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Opinión

En Nacozari, Sonora, terrorismo asesino contra organización popular Por Aquiles Córdova

Nacozari de García, Sonora, no es, como se sabe, un municipio desconocido, insignificante y perdido en la geografía nacional; es, por el contrario, una entidad cargada de historia, de heroísmo, pues fue en la ciudad de Nacozari, cabecera del municipio, donde tuvo lugar la valerosa gesta de Jesús García, quien no dudó en sacrificar su propia vida antes que permitir que la explosión de varios vagones de ferrocarril repletos de pólvora cegara la vida de decenas de desprevenidos ciudadanos que se hallaban en las inmediaciones de la estación ferroviaria. En la actualidad, la ciudad de Nacozari cuenta con poco más de 20 mil habitantes, y su economía depende, en un porcentaje muy alto, de la actividad minera, ya que la zona encierra mucho mineral de cobre y molibdeno, que explota una empresa minera privada. Pero a pesar de su valioso patrimonio histórico y de su riqueza mineral, Nacozari es un ejemplo más (como Veracruz, como Chiapas) de esa curiosa y lacerante paradoja económica y social que consiste en que la mayoría de su población se ahoga literalmente en un mar de carencias y necesidades de todo tipo, en medio de una abundante riqueza natural (del subsuelo en este caso) de la cual sólo se benefician unos cuantos.

El inequitativo reparto de la riqueza social, sumado al abandono, al menosprecio y al nulo interés de las autoridades de la ciudad por atender las necesidades básicas de sus gobernados menos favorecidos, no es una novedad en Nacozari; existe, podría decirse sin exagerar, desde siempre; y es esto lo que explica que las colonias y barrios populares carezcan hoy, en pleno siglo XXI, de servicios tan elementales como agua entubada, drenaje, electricidad y pavimento, sin meternos ya a hablar del estado que guardan las viviendas de las familias que habitan en esos asentamientos. El desinterés y la arrogancia de la autoridad municipal (la actual y todas las anteriores) ha sido sufrida y comprobada una y otra vez, a lo largo de los años, por la gente que acude a sus oficinas en busca de diálogo y soluciones a sus necesidades más urgentes y elementales. Una y otra vez sólo han encontrado rechazo, indiferencia y puertas cerradas tanto como los oídos de los funcionarios.

Es justamente esta intolerable situación (y no el deseo malsano de nadie por crear problemas artificiales o la ambición política de alguien por hacerse con el poder municipal desprestigiando a sus detentadores actuales) lo que finalmente llevó a un grupo de vecinos de Nacozari, entre cuyos miembros se cuenta un ex minero honrado, limpio, que siempre ha vivido de su trabajo y nunca del erario municipal, muy conocedor de su gente y de los problemas que la aquejan, Manuel de Jesús Tánori Beltrán, a buscar el apoyo y la dirección política del Movimiento Antorchista sonorense que dirige Ricardo Esquivel Castañeda, el cual de inmediato ha puesto manos a la obra de estructurar el naciente grupo, de orientarlo en la elección de sus dirigentes, de modo que se fije en los más leales, honrados, decididos e inteligentes (que todo eso es necesario para conducir a sus compañeros de manera eficaz y responsable) y, desde luego, de asesorarlo en el reinicio de sus gestiones, ahora respaldadas con la fuerza de la unidad y de la organización, para tratar de resolver todas las carencias que, por años, se han negado a atender las autoridades locales.

Y las reacciones no se han hecho esperar. Lo primero fue que, sorpresivamente, con una velocidad desconocida hasta ahora, se inició la introducción del drenaje a la colonia Cantera Final, añeja demanda de sus habitantes de la que nadie había querido ocuparse. Lo preocupante aquí es que, al mismo tiempo que la obra, se desató una campaña de rumores agresivos en el sentido de que el drenaje es una iniciativa del presidente municipal, y que nada tienen que ver allí los “falsos líderes” ni “organizaciones oportunistas y conflictivas como Antorcha”. Al respecto, no está de más recordarle a la gente de Cantera Final (y a la opinión pública en general) el refrán popular que dice: “explicación no pedida, acusación manifiesta”, es decir, que si la autoridad siente la necesidad de negarlo expresamente, de eso se deduce que la obra sí se debe a la llegada del antorchismo a Nacozari. Pero lo más grave vino después. El domingo 4 de marzo, cerca de las 6 de la tarde, el compañero Manuel de Jesús Tánori Beltrán caminaba por la acera del panteón municipal cuando tres individuos armados le bloquearon el paso y le soltaron a bocajarro: “túmbate el rollo ver…&$#% (una expresión coloquial típica de la zona); en Nacozari no hay necesidad de traer a la pinche Antorcha, no la ocupamos para nada”. A renglón seguido lo agredieron a cachetadas, lo tiraron al piso y le llenaron la boca con tierra; luego advirtieron: “en la siguiente van a ser paladas (sic) las que te vamos a echar; túmbate el rollo ver…, o ten cuidado con tu familia” (las expresiones entrecomilladas son literales).

El asunto no parece de difícil explicación. Es obvio que la clase política que se hereda el poder en Nacozari, y que es, al mismo tiempo, la responsable del abandono social de las colonias populares y la que más se beneficia con el usufructo del poder y del erario municipal, no está dispuesta a permitir que tal situación cambie en su perjuicio y en favor de los marginados del municipio. No creo necesario aclarar que, como en todo el país, aquí también hay que dar por hecho que detrás del grupo político están algunos o todos los que detentan el poder económico en Nacozari, por lo que no puede descartarse que la responsabilidad del ataque terrorista sea compartida por ambos poderes. Sea como sea, la vida y la seguridad de Manuel de Jesús Tánori corren un serio peligro, y lo mismo ocurre con las libertades y garantías constitucionales de los habitantes de Nacozari. Por este medio, el antorchismo nacional extiende su más amplia solidaridad y respaldo al grupo de Nacozari, al compañero Manuel de Jesús Tánori Beltrán y al dirigente en Sonora, Ricardo Esquivel Castañeda. Responsabilizamos al presidente municipal por la seguridad de todos ellos; informamos de los hechos al gobierno de Sonora en demanda de que tome cartas en el asunto, garantice la vida de nuestros compañeros, el respeto pleno a las garantías constitucionales de organización, petición y manifestación pública, y ponga freno rápido y efectivo al terrorismo asesino que busca hacer nugatorias tales garantías. Los compañeros de Nacozari y de todo Sonora deben estar seguros de que no los abandonaremos bajo ninguna circunstancia.

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Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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