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Política

Aprueban diputados en lo particular la Ley contra la Trata de Personas

 

Finalmente concluyó el proceso legislativo para aprobar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Este jueves, se llevo a cabo la votación en lo particular que fue suspendida en dos ocasiones, la primera por falta de quórum y la segunda por el sismo del pasado martes.

Sin discusión, se realizó la votación de la nueva legislación que será enviada al Senado de la República, y la cual impone penas de hasta 40 años de prisión a quienes realicen actos de explotación o abuso sexual en contra de menores de 18 años y crea un fondo para la atención de victimas.

El objetivo de esta ley es reglamentar el artículo 73 constitucional, para establecer las competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales.

Asimismo abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La nueva ley establece que el padre, madre, tutor o persona con autoridad que entregue de forma ilegal, ilícita, irregular o mediante adopción a una persona menor de 18 años para que sea abusada o explotada sexualmente se le impondrá una pena de 20 a 40 años de cárcel y de 2 mil a 20 mil días de multa.

Asimismo, especifica que se impondrán de cinco a 15 años de cárcel y de mil a 20 mil días de multa al que enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue a una persona con fines de explotación.

Lo anterior, también aplicará a quien someta a una persona a esclavitud, condición de siervo, prostitución forzada, explotación sexual y laboral, emplee a menores de 18 años en actividades delictivas, adopción irregular de personas, matrimonios forzosos para tráfico de órganos.

Entre muchos otros, el dictamen otorga el derecho a la reparación del daño, entendido como la obligación del Estado y de los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma, o vuelvan a ser sujetas de los delitos materia de la ley.

 

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Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar toma control de la AALMAC en Chihuahua: ¿municipalismo progresista o plataforma electoral?

En plena recta final de su administración y en medio de especulaciones sobre su futuro político, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, asumió este viernes la coordinación estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) en Chihuahua. El acto, realizado en un evento oficial con presencia de representantes municipales de todo el estado, marca un nuevo escalón en la proyección regional del edil fronterizo.

Con más de 25 años de existencia y más de mil gobiernos locales afiliados, la AALMAC se define como la voz del municipalismo progresista en México. Pero más allá del discurso, la organización ha servido en los hechos como plataforma de articulación política entre alcaldes de izquierda —especialmente de Morena—, con el objetivo de ganar peso frente a los gobiernos estatales y federales, negociar presupuestos y empujar reformas legislativas.

Durante la toma de protesta, se presentó la Coordinadora Estatal de la AALMAC en Chihuahua, que según sus promotores buscará ser un espacio de diálogo y colaboración para enfrentar problemáticas comunes como seguridad, infraestructura y servicios públicos. Nada que no se haya dicho antes en cada cumbre municipalista… pero con un giro: esta vez, con Pérez Cuéllar al mando.

El edil juarense, que también funge como vicepresidente nacional de la asociación, no perdió la oportunidad para enviar un mensaje de ambición política disfrazado de visión regional. “Los desafíos más urgentes del país también se enfrentan desde los municipios”, dijo, dejando claro que, aunque sus facultades son locales, su mirada está más allá de la frontera de Ciudad Juárez.

Entre los logros que presume la AALMAC están las compras consolidadas, inversiones en plantas de tratamiento, rellenos sanitarios y reformas legislativas que —según ellos— han impactado positivamente a los municipios. Sin embargo, fuera del círculo político, muchos de estos avances son poco visibles para la ciudadanía, y en algunos casos, apenas en etapa de promesa.

En contexto electoral, el ascenso de Pérez Cuéllar como coordinador estatal de esta organización no pasa desapercibido. Con las elecciones de 2027 en el horizonte y una creciente exposición nacional, el movimiento no solo fortalece su liderazgo entre alcaldes de Morena, sino que lo posiciona como un actor clave dentro del reacomodo de poder en Chihuahua.

La pregunta es clara: ¿la AALMAC en el estado será un verdadero motor de coordinación municipal o una plataforma más para la promoción de figuras políticas? Mientras los municipios siguen enfrentando carencias en seguridad, agua, basura y servicios públicos, las respuestas deberán ir más allá de los discursos. Y rápido.

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