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Política

Exigen diputados castigo a secuestradores en caso Cassez

Ciudad de México • Diputados federales del PRI y del PRD demandaron justicia y legalidad en el caso de Florence Cassez, a fin de que se castigue tanto a los responsables de secuestro, como a los funcionarios que avalaron el montaje de un supuesto operativo policiaco para capturar a la ciudadana francesa.

“No hay disyuntiva”, puntualizó el perredista Guadalupe Acosta, presidente de la Cámara de Diputados, al advertir que unos y otros deben ser sujetos a sanción.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Francisco Rojas, remarcó a su vez la necesidad de exigir dos cosas al mismo tiempo:

“Que haya justicia y que haya legalidad, porque las dos son complementarias; no puede haber justicia sin legalidad, y si no hay legalidad, tampoco se puede hacer justicia”.

Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, confió en el profesionalismo de la ministra Olga Sánchez Cordero para presentar un nuevo proyecto bajo esos principios.

“Esperemos ahora que esto se haga lo más pronto posible y que la respetabilísima ministra Olga Sánchez Cordero pueda arribar a un nuevo dictamen rápidamente para avanzar en esta necesidad que tenemos todos los mexicanos de que haya justicia, y justicia para todos, para las víctimas y para los que son incriminados injustamente”, puntualizó.

El también priista Humberto Benítez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, indicó:

“Estoy de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte; que se le respeten las reglas del debido proceso a Florence Cassez y se le vuelva a juzgar, y se le imponga sentencia, porque hay indicios de que sí es responsable, tiene imputaciones directas, y en segundo lugar, que se les aplique todo el rigor de la ley a los funcionarios públicos que incurrieron en responsabilidades administrativas y penales”.

Por separado, los legisladores petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia anticiparon la presentación de una denuncia penal contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como presunto responsable del montaje del caso Cassez, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigación.

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Política

Aprueba Congreso reforma sobre responsabilidades por sobrecarga vehicular

Aprueba Congreso reforma sobre responsabilidades por sobrecarga vehicular

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Transporte, con 33 votos a favor, que busca establecer responsabilidades más claras en casos de sobrecarga en vehículos de transporte. La iniciativa fue presentada por la diputada Joss Vega, quien destacó la importancia de que los propietarios o responsables de los lugares de carga también asuman las consecuencias cuando se excedan los límites de peso permitidos.

Durante la presentación del dictamen, la legisladora explicó que la reforma tiene como objetivo garantizar que tanto los operadores de los vehículos como los responsables de las instalaciones donde se realiza la carga excesiva compartan la responsabilidad en caso de que se produzcan incidentes relacionados con el exceso de peso. “Con esta reforma buscamos que exista una responsabilidad más clara y justa, porque cada quien debe responder por la parte que le corresponde. No podemos dejar toda la responsabilidad en el operador cuando el exceso de peso puede generarse desde el lugar donde se carga la mercancía”, afirmó Vega.

Además, la diputada subrayó que esta modificación representa un avance significativo en materia de seguridad vial y conservación de la infraestructura carretera. La reforma contribuirá a prevenir accidentes ocasionados por vehículos que circulan con sobrepeso, así como a proteger las carreteras y puentes del deterioro que puede causar la sobrecarga.

Joss Vega también reconoció el apoyo de las distintas fuerzas políticas en el Congreso para la aprobación unánime del dictamen, resaltando que se trata de una modificación que atiende una problemática concreta y que fortalece la seguridad y la responsabilidad en las actividades de transporte. Con esta reforma, se espera mejorar las condiciones de seguridad en las vías de comunicación del estado y fomentar una mayor responsabilidad entre los actores involucrados en el transporte de mercancías.

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