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Opinión

Pablo Gómez y el bisturí electoral. Por Caleb Ordóñez

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Gómez tiene 78 años, pero su energía política no ha mermado. Fue uno de los líderes estudiantiles más visibles del movimiento del 68 y pagó con cárcel su activismo. Desde entonces, su vida ha transcurrido entre cargos legislativos, batallas ideológicas y una constante crítica al poder económico y político. Como presidente del PRD en los 90, como legislador en múltiples ocasiones y, más recientemente, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha construido una reputación de ser incorruptible, directo y temido.

Su relación con López Obrador es larga y compleja. Han sido aliados desde los tiempos fundacionales de la izquierda moderna en México, aunque han tenido diferencias tácticas. Sin embargo, comparten una visión crítica del régimen neoliberal, una desconfianza hacia el aparato judicial y un desprecio profundo por la simulación institucional. Que Claudia Sheinbaum lo haya convocado ahora, al inicio de su mandato, es una señal inequívoca de que el gobierno busca una reforma electoral de gran calado y sin compromisos a medias.

Un programa ambicioso y disruptivo

Pablo Gómez no tardó en delinear su visión. Lo hizo con claridad y sin rodeos: propone eliminar el fuero, establecer elecciones primarias obligatorias para los partidos, reducir el financiamiento público a las fuerzas políticas y reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE). Y, sobre todo, quiere que este proceso no sea una negociación entre dirigencias partidistas, sino un debate abierto con la ciudadanía, especialistas, legisladores y organizaciones civiles.

Eliminar el fuero ha sido una bandera constante en la narrativa de la 4T. Gómez lo considera un privilegio arcaico que ha servido más para encubrir corrupción que para proteger la libertad política. Aunque el Congreso ya reformó el artículo 108 para permitir que el presidente sea juzgado por delitos comunes, la idea ahora es extenderlo a todos los cargos públicos. Críticos advierten que esto puede dar pie a persecuciones judiciales, pero el exjefe de la UIF insiste en que la verdadera garantía de justicia está en un sistema judicial fuerte, no en el blindaje político.

En cuanto a las primarias obligatorias, la propuesta busca acabar con la opacidad en la selección de candidatos. Gómez acusa que los partidos (todos, sin excepción) han usado encuestas a modo, acuerdos cupulares y decisiones unilaterales para imponer a sus abanderados. Su propuesta: que el INE organice primarias abiertas, auditadas y fiscalizadas, con padrones limpios y reglas claras. Esto sacudiría profundamente las estructuras internas de Morena, el PAN, el PRI y demás.

Sobre el financiamiento público, la crítica es dura y sustentada: México es uno de los países que más dinero otorga a sus partidos. En 2024, se destinaron más de 10,000 millones de pesos a su operación. La idea de Gómez es sencilla: reducir significativamente los recursos públicos, especialmente en años no electorales, y fortalecer la fiscalización. Aunque suena popular, implica riesgos: menos recursos públicos podrían abrir espacio a dinero privado o ilícito, por lo que insiste en que la vigilancia debe ser más severa, no más laxa.

El INE en la mira

El punto más espinoso será, sin duda, la reestructuración del INE. A diferencia de propuestas anteriores, Gómez no plantea su desaparición, pero sí una transformación profunda: menos consejeros, sueldos más bajos, una estructura menos burocrática y más control ciudadano. La idea es que el INE deje de ser, en palabras del propio Gómez, “una élite cerrada que se auto perpetúa” y se convierta en un verdadero árbitro ciudadano.

Esta propuesta ya ha encendido alertas en sectores de la oposición y de la sociedad civil organizada, que ven en cualquier modificación al INE una amenaza directa a la democracia. Pero Gómez insiste en que no se trata de debilitarlo, sino de actualizarlo y devolverle legitimidad ante una ciudadanía cada vez más crítica. Su promesa: abrir el debate a foros públicos, a expertos y a la ciudadanía, para que el rediseño no sea un pacto cupular, sino una decisión colectiva.

Nada de esto será fácil. Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para reformar la Constitución. Será necesario negociar con la oposición, convencer con argumentos, resistir las presiones internas y articular una narrativa que conecte con la sociedad.

¿Habrá voluntad para cambiar las reglas?

En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones es alta y el desencanto ciudadano va en aumento, una reforma electoral profunda podría ser el primer paso para reconstruir la legitimidad del sistema democrático. No bastará con diagnósticos ni con intenciones; se necesita convicción, coraje y capacidad política.

Con Pablo Gómez, Sheinbaum apuesta por un reformista con legitimidad histórica, trayectoria intachable y una lengua filosa. Pero también con una historia que incomoda a muchos: no está ahí para simular ni para negociar privilegios, sino para empujar un cambio verdadero.

La gran pregunta no es si habrá reforma. La pregunta es si los partidos políticos (todos) estarán dispuestos a sacrificar sus ventajas históricas en nombre de una democracia más transparente, más equitativa y más cercana a la gente.

Porque, como bien lo sabe el Pablo Gómez opositor, los sistemas no cambian desde arriba ni desde afuera: cambian cuando alguien desde adentro se atreve a desafiar los privilegios de siempre. Y parece que esta vez, el desafío va en serio, ¿o caerá en la politiquería que tanto criticó desde joven?

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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