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Democracia con justicia para la libertad por Javier Corral Jurado

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Tras un largo, penoso y desgastante proceso para seleccionar a los candidatos al Senado en Chihuahua, Acción Nacional finalmente tomó decisiones muy difíciles, pero muy aleccionadoras para todos los que participamos en esta contienda.
Por supuesto, la más importante decisión fue la de anular el proceso y no reconocerlo como válido, toda vez que logramos acreditar varias de las causales que dentro de nuestra reglamentación interna son motivo para anular una elección.

La resolución de la Comisión Nacional de Elecciones está sustentada en una razón jurídica, una verdad legal: la demostración de prácticas totalmente contrarias a nuestros principios de doctrina, a nuestros estatutos que versa precisamente sobre la nulidad de la votación recibida en los centros de votación, particularmente en los municipios de Juárez, Delicias y Chihuahua, en virtud de las irregularidades graves, que en el propio recurso fueron denunciadas y acreditan la inducción del voto a través del traslado de votantes, la compra de votos, así como la promesa de entrega de dádivas, como lo es las despensas.

Y fue tal el cochinero que los tres precandidatos impugnamos, en un caso inaudito los que ahora se sienten sorprendidos por la resolución de la Comisión, también se impugnaron entre sí varios centros de votación. Lo que no han dicho ante la opinión pública, es que sus impugnaciones se acumularon en mi favor.

Ninguna de estas conductas me fue imputada a mi, ni por mis competidores internos, mucho menos por la CNE. Claramente la resolución señala que  «la conducta antijurídica cometida por los precandidatos Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel Baquera señalados en el presente asunto como responsables de la comisión de actos graves y contrarios a lo establecido en el Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular, así como en la Convocatoria para la Selección de la Fórmula de Senadores por el Principio de Mayoría Relativa por el estado de Chihuahua, el numeral 22 establece que queda prohibido para los precandidatos:

“22.-…
a)La entrega de recursos en efectivo, bienes de consumo o de servicio a los electores. La Comisión Nacional de Elecciones señalará en las Normas Complementarias las excepciones para la entrega de bienes de consumo, que por su valor y naturaleza no representen un riesgo a la equidad de la elección:
b) El pago de cuotas, viáticos o transporte para actos del Partido o de la Precampaña;
c) Los actos de condicionamiento de un empleo, servicio o crédito, a cambio de la obtención del voto.
d) Ejercer cualquier acción indebida que tenga por objeto inducir a los electores;
…”.

Las afirmaciones anteriores no se sacaron de la manga, ni son fruto de la inventiva, constituyen el análisis del caudal probatorio que en menos de 48 horas pudimos reunir para acreditar esas conductas. Tan es así que el resolutivo de la comisión señala que: “Resulta evidente del cúmulo de documentales públicas y privadas y medios magnéticos que se aportaron como pruebas que en efecto acreditan que se realizaron prácticas que son consideradas ilegales dentro de nuestro marco normativo interno, como lo es el manejo de voto “corporativo” esto es la movilización de grandes grupos de gente con el propósito de votar en un sentido para apoyar a un precandidato; asimismo, es evidente y causa convicción a esta sala las pruebas visuales que se exhibieron como las distintas video filmaciones en donde se destaca coacción del voto durante la jornada electoral del 19 de febrero de 2012, en diversos centros de votación donde se aprecia con claridad que fueron entregadas cantidades de dinero en efectivo, así como productos, los cuales señalan que fueron despensas, después de haber sufragado”.

Por ello he dicho que en estas condiciones no había otra acción posible que lo que ha resuelto la Comisión Nacional de Elecciones: anular todo el proceso; la anulación es un acto de justicia a nuestro caso, entraña un gran mensaje del Partido Acción Nacional, pues acredita públicamente un deslinde con esas prácticas indebidas y sanciona las ambiciones desmedidas que han arriesgado innecesariamente la imagen de nuestra institución, a la que tanto queremos, porque tanto ha dado a México y tanto nos ha costado.

Anular un proceso como el de Chihuahua reivindica los principios y los valores de la lucha histórica del PAN por darnos procesos democráticos y elecciones libres; es un refrendo a la cultura de la legalidad en la que nos hemos empeñado, y es un triunfo de las voces múltiples que con todo valor y determinación se manifestaron en contra de ese proceso fraudulento.

En más de un sentido, y sobre todo por el complicado momento que vivimos, la anulación del proceso panista en Chihuahua es una esperanza para todo el panismo del país, pues por un lado reafirma la institucionalidad democrática de Acción Nacional, la eficacia de sus cauces internos para quien quiera usarlos y coloca un antecedente fundamental para el correcto desarrollo, el debido cuidado y limpieza con que deben realizarse los futuros procesos eleccionarios internos. El antecedente debe ser claro y no debemos regatearle su significado en términos de la opinión pública: quien coloque en el acarreo y la compra del voto su estrategia para ganar una elección, no debe tener éxito en el Partido.

Para el panismo de Chihuahua es una reivindicación de su exigencia de limpieza y respeto a su auténtica voluntad de elegir en libertad a sus candidatos y no permitir que el PRI los ponga a su comodidad; esa voluntad que fue brutalmente distorsionada por el acarreo masivo, la compra y coacción del voto, así como por la estrategia fraudulenta de cambiar a última hora la ubicación de decenas de casillas en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Para los jóvenes de Chihuahua, y de todo México, es un mensaje de aliento, sobre todo para aquellos que han perdido la esperanza en el triunfo de las causas justas, que ya no confían en que rinda frutos el trabajo basado en la constancia, en los principios y valores; al final de la jornada prevalece la verdad, la razón y se hace justicia.

