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Política

Exigen diputados castigo a secuestradores en caso Cassez

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Ciudad de México • Diputados federales del PRI y del PRD demandaron justicia y legalidad en el caso de Florence Cassez, a fin de que se castigue tanto a los responsables de secuestro, como a los funcionarios que avalaron el montaje de un supuesto operativo policiaco para capturar a la ciudadana francesa.

“No hay disyuntiva”, puntualizó el perredista Guadalupe Acosta, presidente de la Cámara de Diputados, al advertir que unos y otros deben ser sujetos a sanción.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Francisco Rojas, remarcó a su vez la necesidad de exigir dos cosas al mismo tiempo:

“Que haya justicia y que haya legalidad, porque las dos son complementarias; no puede haber justicia sin legalidad, y si no hay legalidad, tampoco se puede hacer justicia”.

Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, confió en el profesionalismo de la ministra Olga Sánchez Cordero para presentar un nuevo proyecto bajo esos principios.

“Esperemos ahora que esto se haga lo más pronto posible y que la respetabilísima ministra Olga Sánchez Cordero pueda arribar a un nuevo dictamen rápidamente para avanzar en esta necesidad que tenemos todos los mexicanos de que haya justicia, y justicia para todos, para las víctimas y para los que son incriminados injustamente”, puntualizó.

El también priista Humberto Benítez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, indicó:

“Estoy de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte; que se le respeten las reglas del debido proceso a Florence Cassez y se le vuelva a juzgar, y se le imponga sentencia, porque hay indicios de que sí es responsable, tiene imputaciones directas, y en segundo lugar, que se les aplique todo el rigor de la ley a los funcionarios públicos que incurrieron en responsabilidades administrativas y penales”.

Por separado, los legisladores petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia anticiparon la presentación de una denuncia penal contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como presunto responsable del montaje del caso Cassez, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigación.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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