Connect with us

Chihuahua

Destaca Chihuahua por falsificación o alteración en credenciales del IFE

 

El Distrito Federal y Chihuahua son las entidades del país con mayor número de averiguaciones previas iniciadas en enero y febrero, respectivamente, sólo por delitos relacionados con la alteración del Registro Federal de Electores (RFE) y la expedición ilícita de credenciales para votar, revela un informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Según el documento, del cual MILENIO Diario tiene copia, de las 88 averiguaciones previas iniciadas en enero, 85.2 por ciento (75) tienen que ver con las conductas previstas en el artículo 411, es decir, con la alteración y expedición.

De éstas, 20 se abrieron en el Distrito Federal, siete en Chihuahua, seis en Jalisco, cinco en Coahuila y Veracruz; cuatro en Baja California, Estado de México y Michoacán; tres en Chiapas, Durango, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas; dos en Hidalgo, Morelos y Sonora, y una sola en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca.

Las denuncias las presentaron el Instituto Federal Electoral (58), particulares (17), servidores públicos federales (9) y funcionarios de partido (4).

En febrero se iniciaron 200 investigaciones, 174 de las cuales están relacionadas con la modificación del RFE y la entrega ilegal de identificaciones oficiales.

En ese mes, Chihuahua encabezó la lista por el citado delito con 84 casos, le siguieron Coahuila, con 25; Chiapas, con 19; Baja California, con 16; Veracruz, con 7; Estado de México, con 5; Baja California Sur, 4; Distrito Federal, con 3; Aguascalientes y Campeche con 2 cada uno, y con uno Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

A lo largo de febrero, la Fepade ejerció acción penal en 77 averiguaciones previas, de las cuales 76 (98.7 por ciento) fueron por infracciones al artículo 411 y una por el artículo 403 (recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos).

En ese mismo lapso, jueces de de Distrito dictaron 16 sentencias en primera instancia, todas condenatorias; 14 por la alteración del Registro Federal de Electores y la expedición ilícita de credenciales para votar.

Sin embargo, esos no son los únicos ilícitos que persiguió la Fepade, pues también indagó la recolección de credenciales para votar, el destino de fondos en apoyo de un partido o de un candidato, y a quienes obligaron a subordinados a emitir sufragios a favor de un instituto o aspirante, además de amenazas, esta última que se inició en Michoacán.

De acuerdo con los informes elaborados por esta fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR), en enero se radicaron 141 averiguaciones previas, 88 iniciadas más 53 ingresos, que sumadas a las mil 573 que quedaron a trámite en diciembre de 2011, arrojaron mil 714.

En ese periodo se resolvieron 150 averiguaciones previas, por lo que quedaron en trámite mil 564 averiguaciones para febrero.

En el primer mes de este año, la Fepade también consignó 88 expedientes en los que solicitó el ejercicio de la acción penal, de los cuales 86 (97.7 por ciento) fueron por infracciones al artículo 411.

Ese mismo mes se dictaron en juzgados federales 16 sentencias condenatorias; 14 tuvieron como hecho delictivo conductas relacionadas con el artículo 411. Estos casos no son los mismos a los que recientemente consignó.

Claves

Alza en indagatorias

? La Fepade indicó en su reporte que aumentó el número de averiguaciones previas atendidas el año pasado, pues durante 2010 se iniciaron mil 94 pesquisas, mientras que en 2011 ascendieron a 2 mil 631, 140.5 por ciento más.

? Asimismo, señaló que entre febrero de 2010 y enero de 2011 se iniciaron mil 125 averiguaciones, mientras que de febrero de 2011 a enero de 2012 se comenzaron 2 mil 617, es decir, un incremento de 133 por ciento.

? Para febrero, el aumento llegó a 149.2 por ciento.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Más visto