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CRUZADA CONTRA EL HAMBRE…DE JUSTICIA por VICTOR M. QUINTANA

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RUZADA CONTRA EL HAMBRE…DE JUSTICIA.

Por: Víctor M. Quintana S.

Si Chihuahua estuviera en Massachussetts otro gallo cantaría. Pero no, aquí la justicia muere por inanición. El asesinato de dos parejas en la capital del
Estado el domingo pasado, o la masacre de finales de marzo en el bar Mogavi de la misma capital viene a revelar con tozudez lo que las autoridades estatales y federales soslayan, ocultan, disfrazan: en el estado sigue habiendo asesinatos sin fin.  En tan sólo la ciudad capital han sido asesinadas más personas en masacres que en Boston, Newtown o Columbine juntos. En Juárez en un solo año hubo más víctimas mortales que en todo Manhattan en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

No hay nada que pueda alentar el menor optimismo sobre el fin de las masacres en Chihuahua. Nada que revele una inflexión en ellas, una reducción en el número de víctimas, un éxito, así sea relativo,  en los gobiernos que llegan a suplir a aquellos que fracasaron también en este rubro.  Una primera revisión nos dice que en el estado de Chihuahua se han perpetrado 24 masacres de cuatro o más personas, con un saldo de 255 personas asesinadas desde que se pusieron en marcha los operativos conjuntos de la guerra contra el narcotráfico.

La primera  fue la de Creel, en la sierra Tarahumara el sábado 16 de agosto de 2008, cuando un comando irrumpió en una fiesta y asesinó 13 personas, en su mayoría jóvenes y un bebé. A partir de entonces la zona serrana y en especial el municipio de Bocoyna han sido el espacio de varias masacres, la más reciente en diciembre pasado en Guadalupe y Calvo que arrojó once personas asesinadas.

Ciudad Juárez fue  el principal núcleo de masacres hasta hace dos años. La más visible fue la  de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010. Además de ella ha habido cuando menos ocho masacres de 2008 a 2011.  Llama la atención que  en esta frontera  no se han presentado las masacres al nivel que antes en los últimos dos años.

En cambio, el horror parece haberse trasladado a la capital del estado. Ahí se han perpetrado  10 masacres, ocho de ellas los últimos dos años.  Entre ellas, la que arrojó un mayor número de personas asesinadas, en el centro de rehabilitación de adicciones, “Fe y Vida”, en junio de 2010 con 20 ejecutadas. Destacan además, las matanzas efectuadas en tres bares: el Río Rosas en octubre de 2008, donde ultimaron a once personas, la del bar Colorado en abril de 2012, donde fueron asesinadas 17 personas, entre ellas dos conocidos periodistas,  y la del Bar Far West, donde ultimaron a cinco integrantes del grupo musical “La Quinta Banda” y cuatro personas más.

De 2008 a 2010 las masacres en los centros de rehabilitación de adicciones fueron recurrentes: cinco en total, ahora parece que el centro de gravedad ha cambiado a  los bares. Por cierto en ningún caso se trata de bares de la clase alta o media alta sino sobre todo de carácter más bien popular. También es muy claro que alrededor del 90% de las personas ultimadas en las masacres son jóvenes entre 15 y 29 años, con lo que el juvenicidio continúa.

Ningún gobierno ha podido detener las masacres: los dos últimos años de la administración de Reyes Baeza se perpetraron 11 masacres con un saldo de 101 personas asesinadas: durante los últimos cuatro años del gobierno de Calderón hubo en Chihuahua 21 masacres con 233 personas asesinadas. Los gobiernos actuales también son ampliamente rebasados en este campo: desde que César Duarte tomó posesión, en octubre de 2010 van cuando menos 13 masacres con 154 personas asesinadas y en los pocos meses del peñanietismo, 3 masacres con 22 personas asesinadas. No es cierto de ninguna manera que la violencia esté controlada en Chihuahua.

Si bien los datos y la geografía de las masacres en Chihuahua son muy reveladores, palidecen cuando los comparamos con el número total de homicidios dolosos perpetrados en esta entidad norteña desde el 2008: apenas llegarían a representar el 1.5% de los más de los 18 mil asesinatos generados por la guerra iniciada por Calderón y continuada mañosamente por Peña Nieto. Una numeralia como para sacudir la vergüenza política –si es que existe- del titular del ejecutivo de cualquier orden. Más si se toma en cuenta que la impunidad de quienes perpetraron todas estas masacres es prácticamente total.

Y sin embargo, tanto el gobierno federal como el del estado ponen su discurso y sus prioridades en todos lados menos en proteger la vida de la población. Ya no hay cuentas alegres del combate a los hechos de sangre, ya ni siquiera hay algún tipo de cuentas. Ante el estrepitoso fracaso de la estrategia de todos los  órdenes de gobierno, lo que urge es una cruzada para saciar el hambre… pero de justicia.

 

 

 

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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