Opinión
Pablo Gómez y el bisturí electoral. Por Caleb Ordóñez
Gómez tiene 78 años, pero su energía política no ha mermado. Fue uno de los líderes estudiantiles más visibles del movimiento del 68 y pagó con cárcel su activismo. Desde entonces, su vida ha transcurrido entre cargos legislativos, batallas ideológicas y una constante crítica al poder económico y político. Como presidente del PRD en los 90, como legislador en múltiples ocasiones y, más recientemente, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha construido una reputación de ser incorruptible, directo y temido.
Su relación con López Obrador es larga y compleja. Han sido aliados desde los tiempos fundacionales de la izquierda moderna en México, aunque han tenido diferencias tácticas. Sin embargo, comparten una visión crítica del régimen neoliberal, una desconfianza hacia el aparato judicial y un desprecio profundo por la simulación institucional. Que Claudia Sheinbaum lo haya convocado ahora, al inicio de su mandato, es una señal inequívoca de que el gobierno busca una reforma electoral de gran calado y sin compromisos a medias.
Un programa ambicioso y disruptivo
Pablo Gómez no tardó en delinear su visión. Lo hizo con claridad y sin rodeos: propone eliminar el fuero, establecer elecciones primarias obligatorias para los partidos, reducir el financiamiento público a las fuerzas políticas y reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE). Y, sobre todo, quiere que este proceso no sea una negociación entre dirigencias partidistas, sino un debate abierto con la ciudadanía, especialistas, legisladores y organizaciones civiles.
Eliminar el fuero ha sido una bandera constante en la narrativa de la 4T. Gómez lo considera un privilegio arcaico que ha servido más para encubrir corrupción que para proteger la libertad política. Aunque el Congreso ya reformó el artículo 108 para permitir que el presidente sea juzgado por delitos comunes, la idea ahora es extenderlo a todos los cargos públicos. Críticos advierten que esto puede dar pie a persecuciones judiciales, pero el exjefe de la UIF insiste en que la verdadera garantía de justicia está en un sistema judicial fuerte, no en el blindaje político.
En cuanto a las primarias obligatorias, la propuesta busca acabar con la opacidad en la selección de candidatos. Gómez acusa que los partidos (todos, sin excepción) han usado encuestas a modo, acuerdos cupulares y decisiones unilaterales para imponer a sus abanderados. Su propuesta: que el INE organice primarias abiertas, auditadas y fiscalizadas, con padrones limpios y reglas claras. Esto sacudiría profundamente las estructuras internas de Morena, el PAN, el PRI y demás.
Sobre el financiamiento público, la crítica es dura y sustentada: México es uno de los países que más dinero otorga a sus partidos. En 2024, se destinaron más de 10,000 millones de pesos a su operación. La idea de Gómez es sencilla: reducir significativamente los recursos públicos, especialmente en años no electorales, y fortalecer la fiscalización. Aunque suena popular, implica riesgos: menos recursos públicos podrían abrir espacio a dinero privado o ilícito, por lo que insiste en que la vigilancia debe ser más severa, no más laxa.
El INE en la mira
El punto más espinoso será, sin duda, la reestructuración del INE. A diferencia de propuestas anteriores, Gómez no plantea su desaparición, pero sí una transformación profunda: menos consejeros, sueldos más bajos, una estructura menos burocrática y más control ciudadano. La idea es que el INE deje de ser, en palabras del propio Gómez, “una élite cerrada que se auto perpetúa” y se convierta en un verdadero árbitro ciudadano.
Esta propuesta ya ha encendido alertas en sectores de la oposición y de la sociedad civil organizada, que ven en cualquier modificación al INE una amenaza directa a la democracia. Pero Gómez insiste en que no se trata de debilitarlo, sino de actualizarlo y devolverle legitimidad ante una ciudadanía cada vez más crítica. Su promesa: abrir el debate a foros públicos, a expertos y a la ciudadanía, para que el rediseño no sea un pacto cupular, sino una decisión colectiva.
Nada de esto será fácil. Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para reformar la Constitución. Será necesario negociar con la oposición, convencer con argumentos, resistir las presiones internas y articular una narrativa que conecte con la sociedad.
¿Habrá voluntad para cambiar las reglas?
En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones es alta y el desencanto ciudadano va en aumento, una reforma electoral profunda podría ser el primer paso para reconstruir la legitimidad del sistema democrático. No bastará con diagnósticos ni con intenciones; se necesita convicción, coraje y capacidad política.
Con Pablo Gómez, Sheinbaum apuesta por un reformista con legitimidad histórica, trayectoria intachable y una lengua filosa. Pero también con una historia que incomoda a muchos: no está ahí para simular ni para negociar privilegios, sino para empujar un cambio verdadero.
La gran pregunta no es si habrá reforma. La pregunta es si los partidos políticos (todos) estarán dispuestos a sacrificar sus ventajas históricas en nombre de una democracia más transparente, más equitativa y más cercana a la gente.
Porque, como bien lo sabe el Pablo Gómez opositor, los sistemas no cambian desde arriba ni desde afuera: cambian cuando alguien desde adentro se atreve a desafiar los privilegios de siempre. Y parece que esta vez, el desafío va en serio, ¿o caerá en la politiquería que tanto criticó desde joven?
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
