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Opinión

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE…DE JUSTICIA por VICTOR M. QUINTANA

RUZADA CONTRA EL HAMBRE…DE JUSTICIA.

Por: Víctor M. Quintana S.

Si Chihuahua estuviera en Massachussetts otro gallo cantaría. Pero no, aquí la justicia muere por inanición. El asesinato de dos parejas en la capital del
Estado el domingo pasado, o la masacre de finales de marzo en el bar Mogavi de la misma capital viene a revelar con tozudez lo que las autoridades estatales y federales soslayan, ocultan, disfrazan: en el estado sigue habiendo asesinatos sin fin.  En tan sólo la ciudad capital han sido asesinadas más personas en masacres que en Boston, Newtown o Columbine juntos. En Juárez en un solo año hubo más víctimas mortales que en todo Manhattan en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

No hay nada que pueda alentar el menor optimismo sobre el fin de las masacres en Chihuahua. Nada que revele una inflexión en ellas, una reducción en el número de víctimas, un éxito, así sea relativo,  en los gobiernos que llegan a suplir a aquellos que fracasaron también en este rubro.  Una primera revisión nos dice que en el estado de Chihuahua se han perpetrado 24 masacres de cuatro o más personas, con un saldo de 255 personas asesinadas desde que se pusieron en marcha los operativos conjuntos de la guerra contra el narcotráfico.

La primera  fue la de Creel, en la sierra Tarahumara el sábado 16 de agosto de 2008, cuando un comando irrumpió en una fiesta y asesinó 13 personas, en su mayoría jóvenes y un bebé. A partir de entonces la zona serrana y en especial el municipio de Bocoyna han sido el espacio de varias masacres, la más reciente en diciembre pasado en Guadalupe y Calvo que arrojó once personas asesinadas.

Ciudad Juárez fue  el principal núcleo de masacres hasta hace dos años. La más visible fue la  de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010. Además de ella ha habido cuando menos ocho masacres de 2008 a 2011.  Llama la atención que  en esta frontera  no se han presentado las masacres al nivel que antes en los últimos dos años.

En cambio, el horror parece haberse trasladado a la capital del estado. Ahí se han perpetrado  10 masacres, ocho de ellas los últimos dos años.  Entre ellas, la que arrojó un mayor número de personas asesinadas, en el centro de rehabilitación de adicciones, “Fe y Vida”, en junio de 2010 con 20 ejecutadas. Destacan además, las matanzas efectuadas en tres bares: el Río Rosas en octubre de 2008, donde ultimaron a once personas, la del bar Colorado en abril de 2012, donde fueron asesinadas 17 personas, entre ellas dos conocidos periodistas,  y la del Bar Far West, donde ultimaron a cinco integrantes del grupo musical “La Quinta Banda” y cuatro personas más.

De 2008 a 2010 las masacres en los centros de rehabilitación de adicciones fueron recurrentes: cinco en total, ahora parece que el centro de gravedad ha cambiado a  los bares. Por cierto en ningún caso se trata de bares de la clase alta o media alta sino sobre todo de carácter más bien popular. También es muy claro que alrededor del 90% de las personas ultimadas en las masacres son jóvenes entre 15 y 29 años, con lo que el juvenicidio continúa.

Ningún gobierno ha podido detener las masacres: los dos últimos años de la administración de Reyes Baeza se perpetraron 11 masacres con un saldo de 101 personas asesinadas: durante los últimos cuatro años del gobierno de Calderón hubo en Chihuahua 21 masacres con 233 personas asesinadas. Los gobiernos actuales también son ampliamente rebasados en este campo: desde que César Duarte tomó posesión, en octubre de 2010 van cuando menos 13 masacres con 154 personas asesinadas y en los pocos meses del peñanietismo, 3 masacres con 22 personas asesinadas. No es cierto de ninguna manera que la violencia esté controlada en Chihuahua.

Si bien los datos y la geografía de las masacres en Chihuahua son muy reveladores, palidecen cuando los comparamos con el número total de homicidios dolosos perpetrados en esta entidad norteña desde el 2008: apenas llegarían a representar el 1.5% de los más de los 18 mil asesinatos generados por la guerra iniciada por Calderón y continuada mañosamente por Peña Nieto. Una numeralia como para sacudir la vergüenza política –si es que existe- del titular del ejecutivo de cualquier orden. Más si se toma en cuenta que la impunidad de quienes perpetraron todas estas masacres es prácticamente total.

Y sin embargo, tanto el gobierno federal como el del estado ponen su discurso y sus prioridades en todos lados menos en proteger la vida de la población. Ya no hay cuentas alegres del combate a los hechos de sangre, ya ni siquiera hay algún tipo de cuentas. Ante el estrepitoso fracaso de la estrategia de todos los  órdenes de gobierno, lo que urge es una cruzada para saciar el hambre… pero de justicia.

 

 

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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