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Opinión

Democracia con justicia para la libertad por Javier Corral Jurado

Tras un largo, penoso y desgastante proceso para seleccionar a los candidatos al Senado en Chihuahua, Acción Nacional finalmente tomó decisiones muy difíciles, pero muy aleccionadoras para todos los que participamos en esta contienda.
Por supuesto, la más importante decisión fue la de anular el proceso y no reconocerlo como válido, toda vez que logramos acreditar varias de las causales que dentro de nuestra reglamentación interna son motivo para anular una elección.

La resolución de la Comisión Nacional de Elecciones está sustentada en una razón jurídica, una verdad legal: la demostración de prácticas totalmente contrarias a nuestros principios de doctrina, a nuestros estatutos que versa precisamente sobre la nulidad de la votación recibida en los centros de votación, particularmente en los municipios de Juárez, Delicias y Chihuahua, en virtud de las irregularidades graves, que en el propio recurso fueron denunciadas y acreditan la inducción del voto a través del traslado de votantes, la compra de votos, así como la promesa de entrega de dádivas, como lo es las despensas.

Y fue tal el cochinero que los tres precandidatos impugnamos, en un caso inaudito los que ahora se sienten sorprendidos por la resolución de la Comisión, también se impugnaron entre sí varios centros de votación. Lo que no han dicho ante la opinión pública, es que sus impugnaciones se acumularon en mi favor.

Ninguna de estas conductas me fue imputada a mi, ni por mis competidores internos, mucho menos por la CNE. Claramente la resolución señala que  «la conducta antijurídica cometida por los precandidatos Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel Baquera señalados en el presente asunto como responsables de la comisión de actos graves y contrarios a lo establecido en el Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular, así como en la Convocatoria para la Selección de la Fórmula de Senadores por el Principio de Mayoría Relativa por el estado de Chihuahua, el numeral 22 establece que queda prohibido para los precandidatos:

“22.-…
a)La entrega de recursos en efectivo, bienes de consumo o de servicio a los electores. La Comisión Nacional de Elecciones señalará en las Normas Complementarias las excepciones para la entrega de bienes de consumo, que por su valor y naturaleza no representen un riesgo a la equidad de la elección:
b) El pago de cuotas, viáticos o transporte para actos del Partido o de la Precampaña;
c) Los actos de condicionamiento de un empleo, servicio o crédito, a cambio de la obtención del voto.
d) Ejercer cualquier acción indebida que tenga por objeto inducir a los electores;
…”.

Las afirmaciones anteriores no se sacaron de la manga, ni son fruto de la inventiva, constituyen el análisis del caudal probatorio que en menos de 48 horas pudimos reunir para acreditar esas conductas. Tan es así que el resolutivo de la comisión señala que: “Resulta evidente del cúmulo de documentales públicas y privadas y medios magnéticos que se aportaron como pruebas que en efecto acreditan que se realizaron prácticas que son consideradas ilegales dentro de nuestro marco normativo interno, como lo es el manejo de voto “corporativo” esto es la movilización de grandes grupos de gente con el propósito de votar en un sentido para apoyar a un precandidato; asimismo, es evidente y causa convicción a esta sala las pruebas visuales que se exhibieron como las distintas video filmaciones en donde se destaca coacción del voto durante la jornada electoral del 19 de febrero de 2012, en diversos centros de votación donde se aprecia con claridad que fueron entregadas cantidades de dinero en efectivo, así como productos, los cuales señalan que fueron despensas, después de haber sufragado”.

Por ello he dicho que en estas condiciones no había otra acción posible que lo que ha resuelto la Comisión Nacional de Elecciones: anular todo el proceso; la anulación es un acto de justicia a nuestro caso, entraña un gran mensaje del Partido Acción Nacional, pues acredita públicamente un deslinde con esas prácticas indebidas y sanciona las ambiciones desmedidas que han arriesgado innecesariamente la imagen de nuestra institución, a la que tanto queremos, porque tanto ha dado a México y tanto nos ha costado.

Anular un proceso como el de Chihuahua reivindica los principios y los valores de la lucha histórica del PAN por darnos procesos democráticos y elecciones libres; es un refrendo a la cultura de la legalidad en la que nos hemos empeñado, y es un triunfo de las voces múltiples que con todo valor y determinación se manifestaron en contra de ese proceso fraudulento.

En más de un sentido, y sobre todo por el complicado momento que vivimos, la anulación del proceso panista en Chihuahua es una esperanza para todo el panismo del país, pues por un lado reafirma la institucionalidad democrática de Acción Nacional, la eficacia de sus cauces internos para quien quiera usarlos y coloca un antecedente fundamental para el correcto desarrollo, el debido cuidado y limpieza con que deben realizarse los futuros procesos eleccionarios internos. El antecedente debe ser claro y no debemos regatearle su significado en términos de la opinión pública: quien coloque en el acarreo y la compra del voto su estrategia para ganar una elección, no debe tener éxito en el Partido.

Para el panismo de Chihuahua es una reivindicación de su exigencia de limpieza y respeto a su auténtica voluntad de elegir en libertad a sus candidatos y no permitir que el PRI los ponga a su comodidad; esa voluntad que fue brutalmente distorsionada por el acarreo masivo, la compra y coacción del voto, así como por la estrategia fraudulenta de cambiar a última hora la ubicación de decenas de casillas en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Para los jóvenes de Chihuahua, y de todo México, es un mensaje de aliento, sobre todo para aquellos que han perdido la esperanza en el triunfo de las causas justas, que ya no confían en que rinda frutos el trabajo basado en la constancia, en los principios y valores; al final de la jornada prevalece la verdad, la razón y se hace justicia.

