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Opinión

Democracia con justicia para la libertad por Javier Corral Jurado

Tras un largo, penoso y desgastante proceso para seleccionar a los candidatos al Senado en Chihuahua, Acción Nacional finalmente tomó decisiones muy difíciles, pero muy aleccionadoras para todos los que participamos en esta contienda.
Por supuesto, la más importante decisión fue la de anular el proceso y no reconocerlo como válido, toda vez que logramos acreditar varias de las causales que dentro de nuestra reglamentación interna son motivo para anular una elección.

La resolución de la Comisión Nacional de Elecciones está sustentada en una razón jurídica, una verdad legal: la demostración de prácticas totalmente contrarias a nuestros principios de doctrina, a nuestros estatutos que versa precisamente sobre la nulidad de la votación recibida en los centros de votación, particularmente en los municipios de Juárez, Delicias y Chihuahua, en virtud de las irregularidades graves, que en el propio recurso fueron denunciadas y acreditan la inducción del voto a través del traslado de votantes, la compra de votos, así como la promesa de entrega de dádivas, como lo es las despensas.

Y fue tal el cochinero que los tres precandidatos impugnamos, en un caso inaudito los que ahora se sienten sorprendidos por la resolución de la Comisión, también se impugnaron entre sí varios centros de votación. Lo que no han dicho ante la opinión pública, es que sus impugnaciones se acumularon en mi favor.

Ninguna de estas conductas me fue imputada a mi, ni por mis competidores internos, mucho menos por la CNE. Claramente la resolución señala que  «la conducta antijurídica cometida por los precandidatos Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel Baquera señalados en el presente asunto como responsables de la comisión de actos graves y contrarios a lo establecido en el Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular, así como en la Convocatoria para la Selección de la Fórmula de Senadores por el Principio de Mayoría Relativa por el estado de Chihuahua, el numeral 22 establece que queda prohibido para los precandidatos:

“22.-…
a)La entrega de recursos en efectivo, bienes de consumo o de servicio a los electores. La Comisión Nacional de Elecciones señalará en las Normas Complementarias las excepciones para la entrega de bienes de consumo, que por su valor y naturaleza no representen un riesgo a la equidad de la elección:
b) El pago de cuotas, viáticos o transporte para actos del Partido o de la Precampaña;
c) Los actos de condicionamiento de un empleo, servicio o crédito, a cambio de la obtención del voto.
d) Ejercer cualquier acción indebida que tenga por objeto inducir a los electores;
…”.

Las afirmaciones anteriores no se sacaron de la manga, ni son fruto de la inventiva, constituyen el análisis del caudal probatorio que en menos de 48 horas pudimos reunir para acreditar esas conductas. Tan es así que el resolutivo de la comisión señala que: “Resulta evidente del cúmulo de documentales públicas y privadas y medios magnéticos que se aportaron como pruebas que en efecto acreditan que se realizaron prácticas que son consideradas ilegales dentro de nuestro marco normativo interno, como lo es el manejo de voto “corporativo” esto es la movilización de grandes grupos de gente con el propósito de votar en un sentido para apoyar a un precandidato; asimismo, es evidente y causa convicción a esta sala las pruebas visuales que se exhibieron como las distintas video filmaciones en donde se destaca coacción del voto durante la jornada electoral del 19 de febrero de 2012, en diversos centros de votación donde se aprecia con claridad que fueron entregadas cantidades de dinero en efectivo, así como productos, los cuales señalan que fueron despensas, después de haber sufragado”.

Por ello he dicho que en estas condiciones no había otra acción posible que lo que ha resuelto la Comisión Nacional de Elecciones: anular todo el proceso; la anulación es un acto de justicia a nuestro caso, entraña un gran mensaje del Partido Acción Nacional, pues acredita públicamente un deslinde con esas prácticas indebidas y sanciona las ambiciones desmedidas que han arriesgado innecesariamente la imagen de nuestra institución, a la que tanto queremos, porque tanto ha dado a México y tanto nos ha costado.

