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El país debe aprender de la tragedia de los tarahumaras Por Aquiles Córdova

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Sé que a mí no se me da el arte de las plañideras, es decir, que no tengo aptitud para fingir pena o dolor profundos que no sienta verdaderamente. A pesar de ello, creo mi deber decir públicamente que el suplicio que están viviendo más de 100 mil mexicanos de la etnia rarámuri, los llamados “tarahumaras”, asentados en la parte más inaccesible e inhóspita de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, es realmente desgarradora, espantosa y, por eso mismo, increíble, difícil de aceptar para un ser humano del siglo XXI, en cualquier parte del planeta en que viva. Visto aisladamente, como gesto de solidaridad humana, nada tengo que objetar al operativo que se ha montado a toda prisa por el Gobierno federal, a través del Ejército Mexicano, por la jerarquía católica de Chihuahua y por la Cruz Roja Mexicana en representación de la sociedad civil, para llevar alimento, ropa de abrigo y medicinas a esos mexicanos humildes. Y menos aún tengo que objetar a la generosidad del pueblo de México que, con sus donativos generosos, ha acudido sin demora y sin regateos al rescate de sus hermanos en desgracia. Es más, el mérito del auxilio popular es mayor aún, si se tiene en cuenta que no es la primera ni la única vez que ha tenido que hacerlo en los últimos años.

      Pero me parece que sí hay cosas qué decir, y muchas, sobre el manejo que están dando a la crisis los medios de información, con la televisión a la cabeza; los personeros de los gobiernos de Chihuahua y de la República y varios políticos profesionales de distinto pelaje ideológico. En primer lugar, como si se hubiesen puesto de acuerdo, todos coinciden en el carácter “coyuntural”, eventual, casi accidental dirían algunos, de la hambruna que azota a los rarámuris, ya que la causa de la misma es, según ellos, la tremenda sequía “atípica” (la mayor en 100 años, dicen) que azota a más de la mitad del territorio nacional. En segundo lugar, es evidente el empeño en sembrar la idea de que el desastre está rigurosamente circunscrito a los tarahumaras; en el resto del país la situación es notablemente distinta y mucho mejor. En tercer lugar, se trata de hacer creer al país que, para resolver el desastre humanitario así acotado, lo único que se requiere es que fluya en cantidad suficiente el donativo de víveres, abrigo, agua y medicinas, es decir, que el reto es únicamente impedir que alguien muera de hambre o de frío en esta emergencia. En cuarto y último lugar, ante el dato duro de que la ayuda humanitaria no cubre ni siquiera el 50 por ciento del total de la población afectada, se pretende justificar tal insuficiencia alegando lo inaccesible e incomunicado de la zona y el atavismo cultural del tarahumara, que se niega a abandonar sus cuevas para asentarse en un sitio mejor.

      Pero nada de esto es cierto, o, mejor dicho, nada es exactamente así. Primero, el hambre de los tarahumaras sólo debe a la sequía “atípica” su acmé, sólo su actual agudización extrema, pero no su existencia misma, pues todos sabemos que esa miseria humana y social (de ése y de todos los grupos indígenas del país) vienen de muy atrás, que han existido desde siempre, desde que la conquista española los despojó de sus recursos naturales, de sus tierras, sus bosques y sus manantiales, y los redujo a la condición de esclavos y mendigos en su propia tierra. Y que 200 años de independencia y de “progreso” no han sido capaces de modificar, ni en un pelo siquiera, esa vergonzosa situación. Segundo, el abandono y la marginación que hoy hacen crisis en la tarahumara, no son exclusivas de esa región ni de esa etnia; existen en todo el territorio nacional y azotan por igual a indígenas y no indígenas, es decir, a todo aquel mexicano que, por carecer de empleo, de un salario digno o de una fuente de ingresos segura y legítima, se ve obligado a vegetar en la misma mugre, ignorancia, insalubridad, falta de vivienda y de alimento que sus hermanos rarámuris. Tercero, visto el problema en su verdadera dimensión y profundidad, resulta ridículo plantear a la nación que la solución está en donar un poco más de arroz, de frijol, de ropa o de medicinas a los necesitados; y también resulta grotesco, en cuarto lugar, culpar por la insuficiencia de la ayuda a la falta de vías de comunicación expeditas o al atavismo social y cultural de los tarahumaras. El más elemental razonamiento dice a las claras que ni el incremento de las cantidades de víveres y otros insumos donados por la población, por grande que sea, ataca el problema en su raíz y no es, por tanto, la solución de fondo, ni el atavismo cultural de ese pueblo puede ser la causa de que no cuente con buenas vías  de comunicación, agua, drenaje, vivienda, escuelas, hospitales, abasto suficiente y barato y fuentes de trabajo seguro y bien remunerado. Es obvio que la verdad es exactamente la contraria: es la falta de esos servicios, es el innegable y criminal abandono en que los han tenido los distintos gobiernos de los tres niveles, lo que determina y explica su conformismo, su falta de ambición por una vida mejor.

      Los mexicanos debemos aprovechar la amarga lección que encierra la tragedia de los tarahumaras. Tenemos que entender que su miseria no es más que una parte (y no la mayoritaria, por cierto) de la miseria que afecta a más del 50 por ciento de la población del país, y saber, además, que la brecha que separa a los mexicanos más ricos de los más pobres, lejos de reducirse al paso de los años se ha ahondado peligrosamente, según dicen los organismos internacionales que monitorean la economía mundial. Por eso, hoy que se avecinan elecciones presidenciales, es hora de que quienes aspiran a gobernar al país abandonen de una vez por todas las frasecitas trilladas y supuestamente “ingeniosas”, que nada dicen y a nada comprometen; que dejen atrás la demagogia barata que busca votos apelando al sentimentalismo y no a la inteligencia de la parte más atrasada de nuestro pueblo; que salgan de los lugares comunes y de las generalidades huecas “que a todos gustan y a nadie lastiman”, y digan con toda claridad, precisión y puntualidad, qué van a hacer para combatir en serio la miseria de las mayorías, que tan bien ilustra el caso de los tarahumaras; qué política económica van a  aplicar para que el país crezca, genere empleos bien pagados, produzca más riqueza y la distribuya mejor entre todos sus hijos. ¡Ya basta de poses de vedette que promueve productos “de belleza” en televisión! ¡Ya basta de ver en la desgracia de los desamparados una simple oportunidad para sacarse la foto repartiendo baratijas a los damnificados! Este país ya maduró, ya salió de la adolescencia y se hizo adulto, y exige, en consecuencia, políticos adultos, responsables de sus actos y de sus ofrecimientos ante el insobornable tribunal del pueblo.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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