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Inesperados ataques priistas contra el antorchismo Por Aquiles Córdova Morán

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En las últimas semanas, paralelamente a la contienda electoral, se multiplican e intensifican también los ataques verbales y los desencuentros en torno a las demandas del antorchismo en distintos puntos del país, surgidos todos en oficinas de funcionarios y en cenáculos políticos de clara filiación priista. Paso a reseñar brevemente los más graves.

1.- En Veracruz se ha desencadenado una serie de “accidentes de tránsito” que, por su alta frecuencia, por la similitud del modus operandi y por las circunstancias concretas en que se han producido, no pueden explicarse por el azar, por la pura casualidad. Para descartar cualquier duda, hemos contratado a un perito independiente cuya opinión es que, en una escala de uno a cien, la probabilidad de que se trate de simples coincidencias es menor al 10%. Los “accidentes” han causado un serio daño económico al antorchismo veracruzano, pero, más allá de eso, han causado graves daños físicos y morales a las víctimas. Dos han sido los más devastadores. En el primero hubo cinco lesionados graves, entre ellos la maestra Silvia Bonilla, tesorera estatal, quien estuvo al borde de la muerte por perforación de colon y el consiguiente derrame de materia fecal. El segundo fue la feroz embestida contra un autobús de estudiantes que trató de sembrar el pánico y la muerte entre ellos, para responsabilizar después a los líderes antorchistas. Al mismo tiempo, a manera de pinza, la ejecución de compromisos firmados (y varias veces refrendados) con los funcionarios del gobierno veracruzano, se aplaza una y otra vez con variados pretextos. Dicho llanamente: hay una clara intención de no cumplir la palabra empeñada.

2.- Algo similar ocurre en Hidalgo. También aquí el antorchismo ha cumplido disciplinadamente con todos los requisitos de la tramitología, incluso con las ceremonias y genuflexiones de rigor, para conseguir la aprobación de obras de innegable beneficio colectivo para los más desfavorecidos de Hidalgo, y la firma de la minuta de acuerdos correspondiente. No sólo eso; ha aguantado a pie firme más de un año sin una sola obra de importancia y sin llevar a cabo ninguna protesta pública significativa, aceptando el argumento de que el gobierno actual acaba de tomar las riendas y necesita tiempo para conocer los problemas y los recursos con que cuenta. Y nada. Tampoco aquí, a pesar de la firma estampada, se respeta la palabra empeñada. Primero recurrieron a las consabidas “disculpas” y los aplazamientos en corto, pero, agotado este truco y ante la firme insistencia de los solicitantes burlados, salió el peine: se ejecutarán “sólo” poquísimas obras, y de las más baratas; las demás “las iremos viendo en el transcurso del año”. O sea, ¡nada!

3.- Ahora lo que ocurre en el distrito electoral 16, con cabecera en Ajalpan, Puebla. Después de muchos trasiegos, negativas veladas y cambios repentinos de ubicación, finalmente se decidió otorgar la candidatura priista a la diputación federal al antorchista Lisandro Campos Córdova, ex diputado federal y ex presidente municipal de Tepexi de Rodríguez, cargo en el que demostró sobradamente su honradez, su laboriosidad y su capacidad de realización con una ingente obra de gobierno como jamás la habían conocido lo tepexanos. Quedó probada, además, su habilidad y buen tino para evitar roces innecesarios con los poderes fácticos, que pudieran entorpecer su labor y poner en riesgo la tranquilidad pública. Trabajo, respeto, atención y buen trato para todos, fue la divisa de su Ayuntamiento. Y sucede que, apenas conocida su precandidatura, saltan a la palestra tres “destacados priistas” encabezados por un caciquillo local de apellido Zanetta, para colmar de injurias soeces y calumnias absurdas al precandidato, y para hacer pública su decisión de no sólo no apoyarlo, sino de dedicar todo su tiempo, recursos y relaciones a bloquear su campaña llamando a la gente a no votar por él y a no permitirle la entrada a sus pueblos. No discuto el derecho de esos señores (cuyo verdadero móvil es el despecho por no haber sido alguno de ellos el elegido) a votar por quien se les pegue la gana; lo discutible y peligroso es el lodo gratuito que arrojan sobre la única organización priista  capaz de entregar, uno por uno, los votos prometidos a los candidatos del priismo nacional, incluido el candidato a la Presidencia de la República. ¿No se dan cuenta, acaso, que debilitar a Antorcha es debilitar la posibilidad de triunfo de los candidatos priistas? ¿O es eso justamente lo que buscan?

4.- Finalmente, lo que sucede en el Estado de México. Aquí, desdeñando la buena voluntad y colaboración del antorchismo en la tarea de acomodar las piezas a satisfacción de todas las partes; echando por la borda el inmerecido trajín que soportó y el trabajoso arreglo a que finalmente se sometió, sigue maltratándose y humillando a uno de los precandidatos más limpios e inteligentes de todo el oriente mexiquense (y quizá de todo el Estado), el Dr. Brasil Acosta Peña, a quien se trata de sacar del juego a como dé lugar. Y más grave, quizá, es el trato que se está infligiendo a la actual diputada federal, Maricela Serrano Hernández, ante el solo anuncio de su interés por la Presidencia Municipal de Ixtapaluca. Haciendo a un lado su derecho ciudadano, legal y moral (la respaldan muchos años de fructífera labor al servicio de su gente, cosa que no ocurre con ningún otro precandidato), las mafias de la zona le han echado encima todo el lodo, la infamia y la vileza de que son capaces: desde vulgares majaderías sobre su vida familiar, hasta la ridícula pretensión de involucrarla en el asesinato de un viejo líder cetemista con el que ella jamás tuvo nada que ver. Todo con tal de anularla, aunque se lleven entre las pezuñas al priismo en su conjunto. Ixtapaluca está convertida en un herradero, como suele decirse, a ciencia y a paciencia del PRI y del gobierno del Estado.

La pregunta es inevitable: ¿Qué hay detrás de los ataques? ¿Cuáles son las causas que los motivan o explican? Hay quien nos ha dicho que todo obedece a mezquinos intereses locales, sin la grandeza necesaria para ver el interés del conjunto. Hay quienes opinan que muchos gobernadores no desean el triunfo nacional del PRI porque ven en ello el fin de su poder absoluto, y que por eso tratan de frustrarlo. Finalmente, están los que aseguran que la culpa es de nuestra terca política de principios que nos ha llevado a una fidelidad y a un apoyo incondicional a la política priista, en vez de vender pragmáticamente caro nuestro apoyo. Así, argumentan, funcionarios, gobernadores y mafias políticas están seguros de que, los traten como los traten, su voto estará siempre asegurado. Sea cual sea la verdad, yo afirmo que todos cometen un grave error de cálculo, porque la firmeza y la lealtad incondicionales sólo obligan a la dirigencia, pero de ningún modo a la masa entera de los antorchistas. Ésta, como la del PRI, como la de cualquier otro partido, no es un autómata que se moverá sin más a la voz del dirigente. Por el contrario, si no tiene motivos propios, vividos y sentidos por ella misma, para acudir con entusiasmo y unidad férrea a las urnas, no lo hará, o lo hará para aplicar el voto de castigo. Los líderes antorchistas necesitan, por eso, argumentos ciertos, contundentes, contantes y sonantes para convencer y entusiasmar a su gente; pero, si en vez de eso sólo hay hostilidad, engaños y golpes bajos, ni ellos ni nadie podrán garantizar los resultados. ¿Habrá quien entienda esto y tenga la fuerza y el poder para corregir el rumbo? El tiempo lo dirá.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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