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UN ACTO DESDE ARRIBA Y UN PACTO DESDE ABAJO Por Víctor Quintana

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Al cumplirse 23 años del   asesinato de Zapata, el Caudillo del Sur fue conmemorado por los candidatos presidenciales  del PRI-PVEM y del Movimiento Progresista en sendos actos el martes 10, Fueron actos muy diferentes:   el encabezado por Peña Nieto, en el estado de México, se distinguió por el alarde de logística y los altisonantes discursos sobre la soberanía alimentaria. Quién sabe qué entenderán por ella el candidato y las huestes de la CNC. Porque esta organización fue ajusteestructuralista cuando Miguel de la Madrid se lo mandó;  fue defensora del TLCAN cuando Salinas se lo ordenó y ahora es defensora de los transgénicos, tal vez porque Monsanto se lo pagó.   No pueden salvar al campo quienes fueron perpetradores de su hundimiento. Acordándose tal vez de eso, buena parte de los campesinos asistentes al acto fueron vaciándolo antes de terminar.

 

El acto que López Obrador presidió en Torreón, más allá del discurso fue la lectura por una mujer campesina del documento de las organizaciones agrarias, el  Plan de Ayala para el Siglo XXI y la firma del Pacto  para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México. A pesar del inclemente sol del desierto lagunero, aumentado por el reflejo de los cerros calizos y pelones, el contingente campesino aguantó completo hasta la firma del documento.

 

El Plan de Ayala para el Siglo XXI, surge de un proceso iniciado  en noviembre pasado, en Ayoxuxtla, Puebla, lugar de la promulgación del Plan de Ayala zapatista, hace 100 años. Las organizaciones que apoyan el Movimiento de Regeneración Nacional, acordaron con AMlLO iniciar toda una serie de reuniones de trabajo y de consulta con campesinos, campesinas, productores empresariales, jornaleros agrícolas, académicos, técnicos, para elaborar una propuesta de pacto que recogiera  las demandas  básicas e históricas del campesinado y otros actores rurales y a fin de entregárselo para que lo asuma como un compromiso y plan de gobierno para el sector agropecuario.

 

Inicialmente se pensó construir el pacto mediante foros a celebrarse las 3 o 4 regiones del país, pero fue tanto el interés que terminan realizándose 6 foros, desde Yucatán hasta Baja California, desde el sur indígena hasta el norte árido y  también un foro binacional con los jornaleros oaxaqueños en Los Ángeles, California.

 

El resultado es un documento bastante esencial, asequible, que recoge las demandas centrales de cada región y tipo de productores. Se va a las cuestiones esenciales y no se enreda en políticas y medidas secundarias En una breve introducción explica cómo fue confeccionado, siguen 11  apartados en que se exponen las cuestiones centrales: el primero de ellos hace un diagnóstico de la ya muy conocida situación de devastación y violencia en el medio rural y ubica sus raíces en los treinta años de políticas anti agrarias del PRI y del PAN.

 

Enseguida se deja muy  que las mujeres y los hombres del campo  se asumen como un sujeto de la salvación de México y no como sólo objetos o beneficiarios de políticas. Y luego se plantean sus demandas y compromisos en ocho apartados desde una perspectiva de derechos: derecho a la tierra; a la alimentación y a la soberanía alimentaria; derechos del trabajo rural, asalariado o por cuenta propia; derecho a una vida buena y a servicios sociales de calidad; al territorio y a los recursos naturales como bienes colectivos; a una naturaleza sana; derechos de los sectores postergados: mujeres, indios, jóvenes. Y se termina con un derecho clave en un mundo donde ha imperado el corporativismo: el derecho a la libertad política y a la verdadera democracia.

 

Un López Obrador asoleado y entusiasmado, firmó el Pacto para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México teniendo como fedatarios públicos a miles de campesinas, campesinos y hasta empresarios agrícolas,  puso fecha para que el país logre la plena soberanía alimentaria: a mitad del próximo sexenio, a fin de que “ningún mexicano padezca hambre”. Por parte de las organizaciones campesinas suscribieron el pacto 94 de ellas, de carácter nacional y regional.

El Plan de Ayala para el Siglo XXI y el Pacto para el rescate del campo son  esfuerzos, de inclusión no sólo de las demandas campesinas, sino también  de los productores empresariales, de todos aquellos homogenizados por la crisis productiva inducida por los neoliberales. Asumen la responsabilidad no sólo de los productores, sino también de los consumidores de alimentos. Marcan hasta ahora la única vía para rescatar la agricultura y la alimentación de México  con justicia y sustentabilidad. Es notable que de los cuatro candidatos a la presidencia, López Obrador sea el único que propicie, acepte  y luego suscriba sin condiciones un documento elaborado desde abajo, desde la pluralidad de organizaciones y de  gente estudiosa y preocupada por el agro nacional.

 

Un esfuerzo así no debe desperdiciarse. Ha de compartirse, discutirse, enriquecerse con el aporte de más y más organizaciones.  Si López Obrador gana, será la guía de exigencia y evaluación a su gobierno en materia agropecuaria. Si no, será la bandera de lucha, el ideario que sostenga otro largo ciclo de resistencia campesina.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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