca de diálogo y soluciones a sus necesidades más urgentes y elementales. Una y otra vez sólo han encontrado rechazo, indiferencia y puertas cerradas tanto como los oídos de los funcionarios.

Es justamente esta intolerable situación (y no el deseo malsano de nadie por crear problemas artificiales o la ambición política de alguien por hacerse con el poder municipal desprestigiando a sus detentadores actuales) lo que finalmente llevó a un grupo de vecinos de Nacozari, entre cuyos miembros se cuenta un ex minero honrado, limpio, que siempre ha vivido de su trabajo y nunca del erario municipal, muy conocedor de su gente y de los problemas que la aquejan, Manuel de Jesús Tánori Beltrán, a buscar el apoyo y la dirección política del Movimiento Antorchista sonorense que dirige Ricardo Esquivel Castañeda, el cual de inmediato ha puesto manos a la obra de estructurar el naciente grupo, de orientarlo en la elección de sus dirigentes, de modo que se fije en los más leales, honrados, decididos e inteligentes (que todo eso es necesario para conducir a sus compañeros de manera eficaz y responsable) y, desde luego, de asesorarlo en el reinicio de sus gestiones, ahora respaldadas con la fuerza de la unidad y de la organización, para tratar de resolver todas las carencias que, por años, se han negado a atender las autoridades locales.

Y las reacciones no se han hecho esperar. Lo primero fue que, sorpresivamente, con una velocidad desconocida hasta ahora, se inició la introducción del drenaje a la colonia Cantera Final, añeja demanda de sus habitantes de la que nadie había querido ocuparse. Lo preocupante aquí es que, al mismo tiempo que la obra, se desató una campaña de rumores agresivos en el sentido de que el drenaje es una iniciativa del presidente municipal, y que nada tienen que ver allí los “falsos líderes” ni “organizaciones oportunistas y conflictivas como Antorcha”. Al respecto, no está de más recordarle a la gente de Cantera Final (y a la opinión pública en general) el refrán popular que dice: “explicación no pedida, acusación manifiesta”, es decir, que si la autoridad siente la necesidad de negarlo expresamente, de eso se deduce que la obra sí se debe a la llegada del antorchismo a Nacozari. Pero lo más grave vino después. El domingo 4 de marzo, cerca de las 6 de la tarde, el compañero Manuel de Jesús Tánori Beltrán caminaba por la acera del panteón municipal cuando tres individuos armados le bloquearon el paso y le soltaron a bocajarro: “túmbate el rollo ver…&$#% (una expresión coloquial típica de la zona); en Nacozari no hay necesidad de traer a la pinche Antorcha, no la ocupamos para nada”. A renglón seguido lo agredieron a cachetadas, lo tiraron al piso y le llenaron la boca con tierra; luego advirtieron: “en la siguiente van a ser paladas (sic) las que te vamos a echar; túmbate el rollo ver…, o ten cuidado con tu familia” (las expresiones entrecomilladas son literales).

El asunto no parece de difícil explicación. Es obvio que la clase política que se hereda el poder en Nacozari, y que es, al mismo tiempo, la responsable del abandono social de las colonias populares y la que más se beneficia con el usufructo del poder y del erario municipal, no está dispuesta a permitir que tal situación cambie en su perjuicio y en favor de los marginados del municipio. No creo necesario aclarar que, como en todo el país, aquí también hay que dar por hecho que detrás del grupo político están algunos o todos los que detentan el poder económico en Nacozari, por lo que no puede descartarse que la responsabilidad del ataque terrorista sea compartida por ambos poderes. Sea como sea, la vida y la seguridad de Manuel de Jesús Tánori corren un serio peligro, y lo mismo ocurre con las libertades y garantías constitucionales de los habitantes de Nacozari. Por este medio, el antorchismo nacional extiende su más amplia solidaridad y respaldo al grupo de Nacozari, al compañero Manuel de Jesús Tánori Beltrán y al dirigente en Sonora, Ricardo Esquivel Castañeda. Responsabilizamos al presidente municipal por la seguridad de todos ellos; informamos de los hechos al gobierno de Sonora en demanda de que tome cartas en el asunto, garantice la vida de nuestros compañeros, el respeto pleno a las garantías constitucionales de organización, petición y manifestación pública, y ponga freno rápido y efectivo al terrorismo asesino que busca hacer nugatorias tales garantías. Los compañeros de Nacozari y de todo Sonora deben estar seguros de que no los abandonaremos bajo ninguna circunstancia.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Más visto

Vale la pena esplorare un casino online come hyper lucky? Prima di registrarsi, conviene controllare licenze, bonus, limiti di deposito e qualità dell’assistenza.
Lohnt es sich, hyperlucky erfahrungen zu lesen? So erhält man einen schnellen Überblick über Spielauswahl, Bonusangebote und Zahlungsabwicklung.
Wer netflix casino app prüft, sollte auf gültige Lizenzen, starke Spielerschutzregeln und einen erreichbaren 24/7-Kundenservice achten, damit Unterhaltung sicher und transparent bleibt.