Opinión
Inesperados ataques priistas contra el antorchismo Por Aquiles Córdova Morán
En las últimas semanas, paralelamente a la contienda electoral, se multiplican e intensifican también los ataques verbales y los desencuentros en torno a las demandas del antorchismo en distintos puntos del país, surgidos todos en oficinas de funcionarios y en cenáculos políticos de clara filiación priista. Paso a reseñar brevemente los más graves.
1.- En Veracruz se ha desencadenado una serie de “accidentes de tránsito” que, por su alta frecuencia, por la similitud del modus operandi y por las circunstancias concretas en que se han producido, no pueden explicarse por el azar, por la pura casualidad. Para descartar cualquier duda, hemos contratado a un perito independiente cuya opinión es que, en una escala de uno a cien, la probabilidad de que se trate de simples coincidencias es menor al 10%. Los “accidentes” han causado un serio daño económico al antorchismo veracruzano, pero, más allá de eso, han causado graves daños físicos y morales a las víctimas. Dos han sido los más devastadores. En el primero hubo cinco lesionados graves, entre ellos la maestra Silvia Bonilla, tesorera estatal, quien estuvo al borde de la muerte por perforación de colon y el consiguiente derrame de materia fecal. El segundo fue la feroz embestida contra un autobús de estudiantes que trató de sembrar el pánico y la muerte entre ellos, para responsabilizar después a los líderes antorchistas. Al mismo tiempo, a manera de pinza, la ejecución de compromisos firmados (y varias veces refrendados) con los funcionarios del gobierno veracruzano, se aplaza una y otra vez con variados pretextos. Dicho llanamente: hay una clara intención de no cumplir la palabra empeñada.
2.- Algo similar ocurre en Hidalgo. También aquí el antorchismo ha cumplido disciplinadamente con todos los requisitos de la tramitología, incluso con las ceremonias y genuflexiones de rigor, para conseguir la aprobación de obras de innegable beneficio colectivo para los más desfavorecidos de Hidalgo, y la firma de la minuta de acuerdos correspondiente. No sólo eso; ha aguantado a pie firme más de un año sin una sola obra de importancia y sin llevar a cabo ninguna protesta pública significativa, aceptando el argumento de que el gobierno actual acaba de tomar las riendas y necesita tiempo para conocer los problemas y los recursos con que cuenta. Y nada. Tampoco aquí, a pesar de la firma estampada, se respeta la palabra empeñada. Primero recurrieron a las consabidas “disculpas” y los aplazamientos en corto, pero, agotado este truco y ante la firme insistencia de los solicitantes burlados, salió el peine: se ejecutarán “sólo” poquísimas obras, y de las más baratas; las demás “las iremos viendo en el transcurso del año”. O sea, ¡nada!
3.- Ahora lo que ocurre en el distrito electoral 16, con cabecera en Ajalpan, Puebla. Después de muchos trasiegos, negativas veladas y cambios repentinos de ubicación, finalmente se decidió otorgar la candidatura priista a la diputación federal al antorchista Lisandro Campos Córdova, ex diputado federal y ex presidente municipal de Tepexi de Rodríguez, cargo en el que demostró sobradamente su honradez, su laboriosidad y su capacidad de realización con una ingente obra de gobierno como jamás la habían conocido lo tepexanos. Quedó probada, además, su habilidad y buen tino para evitar roces innecesarios con los poderes fácticos, que pudieran entorpecer su labor y poner en riesgo la tranquilidad pública. Trabajo, respeto, atención y buen trato para todos, fue la divisa de su Ayuntamiento. Y sucede que, apenas conocida su precandidatura, saltan a la palestra tres “destacados priistas” encabezados por un caciquillo local de apellido Zanetta, para colmar de injurias soeces y calumnias absurdas al precandidato, y para hacer pública su decisión de no sólo no apoyarlo, sino de dedicar todo su tiempo, recursos y relaciones a bloquear su campaña llamando a la gente a no votar por él y a no permitirle la entrada a sus pueblos. No discuto el derecho de esos señores (cuyo verdadero móvil es el despecho por no haber sido alguno de ellos el elegido) a votar por quien se les pegue la gana; lo discutible y peligroso es el lodo gratuito que arrojan sobre la única organización priista capaz de entregar, uno por uno, los votos prometidos a los candidatos del priismo nacional, incluido el candidato a la Presidencia de la República. ¿No se dan cuenta, acaso, que debilitar a Antorcha es debilitar la posibilidad de triunfo de los candidatos priistas? ¿O es eso justamente lo que buscan?
4.- Finalmente, lo que sucede en el Estado de México. Aquí, desdeñando la buena voluntad y colaboración del antorchismo en la tarea de acomodar las piezas a satisfacción de todas las partes; echando por la borda el inmerecido trajín que soportó y el trabajoso arreglo a que finalmente se sometió, sigue maltratándose y humillando a uno de los precandidatos más limpios e inteligentes de todo el oriente mexiquense (y quizá de todo el Estado), el Dr. Brasil Acosta Peña, a quien se trata de sacar del juego a como dé lugar. Y más grave, quizá, es el trato que se está infligiendo a la actual diputada federal, Maricela Serrano Hernández, ante el solo anuncio de su interés por la Presidencia Municipal de Ixtapaluca. Haciendo a un lado su derecho ciudadano, legal y moral (la respaldan muchos años de fructífera labor al servicio de su gente, cosa que no ocurre con ningún otro precandidato), las mafias de la zona le han echado encima todo el lodo, la infamia y la vileza de que son capaces: desde vulgares majaderías sobre su vida familiar, hasta la ridícula pretensión de involucrarla en el asesinato de un viejo líder cetemista con el que ella jamás tuvo nada que ver. Todo con tal de anularla, aunque se lleven entre las pezuñas al priismo en su conjunto. Ixtapaluca está convertida en un herradero, como suele decirse, a ciencia y a paciencia del PRI y del gobierno del Estado.
La pregunta es inevitable: ¿Qué hay detrás de los ataques? ¿Cuáles son las causas que los motivan o explican? Hay quien nos ha dicho que todo obedece a mezquinos intereses locales, sin la grandeza necesaria para ver el interés del conjunto. Hay quienes opinan que muchos gobernadores no desean el triunfo nacional del PRI porque ven en ello el fin de su poder absoluto, y que por eso tratan de frustrarlo. Finalmente, están los que aseguran que la culpa es de nuestra terca política de principios que nos ha llevado a una fidelidad y a un apoyo incondicional a la política priista, en vez de vender pragmáticamente caro nuestro apoyo. Así, argumentan, funcionarios, gobernadores y mafias políticas están seguros de que, los traten como los traten, su voto estará siempre asegurado. Sea cual sea la verdad, yo afirmo que todos cometen un grave error de cálculo, porque la firmeza y la lealtad incondicionales sólo obligan a la dirigencia, pero de ningún modo a la masa entera de los antorchistas. Ésta, como la del PRI, como la de cualquier otro partido, no es un autómata que se moverá sin más a la voz del dirigente. Por el contrario, si no tiene motivos propios, vividos y sentidos por ella misma, para acudir con entusiasmo y unidad férrea a las urnas, no lo hará, o lo hará para aplicar el voto de castigo. Los líderes antorchistas necesitan, por eso, argumentos ciertos, contundentes, contantes y sonantes para convencer y entusiasmar a su gente; pero, si en vez de eso sólo hay hostilidad, engaños y golpes bajos, ni ellos ni nadie podrán garantizar los resultados. ¿Habrá quien entienda esto y tenga la fuerza y el poder para corregir el rumbo? El tiempo lo dirá.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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