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Destaca Chihuahua por falsificación o alteración en credenciales del IFE

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El Distrito Federal y Chihuahua son las entidades del país con mayor número de averiguaciones previas iniciadas en enero y febrero, respectivamente, sólo por delitos relacionados con la alteración del Registro Federal de Electores (RFE) y la expedición ilícita de credenciales para votar, revela un informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Según el documento, del cual MILENIO Diario tiene copia, de las 88 averiguaciones previas iniciadas en enero, 85.2 por ciento (75) tienen que ver con las conductas previstas en el artículo 411, es decir, con la alteración y expedición.

De éstas, 20 se abrieron en el Distrito Federal, siete en Chihuahua, seis en Jalisco, cinco en Coahuila y Veracruz; cuatro en Baja California, Estado de México y Michoacán; tres en Chiapas, Durango, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas; dos en Hidalgo, Morelos y Sonora, y una sola en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca.

Las denuncias las presentaron el Instituto Federal Electoral (58), particulares (17), servidores públicos federales (9) y funcionarios de partido (4).

En febrero se iniciaron 200 investigaciones, 174 de las cuales están relacionadas con la modificación del RFE y la entrega ilegal de identificaciones oficiales.

En ese mes, Chihuahua encabezó la lista por el citado delito con 84 casos, le siguieron Coahuila, con 25; Chiapas, con 19; Baja California, con 16; Veracruz, con 7; Estado de México, con 5; Baja California Sur, 4; Distrito Federal, con 3; Aguascalientes y Campeche con 2 cada uno, y con uno Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

A lo largo de febrero, la Fepade ejerció acción penal en 77 averiguaciones previas, de las cuales 76 (98.7 por ciento) fueron por infracciones al artículo 411 y una por el artículo 403 (recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos).

En ese mismo lapso, jueces de de Distrito dictaron 16 sentencias en primera instancia, todas condenatorias; 14 por la alteración del Registro Federal de Electores y la expedición ilícita de credenciales para votar.

Sin embargo, esos no son los únicos ilícitos que persiguió la Fepade, pues también indagó la recolección de credenciales para votar, el destino de fondos en apoyo de un partido o de un candidato, y a quienes obligaron a subordinados a emitir sufragios a favor de un instituto o aspirante, además de amenazas, esta última que se inició en Michoacán.

De acuerdo con los informes elaborados por esta fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR), en enero se radicaron 141 averiguaciones previas, 88 iniciadas más 53 ingresos, que sumadas a las mil 573 que quedaron a trámite en diciembre de 2011, arrojaron mil 714.

En ese periodo se resolvieron 150 averiguaciones previas, por lo que quedaron en trámite mil 564 averiguaciones para febrero.

En el primer mes de este año, la Fepade también consignó 88 expedientes en los que solicitó el ejercicio de la acción penal, de los cuales 86 (97.7 por ciento) fueron por infracciones al artículo 411.

Ese mismo mes se dictaron en juzgados federales 16 sentencias condenatorias; 14 tuvieron como hecho delictivo conductas relacionadas con el artículo 411. Estos casos no son los mismos a los que recientemente consignó.

Claves

Alza en indagatorias

? La Fepade indicó en su reporte que aumentó el número de averiguaciones previas atendidas el año pasado, pues durante 2010 se iniciaron mil 94 pesquisas, mientras que en 2011 ascendieron a 2 mil 631, 140.5 por ciento más.

? Asimismo, señaló que entre febrero de 2010 y enero de 2011 se iniciaron mil 125 averiguaciones, mientras que de febrero de 2011 a enero de 2012 se comenzaron 2 mil 617, es decir, un incremento de 133 por ciento.

? Para febrero, el aumento llegó a 149.2 por ciento.

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Destacan aumento en sentencias por violencia familiar en Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión semanal de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, donde se reportaron avances en la atención al delito de violencia familiar y acciones de seguridad en distintas regiones del estado.

Durante la reunión, autoridades informaron que en la actual administración se ha registrado un incremento del 139 por ciento en la eficacia de la procuración de justicia en casos de violencia familiar, en comparación con el gobierno anterior. Además, se han ejecutado más de 5 mil órdenes de aprehensión por este delito, lo que representa un aumento del 126 por ciento dentro de un total de 34 mil 657 órdenes giradas hasta el momento.

En materia preventiva, se detalló que entre septiembre de 2021 y marzo de 2026 se han realizado más de 3 mil 600 cateos en todo el territorio estatal, con mayor concentración en las zonas centro y norte.

Las autoridades también informaron sobre estrategias para mejorar la conectividad de red celular en puntos específicos, con el objetivo de disuadir la comisión de delitos. Asimismo, se mantienen sobrevuelos en helicóptero en tramos carreteros estratégicos, complementados con presencia policial terrestre para reforzar la vigilancia.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó fortalecer la presencia de corporaciones de seguridad en municipios como Juárez, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo. En la comunidad de Atascaderos, ubicada en este último, se continúa con operaciones coordinadas y bases permanentes para garantizar condiciones de seguridad.

Durante la sesión también se presentó el avance de las acciones destinadas a optimizar espacios vinculados al Mundial Social 2026.

La mandataria estatal convocó a los representantes de las distintas corporaciones a mantener la coordinación institucional como eje de la estrategia de seguridad, con el objetivo de propiciar condiciones de paz en la entidad.

En el encuentro participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; así como mandos militares y representantes de la Guardia Nacional, programas federales y organismos de seguridad.

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