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Arraigan a 64 policías por vínculos con el narco en La Laguna

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64 policías preventivos de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo fueron arraigados para seguir con la indagatoria por sus presuntos nexos con grupos del crimen organizado.policia preventiva

Arraigaron a 64 policías preventivos en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, para seguir las indagatorias por preseuntos vínculos con grupos de crimen organizado

Un comunicado la Fiscalía General del estado indicó que otros 91 empleados de las corporaciones municipales quedaron en libertad, ya que no se contaba con elementos para que continuaran bajo investigación.

Algunos de ellos no aprobaron los exámenes de control y confianza, mientras que otros que hacían labores policiacas deberían aún participar en un curso de capacitación y adiestramiento requerido para la renovación de la licencia colectiva de portación y uso de armas de fuego, según las disposiciones legales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Fiscalía precisó que en virtud de los acuerdos firmados con los ayuntamientos antes mencionados, las corporaciones municipales quedarán bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La dependencia agregó que de las 158 personas que el viernes pasado fueron trasladadas a la ciudad de Durango para comparecer por los mismos hechos, cuatro ya están a disposición de un juez penal en cumplimiento a una orden de aprehensión.

El arraigo contra los 64 policías fue concedido por el juez penal en turno y otorga un plazo de 30 días, el cual podría duplicarse de ser necesario. Sin embargo, si antes de ese tiempo la autoridad cuenta con elementos, podrá ejecutar acción penal

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México

ONU advierte posibles crímenes de lesa humanidad por desapariciones en México

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Ciudad de México.— El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada advirtió que la magnitud y los patrones de desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que generó el rechazo del Gobierno federal, que calificó el informe como tendencioso y carente de rigor jurídico.

De acuerdo con el organismo, México concentra el 38 por ciento de las acciones urgentes a nivel mundial en esta materia, con 819 casos registrados entre 2012 y febrero de 2026. En ese periodo se suman 40 nuevas solicitudes presentadas en los últimos cinco meses. El comité también señaló la existencia continua de fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, la mayoría sin identificar.

El informe precisa que no hay evidencia de una política federal deliberada para llevar a cabo desapariciones; sin embargo, advierte que algunos casos apuntan a la participación o complicidad de funcionarios públicos con grupos delictivos.

En respuesta, el Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, sostuvo que el documento omite los avances institucionales y reformas impulsadas en la actual administración. Además, señaló que el análisis se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que no refleja la situación actual del país.

Las autoridades también criticaron que el comité no consideró información actualizada enviada el 27 de marzo y denunciaron un posible conflicto de interés, al señalar que al menos uno de los redactores del informe ha colaborado con organizaciones que han litigado contra el Estado mexicano.

El Gobierno reiteró que no se toleran ni se ordenan desapariciones en el país.

La solicitud del grupo de expertos fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que sea remitida de manera urgente a la Asamblea General para determinar posibles acciones de apoyo. Hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones al respecto.

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