Opinión

Pablo Gómez y el bisturí electoral. Por Caleb Ordóñez

Gómez tiene 78 años, pero su energía política no ha mermado. Fue uno de los líderes estudiantiles más visibles del movimiento del 68 y pagó con cárcel su activismo. Desde entonces, su vida ha transcurrido entre cargos legislativos, batallas ideológicas y una constante crítica al poder económico y político. Como presidente del PRD en los 90, como legislador en múltiples ocasiones y, más recientemente, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha construido una reputación de ser incorruptible, directo y temido.

Su relación con López Obrador es larga y compleja. Han sido aliados desde los tiempos fundacionales de la izquierda moderna en México, aunque han tenido diferencias tácticas. Sin embargo, comparten una visión crítica del régimen neoliberal, una desconfianza hacia el aparato judicial y un desprecio profundo por la simulación institucional. Que Claudia Sheinbaum lo haya convocado ahora, al inicio de su mandato, es una señal inequívoca de que el gobierno busca una reforma electoral de gran calado y sin compromisos a medias.

Un programa ambicioso y disruptivo

Pablo Gómez no tardó en delinear su visión. Lo hizo con claridad y sin rodeos: propone eliminar el fuero, establecer elecciones primarias obligatorias para los partidos, reducir el financiamiento público a las fuerzas políticas y reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE). Y, sobre todo, quiere que este proceso no sea una negociación entre dirigencias partidistas, sino un debate abierto con la ciudadanía, especialistas, legisladores y organizaciones civiles.

Eliminar el fuero ha sido una bandera constante en la narrativa de la 4T. Gómez lo considera un privilegio arcaico que ha servido más para encubrir corrupción que para proteger la libertad política. Aunque el Congreso ya reformó el artículo 108 para permitir que el presidente sea juzgado por delitos comunes, la idea ahora es extenderlo a todos los cargos públicos. Críticos advierten que esto puede dar pie a persecuciones judiciales, pero el exjefe de la UIF insiste en que la verdadera garantía de justicia está en un sistema judicial fuerte, no en el blindaje político.

En cuanto a las primarias obligatorias, la propuesta busca acabar con la opacidad en la selección de candidatos. Gómez acusa que los partidos (todos, sin excepción) han usado encuestas a modo, acuerdos cupulares y decisiones unilaterales para imponer a sus abanderados. Su propuesta: que el INE organice primarias abiertas, auditadas y fiscalizadas, con padrones limpios y reglas claras. Esto sacudiría profundamente las estructuras internas de Morena, el PAN, el PRI y demás.

Sobre el financiamiento público, la crítica es dura y sustentada: México es uno de los países que más dinero otorga a sus partidos. En 2024, se destinaron más de 10,000 millones de pesos a su operación. La idea de Gómez es sencilla: reducir significativamente los recursos públicos, especialmente en años no electorales, y fortalecer la fiscalización. Aunque suena popular, implica riesgos: menos recursos públicos podrían abrir espacio a dinero privado o ilícito, por lo que insiste en que la vigilancia debe ser más severa, no más laxa.

El INE en la mira

El punto más espinoso será, sin duda, la reestructuración del INE. A diferencia de propuestas anteriores, Gómez no plantea su desaparición, pero sí una transformación profunda: menos consejeros, sueldos más bajos, una estructura menos burocrática y más control ciudadano. La idea es que el INE deje de ser, en palabras del propio Gómez, “una élite cerrada que se auto perpetúa” y se convierta en un verdadero árbitro ciudadano.

Esta propuesta ya ha encendido alertas en sectores de la oposición y de la sociedad civil organizada, que ven en cualquier modificación al INE una amenaza directa a la democracia. Pero Gómez insiste en que no se trata de debilitarlo, sino de actualizarlo y devolverle legitimidad ante una ciudadanía cada vez más crítica. Su promesa: abrir el debate a foros públicos, a expertos y a la ciudadanía, para que el rediseño no sea un pacto cupular, sino una decisión colectiva.

Nada de esto será fácil. Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para reformar la Constitución. Será necesario negociar con la oposición, convencer con argumentos, resistir las presiones internas y articular una narrativa que conecte con la sociedad.

¿Habrá voluntad para cambiar las reglas?

En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones es alta y el desencanto ciudadano va en aumento, una reforma electoral profunda podría ser el primer paso para reconstruir la legitimidad del sistema democrático. No bastará con diagnósticos ni con intenciones; se necesita convicción, coraje y capacidad política.

Con Pablo Gómez, Sheinbaum apuesta por un reformista con legitimidad histórica, trayectoria intachable y una lengua filosa. Pero también con una historia que incomoda a muchos: no está ahí para simular ni para negociar privilegios, sino para empujar un cambio verdadero.

La gran pregunta no es si habrá reforma. La pregunta es si los partidos políticos (todos) estarán dispuestos a sacrificar sus ventajas históricas en nombre de una democracia más transparente, más equitativa y más cercana a la gente.

Porque, como bien lo sabe el Pablo Gómez opositor, los sistemas no cambian desde arriba ni desde afuera: cambian cuando alguien desde adentro se atreve a desafiar los privilegios de siempre. Y parece que esta vez, el desafío va en serio, ¿o caerá en la politiquería que tanto criticó desde joven?

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?