El penoso episodio electoral Chihuahuense urge al Partido a entrar en una profunda reflexión no sólo sobre el diseño institucional de sus procesos eleccionarios, claramente agotado, sino sobre todo en términos del evidente deterioro ético y moral que permite este tipo de conductas en no pocos actores políticos, y la impunidad que los prohíja.  El Presidente Felipe Calderón  ha dicho que la impunidad carcome las condiciones de desarrollo integral del ser humano. «Porque la impunidad es el estímulo más poderoso,  el incentivo más destructivo e interminable, que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique».

En este sentido la decisión de anular ataja esa cultura de impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.

Agradezco a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que de manera amplia y libre, votaron a favor de mi candidatura al Senado y me han colocado en el primer lugar de la fórmula. Estoy convencido que el partido también envía un mensaje a la comunidad a través de mi postulación, de que se resarce a los que hacen las cosas bien, y que también para nosotros hay cabida. Les aseguro, que fuera de la inventiva o la calumnia, nadie podrá recriminarme que actué mal durante la precampaña: jugué limpio y me apegué a las reglas y a la convocatoria. De lo único que me han acusado mis competidores internos es de haber acudido a los medios de comunicación para denunciar lo que miles de chihuahuenses vieron con sus propios ojos.

Digo con toda claridad que si no fuera por el insultante acarreo de mis competidores, ninguno de los dos hubiera obtenido la libre votación que obtuve, e incluso, yo hubiera obtenido muchos más votos en Juárez, pero el acarreo impidió y desanimó a muchos votantes de buena fe. Y hay un dato que he compartido con el Comité Ejecutivo Nacional como criterio orientador de su decisión: entre la militancia quedé en primer lugar, pues gané la mayoría de los centros de votación que se instalaron en los Comités Municipales del PAN, ahí donde sólo podían votar los miembros activos del partido, y donde obviamente no se podía dar el acarreo, esos municipios representan el 80% del padrón interno.

Está el acta de cómputo de los resultados en los CDM’s donde sí había urnas separadas, que suman un total de 4057 votos totales incluyendo 108 nulos. El número de miembros activos que votaron para elegir a los diputados plurinominales fue de 5674.
La diferencia son 1617 votos de activos que se depositaron en la urna común, ciudadanos y activos y por tanto es imposible saber el resultado del 100% de los CDM´s. Pero sí podemos establecer que la votación máxima es la misma que la de los diputados o sea 5674 votos de miembros activos de un total de 16230. Obtuve el 41.4% de la votación, Borruel el 35.7%, y Pérez Cuellar el 21.2 %. Gané los comités municipales más importantes del Estado, entre ellos los de Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua.

Pero está el otro asidero: en todas las encuestas de preferencia que se hicieron en Chihuahua, incluidos los sondeos de opinión, nunca fue otro el orden de preferencias, pero sí mucho más amplia mi ventaja frente a ellos.

Estoy seguro que en su gran mayoría el panismo de Chihuahua ve una justicia completa con la decisión de reconocer la legitimidad de mi candidatura. Sé que hay voces que advierten que en Chihuahua la unidad del partido se podrá fracturar; que Borruel y Pérez Cuellar complicarán el ambiente interno con mi candidatura; nadie da lo que no tiene, y lo único que no tienen hoy, ninguno de los dos, es credibilidad. La unidad del partido en Chihuahua está fracturada, pero no por mí, sino por el fraude que vieron miles de panistas.

Estoy listo para dar una campaña vigorosa, propositiva, llena de ideas y soluciones a los graves problemas que enfrenta Chihuahua y nuestro país;  puedo darle el debate con toda fuerza y sin ningún titubeo a nuestros adversarios, sin vergüenza alguna, y tengan la seguridad de que pondré mi mayor desempeño como parlamentario formado en las filas de Acción Nacional, para quien siempre ha sido mi única, pero incondicional lealtad.

Guardo una enorme gratitud hacia todos los que durante esta larga y ardua jornada  han mantenido una fe inquebrantable en nuestra causa de dignificación y reivindicación de Acción Nacional. A todo mi equipo de trabajo por su solidaridad y apoyo incondicional. A los intelectuales que apoyaron abierta y públicamente mi exigencia de nulidad del proceso y  respaldaron mi candidatura.

Como se sabe, tanto Carlos Borruel como Cruz Perez Cuellar han interpuesto recursos de impugnación a la nulidad de la elección, bajo el argumento que controvierte mas que el fondo de la resolución, la forma y el método de las conclusiones en esta expuestas, acusan una debilidad en la motivación y fundamentación .  En mi carácter de tercero interesado he dado puntual respuesta a todos y cada uno de los argumentos.

Sin embargo, no estará firme la decisión de la CNE ni mi candidatura hasta que la Sala Regional del TRIFE con sede en Guadalajara resuelva en definitiva los escritos de impugnación. Confío en que la autoridad electoral también me dará la razón, y se haga justicia; también  en esa instancia.

POSDATA: De confirmarse mi candidatura al Senado por el TRIFE, ha aceptado acompañarme como candidata suplente Silvia Martinez de Luján, mujer capaz,  de enorme vocación en el servicio a los demás,  y una panista formada en el ideal de incuestionable honestidad.  Desde aquí le agradezco su generosa respuesta.

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Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?

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