El penoso episodio electoral Chihuahuense urge al Partido a entrar en una profunda reflexión no sólo sobre el diseño institucional de sus procesos eleccionarios, claramente agotado, sino sobre todo en términos del evidente deterioro ético y moral que permite este tipo de conductas en no pocos actores políticos, y la impunidad que los prohíja.  El Presidente Felipe Calderón  ha dicho que la impunidad carcome las condiciones de desarrollo integral del ser humano. «Porque la impunidad es el estímulo más poderoso,  el incentivo más destructivo e interminable, que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique».

En este sentido la decisión de anular ataja esa cultura de impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.

Agradezco a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que de manera amplia y libre, votaron a favor de mi candidatura al Senado y me han colocado en el primer lugar de la fórmula. Estoy convencido que el partido también envía un mensaje a la comunidad a través de mi postulación, de que se resarce a los que hacen las cosas bien, y que también para nosotros hay cabida. Les aseguro, que fuera de la inventiva o la calumnia, nadie podrá recriminarme que actué mal durante la precampaña: jugué limpio y me apegué a las reglas y a la convocatoria. De lo único que me han acusado mis competidores internos es de haber acudido a los medios de comunicación para denunciar lo que miles de chihuahuenses vieron con sus propios ojos.

Digo con toda claridad que si no fuera por el insultante acarreo de mis competidores, ninguno de los dos hubiera obtenido la libre votación que obtuve, e incluso, yo hubiera obtenido muchos más votos en Juárez, pero el acarreo impidió y desanimó a muchos votantes de buena fe. Y hay un dato que he compartido con el Comité Ejecutivo Nacional como criterio orientador de su decisión: entre la militancia quedé en primer lugar, pues gané la mayoría de los centros de votación que se instalaron en los Comités Municipales del PAN, ahí donde sólo podían votar los miembros activos del partido, y donde obviamente no se podía dar el acarreo, esos municipios representan el 80% del padrón interno.

Está el acta de cómputo de los resultados en los CDM’s donde sí había urnas separadas, que suman un total de 4057 votos totales incluyendo 108 nulos. El número de miembros activos que votaron para elegir a los diputados plurinominales fue de 5674.
La diferencia son 1617 votos de activos que se depositaron en la urna común, ciudadanos y activos y por tanto es imposible saber el resultado del 100% de los CDM´s. Pero sí podemos establecer que la votación máxima es la misma que la de los diputados o sea 5674 votos de miembros activos de un total de 16230. Obtuve el 41.4% de la votación, Borruel el 35.7%, y Pérez Cuellar el 21.2 %. Gané los comités municipales más importantes del Estado, entre ellos los de Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua.

Pero está el otro asidero: en todas las encuestas de preferencia que se hicieron en Chihuahua, incluidos los sondeos de opinión, nunca fue otro el orden de preferencias, pero sí mucho más amplia mi ventaja frente a ellos.

Estoy seguro que en su gran mayoría el panismo de Chihuahua ve una justicia completa con la decisión de reconocer la legitimidad de mi candidatura. Sé que hay voces que advierten que en Chihuahua la unidad del partido se podrá fracturar; que Borruel y Pérez Cuellar complicarán el ambiente interno con mi candidatura; nadie da lo que no tiene, y lo único que no tienen hoy, ninguno de los dos, es credibilidad. La unidad del partido en Chihuahua está fracturada, pero no por mí, sino por el fraude que vieron miles de panistas.

Estoy listo para dar una campaña vigorosa, propositiva, llena de ideas y soluciones a los graves problemas que enfrenta Chihuahua y nuestro país;  puedo darle el debate con toda fuerza y sin ningún titubeo a nuestros adversarios, sin vergüenza alguna, y tengan la seguridad de que pondré mi mayor desempeño como parlamentario formado en las filas de Acción Nacional, para quien siempre ha sido mi única, pero incondicional lealtad.

Guardo una enorme gratitud hacia todos los que durante esta larga y ardua jornada  han mantenido una fe inquebrantable en nuestra causa de dignificación y reivindicación de Acción Nacional. A todo mi equipo de trabajo por su solidaridad y apoyo incondicional. A los intelectuales que apoyaron abierta y públicamente mi exigencia de nulidad del proceso y  respaldaron mi candidatura.

Como se sabe, tanto Carlos Borruel como Cruz Perez Cuellar han interpuesto recursos de impugnación a la nulidad de la elección, bajo el argumento que controvierte mas que el fondo de la resolución, la forma y el método de las conclusiones en esta expuestas, acusan una debilidad en la motivación y fundamentación .  En mi carácter de tercero interesado he dado puntual respuesta a todos y cada uno de los argumentos.

Sin embargo, no estará firme la decisión de la CNE ni mi candidatura hasta que la Sala Regional del TRIFE con sede en Guadalajara resuelva en definitiva los escritos de impugnación. Confío en que la autoridad electoral también me dará la razón, y se haga justicia; también  en esa instancia.

POSDATA: De confirmarse mi candidatura al Senado por el TRIFE, ha aceptado acompañarme como candidata suplente Silvia Martinez de Luján, mujer capaz,  de enorme vocación en el servicio a los demás,  y una panista formada en el ideal de incuestionable honestidad.  Desde aquí le agradezco su generosa respuesta.

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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