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Inesperados ataques priistas contra el antorchismo Por Aquiles Córdova Morán

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En las últimas semanas, paralelamente a la contienda electoral, se multiplican e intensifican también los ataques verbales y los desencuentros en torno a las demandas del antorchismo en distintos puntos del país, surgidos todos en oficinas de funcionarios y en cenáculos políticos de clara filiación priista. Paso a reseñar brevemente los más graves.

1.- En Veracruz se ha desencadenado una serie de “accidentes de tránsito” que, por su alta frecuencia, por la similitud del modus operandi y por las circunstancias concretas en que se han producido, no pueden explicarse por el azar, por la pura casualidad. Para descartar cualquier duda, hemos contratado a un perito independiente cuya opinión es que, en una escala de uno a cien, la probabilidad de que se trate de simples coincidencias es menor al 10%. Los “accidentes” han causado un serio daño económico al antorchismo veracruzano, pero, más allá de eso, han causado graves daños físicos y morales a las víctimas. Dos han sido los más devastadores. En el primero hubo cinco lesionados graves, entre ellos la maestra Silvia Bonilla, tesorera estatal, quien estuvo al borde de la muerte por perforación de colon y el consiguiente derrame de materia fecal. El segundo fue la feroz embestida contra un autobús de estudiantes que trató de sembrar el pánico y la muerte entre ellos, para responsabilizar después a los líderes antorchistas. Al mismo tiempo, a manera de pinza, la ejecución de compromisos firmados (y varias veces refrendados) con los funcionarios del gobierno veracruzano, se aplaza una y otra vez con variados pretextos. Dicho llanamente: hay una clara intención de no cumplir la palabra empeñada.

2.- Algo similar ocurre en Hidalgo. También aquí el antorchismo ha cumplido disciplinadamente con todos los requisitos de la tramitología, incluso con las ceremonias y genuflexiones de rigor, para conseguir la aprobación de obras de innegable beneficio colectivo para los más desfavorecidos de Hidalgo, y la firma de la minuta de acuerdos correspondiente. No sólo eso; ha aguantado a pie firme más de un año sin una sola obra de importancia y sin llevar a cabo ninguna protesta pública significativa, aceptando el argumento de que el gobierno actual acaba de tomar las riendas y necesita tiempo para conocer los problemas y los recursos con que cuenta. Y nada. Tampoco aquí, a pesar de la firma estampada, se respeta la palabra empeñada. Primero recurrieron a las consabidas “disculpas” y los aplazamientos en corto, pero, agotado este truco y ante la firme insistencia de los solicitantes burlados, salió el peine: se ejecutarán “sólo” poquísimas obras, y de las más baratas; las demás “las iremos viendo en el transcurso del año”. O sea, ¡nada!

3.- Ahora lo que ocurre en el distrito electoral 16, con cabecera en Ajalpan, Puebla. Después de muchos trasiegos, negativas veladas y cambios repentinos de ubicación, finalmente se decidió otorgar la candidatura priista a la diputación federal al antorchista Lisandro Campos Córdova, ex diputado federal y ex presidente municipal de Tepexi de Rodríguez, cargo en el que demostró sobradamente su honradez, su laboriosidad y su capacidad de realización con una ingente obra de gobierno como jamás la habían conocido lo tepexanos. Quedó probada, además, su habilidad y buen tino para evitar roces innecesarios con los poderes fácticos, que pudieran entorpecer su labor y poner en riesgo la tranquilidad pública. Trabajo, respeto, atención y buen trato para todos, fue la divisa de su Ayuntamiento. Y sucede que, apenas conocida su precandidatura, saltan a la palestra tres “destacados priistas” encabezados por un caciquillo local de apellido Zanetta, para colmar de injurias soeces y calumnias absurdas al precandidato, y para hacer pública su decisión de no sólo no apoyarlo, sino de dedicar todo su tiempo, recursos y relaciones a bloquear su campaña llamando a la gente a no votar por él y a no permitirle la entrada a sus pueblos. No discuto el derecho de esos señores (cuyo verdadero móvil es el despecho por no haber sido alguno de ellos el elegido) a votar por quien se les pegue la gana; lo discutible y peligroso es el lodo gratuito que arrojan sobre la única organización priista  capaz de entregar, uno por uno, los votos prometidos a los candidatos del priismo nacional, incluido el candidato a la Presidencia de la República. ¿No se dan cuenta, acaso, que debilitar a Antorcha es debilitar la posibilidad de triunfo de los candidatos priistas? ¿O es eso justamente lo que buscan?

4.- Finalmente, lo que sucede en el Estado de México. Aquí, desdeñando la buena voluntad y colaboración del antorchismo en la tarea de acomodar las piezas a satisfacción de todas las partes; echando por la borda el inmerecido trajín que soportó y el trabajoso arreglo a que finalmente se sometió, sigue maltratándose y humillando a uno de los precandidatos más limpios e inteligentes de todo el oriente mexiquense (y quizá de todo el Estado), el Dr. Brasil Acosta Peña, a quien se trata de sacar del juego a como dé lugar. Y más grave, quizá, es el trato que se está infligiendo a la actual diputada federal, Maricela Serrano Hernández, ante el solo anuncio de su interés por la Presidencia Municipal de Ixtapaluca. Haciendo a un lado su derecho ciudadano, legal y moral (la respaldan muchos años de fructífera labor al servicio de su gente, cosa que no ocurre con ningún otro precandidato), las mafias de la zona le han echado encima todo el lodo, la infamia y la vileza de que son capaces: desde vulgares majaderías sobre su vida familiar, hasta la ridícula pretensión de involucrarla en el asesinato de un viejo líder cetemista con el que ella jamás tuvo nada que ver. Todo con tal de anularla, aunque se lleven entre las pezuñas al priismo en su conjunto. Ixtapaluca está convertida en un herradero, como suele decirse, a ciencia y a paciencia del PRI y del gobierno del Estado.

La pregunta es inevitable: ¿Qué hay detrás de los ataques? ¿Cuáles son las causas que los motivan o explican? Hay quien nos ha dicho que todo obedece a mezquinos intereses locales, sin la grandeza necesaria para ver el interés del conjunto. Hay quienes opinan que muchos gobernadores no desean el triunfo nacional del PRI porque ven en ello el fin de su poder absoluto, y que por eso tratan de frustrarlo. Finalmente, están los que aseguran que la culpa es de nuestra terca política de principios que nos ha llevado a una fidelidad y a un apoyo incondicional a la política priista, en vez de vender pragmáticamente caro nuestro apoyo. Así, argumentan, funcionarios, gobernadores y mafias políticas están seguros de que, los traten como los traten, su voto estará siempre asegurado. Sea cual sea la verdad, yo afirmo que todos cometen un grave error de cálculo, porque la firmeza y la lealtad incondicionales sólo obligan a la dirigencia, pero de ningún modo a la masa entera de los antorchistas. Ésta, como la del PRI, como la de cualquier otro partido, no es un autómata que se moverá sin más a la voz del dirigente. Por el contrario, si no tiene motivos propios, vividos y sentidos por ella misma, para acudir con entusiasmo y unidad férrea a las urnas, no lo hará, o lo hará para aplicar el voto de castigo. Los líderes antorchistas necesitan, por eso, argumentos ciertos, contundentes, contantes y sonantes para convencer y entusiasmar a su gente; pero, si en vez de eso sólo hay hostilidad, engaños y golpes bajos, ni ellos ni nadie podrán garantizar los resultados. ¿Habrá quien entienda esto y tenga la fuerza y el poder para corregir el rumbo? El tiempo lo dirá.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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