Anular un proceso como el de Chihuahua reivindica los principios y los valores de la lucha histórica del PAN por darnos procesos democráticos y elecciones libres; es un refrendo a la cultura de la legalidad en la que nos hemos empeñado, y es un triunfo de las voces múltiples que con todo valor y determinación se manifestaron en contra de ese proceso fraudulento.

En más de un sentido, y sobre todo por el complicado momento que vivimos, la anulación del proceso panista en Chihuahua es una esperanza para todo el panismo del país, pues por un lado reafirma la institucionalidad democrática de Acción Nacional, la eficacia de sus cauces internos para quien quiera usarlos y coloca un antecedente fundamental para el correcto desarrollo, el debido cuidado y limpieza con que deben realizarse los futuros procesos eleccionarios internos. El antecedente debe ser claro y no debemos regatearle su significado en términos de la opinión pública: quien coloque en el acarreo y la compra del voto su estrategia para ganar una elección, no debe tener éxito en el Partido.

Para el panismo de Chihuahua es una reivindicación de su exigencia de limpieza y respeto a su auténtica voluntad de elegir en libertad a sus candidatos y no permitir que el PRI los ponga a su comodidad; esa voluntad que fue brutalmente distorsionada por el acarreo masivo, la compra y coacción del voto, así como por la estrategia fraudulenta de cambiar a última hora la ubicación de decenas de casillas en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Para los jóvenes de Chihuahua, y de todo México, es un mensaje de aliento, sobre todo para aquellos que han perdido la esperanza en el triunfo de las causas justas, que ya no confían en que rinda frutos el trabajo basado en la constancia, en los principios y valores; al final de la jornada prevalece la verdad, la razón y se hace justicia.

El penoso episodio electoral Chihuahuense urge al Partido a entrar en una profunda reflexión no sólo sobre el diseño institucional de sus procesos eleccionarios, claramente agotado, sino sobre todo en términos del evidente deterioro ético y moral que permite este tipo de conductas en no pocos actores políticos, y la impunidad que los prohíja.  El Presidente Felipe Calderón  ha dicho que la impunidad carcome las condiciones de desarrollo integral del ser humano. «Porque la impunidad es el estímulo más poderoso,  el incentivo más destructivo e interminable, que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique».

En este sentido la decisión de anular ataja esa cultura de impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.

Agradezco a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que de manera amplia y libre, votaron a favor de mi candidatura al Senado y me han colocado en el primer lugar de la fórmula. Estoy convencido que el partido también envía un mensaje a la comunidad a través de mi postulación, de que se resarce a los que hacen las cosas bien, y que también para nosotros hay cabida. Les aseguro, que fuera de la inventiva o la calumnia, nadie podrá recriminarme que actué mal durante la precampaña: jugué limpio y me apegué a las reglas y a la convocatoria. De lo único que me han acusado mis competidores internos es de haber acudido a los medios de comunicación para denunciar lo que miles de chihuahuenses vieron con sus propios ojos.

Digo con toda claridad que si no fuera por el insultante acarreo de mis competidores, ninguno de los dos hubiera obtenido la libre votación que obtuve, e incluso, yo hubiera obtenido muchos más votos en Juárez, pero el acarreo impidió y desanimó a muchos votantes de buena fe. Y hay un dato que he compartido con el Comité Ejecutivo Nacional como criterio orientador de su decisión: entre la militancia quedé en primer lugar, pues gané la mayoría de los centros de votación que se instalaron en los Comités Municipales del PAN, ahí donde sólo podían votar los miembros activos del partido, y donde obviamente no se podía dar el acarreo, esos municipios representan el 80% del padrón interno.

Está el acta de cómputo de los resultados en los CDM’s donde sí había urnas separadas, que suman un total de 4057 votos totales incluyendo 108 nulos. El número de miembros activos que votaron para elegir a los diputados plurinominales fue de 5674.
La diferencia son 1617 votos de activos que se depositaron en la urna común, ciudadanos y activos y por tanto es imposible saber el resultado del 100% de los CDM´s. Pero sí podemos establecer que la votación máxima es la misma que la de los diputados o sea 5674 votos de miembros activos de un total de 16230. Obtuve el 41.4% de la votación, Borruel el 35.7%, y Pérez Cuellar el 21.2 %. Gané los comités municipales más importantes del Estado, entre ellos los de Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua.

