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Opinión

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE…DE JUSTICIA por VICTOR M. QUINTANA

RUZADA CONTRA EL HAMBRE…DE JUSTICIA.

Por: Víctor M. Quintana S.

Si Chihuahua estuviera en Massachussetts otro gallo cantaría. Pero no, aquí la justicia muere por inanición. El asesinato de dos parejas en la capital del
Estado el domingo pasado, o la masacre de finales de marzo en el bar Mogavi de la misma capital viene a revelar con tozudez lo que las autoridades estatales y federales soslayan, ocultan, disfrazan: en el estado sigue habiendo asesinatos sin fin.  En tan sólo la ciudad capital han sido asesinadas más personas en masacres que en Boston, Newtown o Columbine juntos. En Juárez en un solo año hubo más víctimas mortales que en todo Manhattan en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

No hay nada que pueda alentar el menor optimismo sobre el fin de las masacres en Chihuahua. Nada que revele una inflexión en ellas, una reducción en el número de víctimas, un éxito, así sea relativo,  en los gobiernos que llegan a suplir a aquellos que fracasaron también en este rubro.  Una primera revisión nos dice que en el estado de Chihuahua se han perpetrado 24 masacres de cuatro o más personas, con un saldo de 255 personas asesinadas desde que se pusieron en marcha los operativos conjuntos de la guerra contra el narcotráfico.

La primera  fue la de Creel, en la sierra Tarahumara el sábado 16 de agosto de 2008, cuando un comando irrumpió en una fiesta y asesinó 13 personas, en su mayoría jóvenes y un bebé. A partir de entonces la zona serrana y en especial el municipio de Bocoyna han sido el espacio de varias masacres, la más reciente en diciembre pasado en Guadalupe y Calvo que arrojó once personas asesinadas.

Ciudad Juárez fue  el principal núcleo de masacres hasta hace dos años. La más visible fue la  de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010. Además de ella ha habido cuando menos ocho masacres de 2008 a 2011.  Llama la atención que  en esta frontera  no se han presentado las masacres al nivel que antes en los últimos dos años.

En cambio, el horror parece haberse trasladado a la capital del estado. Ahí se han perpetrado  10 masacres, ocho de ellas los últimos dos años.  Entre ellas, la que arrojó un mayor número de personas asesinadas, en el centro de rehabilitación de adicciones, “Fe y Vida”, en junio de 2010 con 20 ejecutadas. Destacan además, las matanzas efectuadas en tres bares: el Río Rosas en octubre de 2008, donde ultimaron a once personas, la del bar Colorado en abril de 2012, donde fueron asesinadas 17 personas, entre ellas dos conocidos periodistas,  y la del Bar Far West, donde ultimaron a cinco integrantes del grupo musical “La Quinta Banda” y cuatro personas más.

De 2008 a 2010 las masacres en los centros de rehabilitación de adicciones fueron recurrentes: cinco en total, ahora parece que el centro de gravedad ha cambiado a  los bares. Por cierto en ningún caso se trata de bares de la clase alta o media alta sino sobre todo de carácter más bien popular. También es muy claro que alrededor del 90% de las personas ultimadas en las masacres son jóvenes entre 15 y 29 años, con lo que el juvenicidio continúa.

Ningún gobierno ha podido detener las masacres: los dos últimos años de la administración de Reyes Baeza se perpetraron 11 masacres con un saldo de 101 personas asesinadas: durante los últimos cuatro años del gobierno de Calderón hubo en Chihuahua 21 masacres con 233 personas asesinadas. Los gobiernos actuales también son ampliamente rebasados en este campo: desde que César Duarte tomó posesión, en octubre de 2010 van cuando menos 13 masacres con 154 personas asesinadas y en los pocos meses del peñanietismo, 3 masacres con 22 personas asesinadas. No es cierto de ninguna manera que la violencia esté controlada en Chihuahua.

Si bien los datos y la geografía de las masacres en Chihuahua son muy reveladores, palidecen cuando los comparamos con el número total de homicidios dolosos perpetrados en esta entidad norteña desde el 2008: apenas llegarían a representar el 1.5% de los más de los 18 mil asesinatos generados por la guerra iniciada por Calderón y continuada mañosamente por Peña Nieto. Una numeralia como para sacudir la vergüenza política –si es que existe- del titular del ejecutivo de cualquier orden. Más si se toma en cuenta que la impunidad de quienes perpetraron todas estas masacres es prácticamente total.

Y sin embargo, tanto el gobierno federal como el del estado ponen su discurso y sus prioridades en todos lados menos en proteger la vida de la población. Ya no hay cuentas alegres del combate a los hechos de sangre, ya ni siquiera hay algún tipo de cuentas. Ante el estrepitoso fracaso de la estrategia de todos los  órdenes de gobierno, lo que urge es una cruzada para saciar el hambre… pero de justicia.

 

 

 

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Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?

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