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Opinión

UN ACTO DESDE ARRIBA Y UN PACTO DESDE ABAJO Por Víctor Quintana

Al cumplirse 23 años del   asesinato de Zapata, el Caudillo del Sur fue conmemorado por los candidatos presidenciales  del PRI-PVEM y del Movimiento Progresista en sendos actos el martes 10, Fueron actos muy diferentes:   el encabezado por Peña Nieto, en el estado de México, se distinguió por el alarde de logística y los altisonantes discursos sobre la soberanía alimentaria. Quién sabe qué entenderán por ella el candidato y las huestes de la CNC. Porque esta organización fue ajusteestructuralista cuando Miguel de la Madrid se lo mandó;  fue defensora del TLCAN cuando Salinas se lo ordenó y ahora es defensora de los transgénicos, tal vez porque Monsanto se lo pagó.   No pueden salvar al campo quienes fueron perpetradores de su hundimiento. Acordándose tal vez de eso, buena parte de los campesinos asistentes al acto fueron vaciándolo antes de terminar.

 

El acto que López Obrador presidió en Torreón, más allá del discurso fue la lectura por una mujer campesina del documento de las organizaciones agrarias, el  Plan de Ayala para el Siglo XXI y la firma del Pacto  para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México. A pesar del inclemente sol del desierto lagunero, aumentado por el reflejo de los cerros calizos y pelones, el contingente campesino aguantó completo hasta la firma del documento.

 

El Plan de Ayala para el Siglo XXI, surge de un proceso iniciado  en noviembre pasado, en Ayoxuxtla, Puebla, lugar de la promulgación del Plan de Ayala zapatista, hace 100 años. Las organizaciones que apoyan el Movimiento de Regeneración Nacional, acordaron con AMlLO iniciar toda una serie de reuniones de trabajo y de consulta con campesinos, campesinas, productores empresariales, jornaleros agrícolas, académicos, técnicos, para elaborar una propuesta de pacto que recogiera  las demandas  básicas e históricas del campesinado y otros actores rurales y a fin de entregárselo para que lo asuma como un compromiso y plan de gobierno para el sector agropecuario.

 

Inicialmente se pensó construir el pacto mediante foros a celebrarse las 3 o 4 regiones del país, pero fue tanto el interés que terminan realizándose 6 foros, desde Yucatán hasta Baja California, desde el sur indígena hasta el norte árido y  también un foro binacional con los jornaleros oaxaqueños en Los Ángeles, California.

 

El resultado es un documento bastante esencial, asequible, que recoge las demandas centrales de cada región y tipo de productores. Se va a las cuestiones esenciales y no se enreda en políticas y medidas secundarias En una breve introducción explica cómo fue confeccionado, siguen 11  apartados en que se exponen las cuestiones centrales: el primero de ellos hace un diagnóstico de la ya muy conocida situación de devastación y violencia en el medio rural y ubica sus raíces en los treinta años de políticas anti agrarias del PRI y del PAN.

 

Enseguida se deja muy  que las mujeres y los hombres del campo  se asumen como un sujeto de la salvación de México y no como sólo objetos o beneficiarios de políticas. Y luego se plantean sus demandas y compromisos en ocho apartados desde una perspectiva de derechos: derecho a la tierra; a la alimentación y a la soberanía alimentaria; derechos del trabajo rural, asalariado o por cuenta propia; derecho a una vida buena y a servicios sociales de calidad; al territorio y a los recursos naturales como bienes colectivos; a una naturaleza sana; derechos de los sectores postergados: mujeres, indios, jóvenes. Y se termina con un derecho clave en un mundo donde ha imperado el corporativismo: el derecho a la libertad política y a la verdadera democracia.

 

Un López Obrador asoleado y entusiasmado, firmó el Pacto para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México teniendo como fedatarios públicos a miles de campesinas, campesinos y hasta empresarios agrícolas,  puso fecha para que el país logre la plena soberanía alimentaria: a mitad del próximo sexenio, a fin de que “ningún mexicano padezca hambre”. Por parte de las organizaciones campesinas suscribieron el pacto 94 de ellas, de carácter nacional y regional.

El Plan de Ayala para el Siglo XXI y el Pacto para el rescate del campo son  esfuerzos, de inclusión no sólo de las demandas campesinas, sino también  de los productores empresariales, de todos aquellos homogenizados por la crisis productiva inducida por los neoliberales. Asumen la responsabilidad no sólo de los productores, sino también de los consumidores de alimentos. Marcan hasta ahora la única vía para rescatar la agricultura y la alimentación de México  con justicia y sustentabilidad. Es notable que de los cuatro candidatos a la presidencia, López Obrador sea el único que propicie, acepte  y luego suscriba sin condiciones un documento elaborado desde abajo, desde la pluralidad de organizaciones y de  gente estudiosa y preocupada por el agro nacional.

 

Un esfuerzo así no debe desperdiciarse. Ha de compartirse, discutirse, enriquecerse con el aporte de más y más organizaciones.  Si López Obrador gana, será la guía de exigencia y evaluación a su gobierno en materia agropecuaria. Si no, será la bandera de lucha, el ideario que sostenga otro largo ciclo de resistencia campesina.

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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