Pero está el otro asidero: en todas las encuestas de preferencia que se hicieron en Chihuahua, incluidos los sondeos de opinión, nunca fue otro el orden de preferencias, pero sí mucho más amplia mi ventaja frente a ellos.

Estoy seguro que en su gran mayoría el panismo de Chihuahua ve una justicia completa con la decisión de reconocer la legitimidad de mi candidatura. Sé que hay voces que advierten que en Chihuahua la unidad del partido se podrá fracturar; que Borruel y Pérez Cuellar complicarán el ambiente interno con mi candidatura; nadie da lo que no tiene, y lo único que no tienen hoy, ninguno de los dos, es credibilidad. La unidad del partido en Chihuahua está fracturada, pero no por mí, sino por el fraude que vieron miles de panistas.

Estoy listo para dar una campaña vigorosa, propositiva, llena de ideas y soluciones a los graves problemas que enfrenta Chihuahua y nuestro país;  puedo darle el debate con toda fuerza y sin ningún titubeo a nuestros adversarios, sin vergüenza alguna, y tengan la seguridad de que pondré mi mayor desempeño como parlamentario formado en las filas de Acción Nacional, para quien siempre ha sido mi única, pero incondicional lealtad.

Guardo una enorme gratitud hacia todos los que durante esta larga y ardua jornada  han mantenido una fe inquebrantable en nuestra causa de dignificación y reivindicación de Acción Nacional. A todo mi equipo de trabajo por su solidaridad y apoyo incondicional. A los intelectuales que apoyaron abierta y públicamente mi exigencia de nulidad del proceso y  respaldaron mi candidatura.

Como se sabe, tanto Carlos Borruel como Cruz Perez Cuellar han interpuesto recursos de impugnación a la nulidad de la elección, bajo el argumento que controvierte mas que el fondo de la resolución, la forma y el método de las conclusiones en esta expuestas, acusan una debilidad en la motivación y fundamentación .  En mi carácter de tercero interesado he dado puntual respuesta a todos y cada uno de los argumentos.

Sin embargo, no estará firme la decisión de la CNE ni mi candidatura hasta que la Sala Regional del TRIFE con sede en Guadalajara resuelva en definitiva los escritos de impugnación. Confío en que la autoridad electoral también me dará la razón, y se haga justicia; también  en esa instancia.

POSDATA: De confirmarse mi candidatura al Senado por el TRIFE, ha aceptado acompañarme como candidata suplente Silvia Martinez de Luján, mujer capaz,  de enorme vocación en el servicio a los demás,  y una panista formada en el ideal de incuestionable honestidad.  Desde aquí le agradezco su generosa respuesta.

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Opinión

No se trata de ellos. Por Caleb Ordóñez T.

“Había más recato”, lo dice sonriendo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se confiesa ante el país, nos delata que solía hablar con el exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para que interviniera en ciertos procesos judiciales.

Caleb Ordóñez T.

Pareciera que López Obrador habla en un mundo al revés. Para el ejecutivo, las órdenes disfrazadas de acuerdos hacia el presidente del tribunal no solo deben de ser toleradas, sino ejecutadas con elegancia. Como si estuviéramos en los años 60’s.

Confiesa sin recato: “(Ahora) Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”. Refiriéndose a la prisión domiciliaria del empresario Emilio Lozoya.

El presidente no solo muestra su resentimiento a la ministra Norma Piña por las puertas cerradas la corte que ostenta. También envía un mensaje que retrata su confianza de culminar el sexenio con un profundo poder ejercido, lo cual, a su parecer, debe de ser aplaudido por sus múltiples seguidores. Pretende que lo recuerden como un gobernante “todopoderoso”.

Sus números de aprobación quizá lo hacen sentir tan cómodo que convierte de un pésame por la muerte de un excolaborador, en un reclamo airado contra su oposición, que ya da algunas señales de vida.

El síndrome del administrador

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