Política

Aprueban diputados en lo particular la Ley contra la Trata de Personas

Finalmente concluyó el proceso legislativo para aprobar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Este jueves, se llevo a cabo la votación en lo particular que fue suspendida en dos ocasiones, la primera por falta de quórum y la segunda por el sismo del pasado martes.

Sin discusión, se realizó la votación de la nueva legislación que será enviada al Senado de la República, y la cual impone penas de hasta 40 años de prisión a quienes realicen actos de explotación o abuso sexual en contra de menores de 18 años y crea un fondo para la atención de victimas.

El objetivo de esta ley es reglamentar el artículo 73 constitucional, para establecer las competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales.

Asimismo abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La nueva ley establece que el padre, madre, tutor o persona con autoridad que entregue de forma ilegal, ilícita, irregular o mediante adopción a una persona menor de 18 años para que sea abusada o explotada sexualmente se le impondrá una pena de 20 a 40 años de cárcel y de 2 mil a 20 mil días de multa.

Asimismo, especifica que se impondrán de cinco a 15 años de cárcel y de mil a 20 mil días de multa al que enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue a una persona con fines de explotación.

Lo anterior, también aplicará a quien someta a una persona a esclavitud, condición de siervo, prostitución forzada, explotación sexual y laboral, emplee a menores de 18 años en actividades delictivas, adopción irregular de personas, matrimonios forzosos para tráfico de órganos.

Entre muchos otros, el dictamen otorga el derecho a la reparación del daño, entendido como la obligación del Estado y de los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma, o vuelvan a ser sujetas de los delitos materia de la ley.

Política

PAN critica a gobernador de BCS por propuestas de estatización bancaria

El diputado Héctor Saúl Téllez, responsable del área económica de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), calificó de “irresponsables” las declaraciones del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, quien sugirió la posibilidad de estatizar la banca en el estado. Téllez argumentó que Castro no presentó un plan concreto, sino que realizó una amenaza disfrazada de doctrina, al proponer que el Estado “vaya quitándole lo privatizado” y que los bancos “vuelvan a ser nacionales”.

El legislador criticó que el mandatario estatal, perteneciente al partido Morena, no contara con facultades para llevar a cabo tales acciones, ni presentara cifras o un esquema de financiamiento. “Es toda una irresponsabilidad del gobernador”, afirmó Téllez, quien también destacó la contradicción en las acciones del gobierno, que se sienta a dialogar con los bancos mientras al mismo tiempo plantea la expropiación de estos.

“Es el representante de un gobierno que, cada diciembre, pide cientos de millones de pesos a la banca comercial para tapar su falta de liquidez, y ahora sueña con estatizar a su propio acreedor”, criticó el diputado. Téllez expresó su preocupación por el mensaje que se envía a los inversionistas y al sector turístico, fundamentales para la economía de Baja California Sur, al mencionar la posibilidad de “apropiar” bienes.

El parlamentario recordó que en 1982 se llevó a cabo una estatización de la banca que resultó en un fracaso, dejando al Estado con deudas y propiedades que posteriormente tuvieron que ser reprivatizadas. “Castro evoca ese fracaso, como si fuera un pendiente heroico”, lamentó Téllez, quien también subrayó que la Constitución mexicana, en su artículo 28, impide la nacionalización de la banca sin una reforma previa.

Las declaraciones del gobernador han generado un amplio debate sobre el futuro de la economía en Baja California Sur y la viabilidad de sus propuestas, en un contexto donde la inversión y el turismo son pilares fundamentales para el desarrollo del estado.