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Opinión

El país debe aprender de la tragedia de los tarahumaras Por Aquiles Córdova

Sé que a mí no se me da el arte de las plañideras, es decir, que no tengo aptitud para fingir pena o dolor profundos que no sienta verdaderamente. A pesar de ello, creo mi deber decir públicamente que el suplicio que están viviendo más de 100 mil mexicanos de la etnia rarámuri, los llamados “tarahumaras”, asentados en la parte más inaccesible e inhóspita de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, es realmente desgarradora, espantosa y, por eso mismo, increíble, difícil de aceptar para un ser humano del siglo XXI, en cualquier parte del planeta en que viva. Visto aisladamente, como gesto de solidaridad humana, nada tengo que objetar al operativo que se ha montado a toda prisa por el Gobierno federal, a través del Ejército Mexicano, por la jerarquía católica de Chihuahua y por la Cruz Roja Mexicana en representación de la sociedad civil, para llevar alimento, ropa de abrigo y medicinas a esos mexicanos humildes. Y menos aún tengo que objetar a la generosidad del pueblo de México que, con sus donativos generosos, ha acudido sin demora y sin regateos al rescate de sus hermanos en desgracia. Es más, el mérito del auxilio popular es mayor aún, si se tiene en cuenta que no es la primera ni la única vez que ha tenido que hacerlo en los últimos años.

      Pero me parece que sí hay cosas qué decir, y muchas, sobre el manejo que están dando a la crisis los medios de información, con la televisión a la cabeza; los personeros de los gobiernos de Chihuahua y de la República y varios políticos profesionales de distinto pelaje ideológico. En primer lugar, como si se hubiesen puesto de acuerdo, todos coinciden en el carácter “coyuntural”, eventual, casi accidental dirían algunos, de la hambruna que azota a los rarámuris, ya que la causa de la misma es, según ellos, la tremenda sequía “atípica” (la mayor en 100 años, dicen) que azota a más de la mitad del territorio nacional. En segundo lugar, es evidente el empeño en sembrar la idea de que el desastre está rigurosamente circunscrito a los tarahumaras; en el resto del país la situación es notablemente distinta y mucho mejor. En tercer lugar, se trata de hacer creer al país que, para resolver el desastre humanitario así acotado, lo único que se requiere es que fluya en cantidad suficiente el donativo de víveres, abrigo, agua y medicinas, es decir, que el reto es únicamente impedir que alguien muera de hambre o de frío en esta emergencia. En cuarto y último lugar, ante el dato duro de que la ayuda humanitaria no cubre ni siquiera el 50 por ciento del total de la población afectada, se pretende justificar tal insuficiencia alegando lo inaccesible e incomunicado de la zona y el atavismo cultural del tarahumara, que se niega a abandonar sus cuevas para asentarse en un sitio mejor.

      Pero nada de esto es cierto, o, mejor dicho, nada es exactamente así. Primero, el hambre de los tarahumaras sólo debe a la sequía “atípica” su acmé, sólo su actual agudización extrema, pero no su existencia misma, pues todos sabemos que esa miseria humana y social (de ése y de todos los grupos indígenas del país) vienen de muy atrás, que han existido desde siempre, desde que la conquista española los despojó de sus recursos naturales, de sus tierras, sus bosques y sus manantiales, y los redujo a la condición de esclavos y mendigos en su propia tierra. Y que 200 años de independencia y de “progreso” no han sido capaces de modificar, ni en un pelo siquiera, esa vergonzosa situación. Segundo, el abandono y la marginación que hoy hacen crisis en la tarahumara, no son exclusivas de esa región ni de esa etnia; existen en todo el territorio nacional y azotan por igual a indígenas y no indígenas, es decir, a todo aquel mexicano que, por carecer de empleo, de un salario digno o de una fuente de ingresos segura y legítima, se ve obligado a vegetar en la misma mugre, ignorancia, insalubridad, falta de vivienda y de alimento que sus hermanos rarámuris. Tercero, visto el problema en su verdadera dimensión y profundidad, resulta ridículo plantear a la nación que la solución está en donar un poco más de arroz, de frijol, de ropa o de medicinas a los necesitados; y también resulta grotesco, en cuarto lugar, culpar por la insuficiencia de la ayuda a la falta de vías de comunicación expeditas o al atavismo social y cultural de los tarahumaras. El más elemental razonamiento dice a las claras que ni el incremento de las cantidades de víveres y otros insumos donados por la población, por grande que sea, ataca el problema en su raíz y no es, por tanto, la solución de fondo, ni el atavismo cultural de ese pueblo puede ser la causa de que no cuente con buenas vías  de comunicación, agua, drenaje, vivienda, escuelas, hospitales, abasto suficiente y barato y fuentes de trabajo seguro y bien remunerado. Es obvio que la verdad es exactamente la contraria: es la falta de esos servicios, es el innegable y criminal abandono en que los han tenido los distintos gobiernos de los tres niveles, lo que determina y explica su conformismo, su falta de ambición por una vida mejor.

      Los mexicanos debemos aprovechar la amarga lección que encierra la tragedia de los tarahumaras. Tenemos que entender que su miseria no es más que una parte (y no la mayoritaria, por cierto) de la miseria que afecta a más del 50 por ciento de la población del país, y saber, además, que la brecha que separa a los mexicanos más ricos de los más pobres, lejos de reducirse al paso de los años se ha ahondado peligrosamente, según dicen los organismos internacionales que monitorean la economía mundial. Por eso, hoy que se avecinan elecciones presidenciales, es hora de que quienes aspiran a gobernar al país abandonen de una vez por todas las frasecitas trilladas y supuestamente “ingeniosas”, que nada dicen y a nada comprometen; que dejen atrás la demagogia barata que busca votos apelando al sentimentalismo y no a la inteligencia de la parte más atrasada de nuestro pueblo; que salgan de los lugares comunes y de las generalidades huecas “que a todos gustan y a nadie lastiman”, y digan con toda claridad, precisión y puntualidad, qué van a hacer para combatir en serio la miseria de las mayorías, que tan bien ilustra el caso de los tarahumaras; qué política económica van a  aplicar para que el país crezca, genere empleos bien pagados, produzca más riqueza y la distribuya mejor entre todos sus hijos. ¡Ya basta de poses de vedette que promueve productos “de belleza” en televisión! ¡Ya basta de ver en la desgracia de los desamparados una simple oportunidad para sacarse la foto repartiendo baratijas a los damnificados! Este país ya maduró, ya salió de la adolescencia y se hizo adulto, y exige, en consecuencia, políticos adultos, responsables de sus actos y de sus ofrecimientos ante el insobornable tribunal del pueblo.

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Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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