Opinión

los menonitas de cuauhtemoc por KAMEL ATHIE FLORES

Los menonitas de Cuauhtémoc se han esparcido por todo el estado de Chihuahua, pero también los hay en Campeche, Coahuila, Durango y Zacatecas…han emigrado a Estados Unidos, Canadá…y centroamérica…muchos en Belice, donde me ha tocado saludarlos. Todos los menonitas de dichos lugares tuvieron que salir de Cuauhtémoc, excepto los del cono sur.

Aunque no se cuenta con datos precisos, se estima que habitan en el Estado de Chihuahua alrededor de 85 mil menonitas distribuidos en los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio, Namiquipa, Cusihuiriachi, Nuevo Casas Grandes, Janos, Ascensión, Aldama, Buenaventura, Villa Ahumada, Ojinaga y en pequeñas comunidades de otros municipios.

En el municipio de Cuauhtémoc viven 35 mil, en 86 campos, de los cuales 20 mil son mujeres y 15 mil son hombres. A su vez conforme a su estructura organizacional, están aglutinados en 2 grandes Colonias, que son la Manitoba con 65 campos y la Swift Current con otros 21.

Hay estudios muy completos sobre la comunidad menonita y hasta tésis doctorales, sin embargo lo que voy a expresar en estos artículos, se refieren a mi contacto directo con ellos de hace décadas, tanto en los negocios de mi familia que desde los años 50s, los proveían igual que otros comerciantes, de telas y artículos para diseñar sus hermosos y vistosos atuendos llenos de colorido, como en la visita a los campos para comprarles leche y quesos.

Sin embargo el mejor conocimiento que tengo de ellos, lo obtuve en mi vida profesional y de servicio público, cuando tuve la suerte de concretar diversos proyectos de infraestructura de gran envergadura, como la electrificación de los municipios de Ascensión, Janos y los 2 Casas Grandes, que son enclave de diversos campos menonitas.

He participado con ellos en proyectos productivos, como mejoramiento de ganado lechero, fábricas modernas de queso, construcción de vialidades funcionales internas y entre los campos; proyectos de riego y de agua potable…en fin, en muchas gestiones y trámites para su bienestar y progreso.

Quiero comentar de la catarsis que experimentaron los menonitas de los campos de El Cuervo y El Capulín, cuando en los 80s, tuvieron que convencerse que la energía eléctrica y los vehículos automotores eran determinantes para progresar, ser competitivos y conectarse con el mundo exterior. Cabe aclarar que en esas fechas en aquellos campos de Dios, todavía usaban “Bogys” para transportarse, son un hermosos carritos individuales y colectivos jalados con caballos.

Cuando se estaban construyendo las líneas de transmisión, fue necesario tener reuniones con las familias para convencerlos de que era mejor la energía eléctrica que las lámparas de petróleo…que sólo con electricidad podrían conservar mejor sus variados productos derivados de la leche y carne de res y porcino.

Aun recuerdo que en El Capulín me dijo el jefe de campo y líder espiritual Gerardo Neufel que todo estaba bien, pero que no pondrían alumbrado público, porque se asustaban los caballos en las noches.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces, en la región de Cuauhtémoc y en los campos del noroeste del Estado, la modernización y progreso con adopción de tecnologías avanzadas en sus actividades productvas, es una constante…han entrado a una escalada de diversificación de actividades impresionante, que van desde la industria metal/mecánica, hasta el comercio, bancos servicios financieros. Algunos de ellos cotizan en bolsa.

En la próxima entrega, hablaré de sus antecedentes étnicos y cómo fue su llegada a Cuauhtémoc.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.