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Sólo el 30 por ciento de los mexicanos tiene acceso a Internet

El compendio de indicadores obtenido de fuentes públicas divulgado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) indica que ocho millones 400 mil de hogares en México tienen computadoras y que este país ocupa el penúltimo lugar en posesión de celulares.

Mariano Gambo Zúñiga, coordinador de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del organismo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) explicó que en ese documento se establece que México está en el sitio 35 de 70 países en el rubro de políticas de gobierno y visión en materia de las TIC.

Destacó la importancia del compendio titulado White Paper TIC-México 2011 pues servirá para que los empresarios, el gobierno y el sector académico, entre otros tomadores de decisiones, tengan un panorama general de esa industria en México y de esa manera corregir el rumbo.

Expuso que tomando como base la información contenida en el estudio del Cinvestav los empresarios sabrán hacia dónde va la tendencia en los mercados, cuáles son los nichos más dinámicos o los que están despuntando, en tanto que el gobierno conocerá sus áreas débiles y el sector académico los recursos humanos requiere el país.

El investigador mencionó que en el documento se hizo una radiografía del país en cuanto a las TIC, además de que ofrece estadísticas y datos duros sobre el desarrollo y la apropiación del acceso a internet, las suscripciones a banda ancha y a la televisión restringida, así como aspectos relacionadas con la piratería.

Entre los datos duros destacó que en México sólo ocho millones 400 mil de los 28 millones de hogares tienen computadora.

De igual forma, la mayor parte de esas unidades están en los centros de trabajo y no todas tienen conexión a Internet.

‘Esto nos da un panorama de lo que sucede en un país con 50 millones de pobres que no pueden adquirir una computadora o no tienen la necesidad de hacerlo. Hay muchos rezagos que se traducen en los indicadores que miden al país y nos dejan mal posicionados’, resaltó.

En su oportunidad Luis Landa Fournais, ex colaborador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), urgió a abatir el alto precio de la interconexión y la baja velocidad de ésta.

También es necesario elevar la penetración de la tecnología de banda ancha, erradicar las prácticas monopólicas en el sector, reforzar el marco legal y fortalecer las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El diplomático, quien ayudó a elaborar el documento, destacó que después del sector energético las TIC es el segmento más atractivo como palanca de desarrollo para un país.

Comentó un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que revela que México pierde 1.8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) por falta de competitividad en telecomunicaciones.

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México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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