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Opinión

PAREN LA VIOLENCIA por VICTOR OROZCO

¡PAREN LA VIOLENCIA! ¡TRABAJO, COMIDA, VIVIENDA, SALUD!.

VÍCTOR OROZCO

A ojos vistas, la pobreza y la inseguridad, son los dos problemas de mayor gravedad que agobian a México en estos tiempo de elecciones. De ambos dan cuenta incontables observadores, reportajes periodísticos, estadísticas cotidianas, películas, videos, editoriales, protestas sociales, testimonios de víctimas de la violencia, declaraciones de funcionarios públicos y documentos de agencias internacionales. Sin embargo, el presidente de la república se aferra a negar los hechos o a tergiversarlos:  «Mienten quienes afirman que ha crecido la pobreza en México», expresó en el mini informe rendido en el auditorio nacional el pasado 30 de marzo. Su afán y el de sus partidarios, se explican porque es justamente durante el tiempo de esta administración federal que las dos calamidades han crecido en proporciones ya inusitadas e insoportables. Todos los datos duros contradicen el dicho presidencial. En diciembre de 2006, según el reciente informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el salario mínimo nominal era de 48.5 pesos y la canasta alimentaria recomendada (Construida por el propio CAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud, que incluye un conjunto de 35 alimentos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios para la alimentación de una familia conformada por dos adultos, un joven y dos niños) costaba 80.8 pesos. El primero pasó a 62.3 pesos y la segunda se disparó hasta 197.9. En compra de tortillas, significó que en los inicios de este sexenio, con un salario mínimo se podían adquirir arriba de siete kilos, al final, menos de cinco. Si nos remontamos a 1982, según este documento, un salario mínimo era suficiente para obtener ¡50.9! kilogramos del indispensable alimento que consumimos los mexicanos. Considerando la mala reputación que tiene la UNAM para muchos de los seguidores del gobierno panista, acudamos a una fuente menos sospechosa para ellos. Hace poco, Carlos Loret de Mola, a quien ni de lejos puede confundírsele con un antipanista, mostró las cifras del Centro de Investigación y Negocios del Tecnológico de Monterrey, el cual  concluye que en 2012 habrá quince millones más de pobres que en 2006. Una cifra similar proporciona del INEGI. Y, dice el periodista, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el 42% de los habitantes que eran pobres en 2006 cuatro años después habían pasado a 52%. Pero, ¿Cómo no vamos a tener estas cifras si entre los treinta

y cuatro países integrantes de la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ocupamos el último lugar por lo que se refiere al monto del salario por hora pagado a los trabajadores, muy lejano a quienes nos siguen hacia arriba, Hungría y Chile, donde sus asalariados reciben 2.54 y 2.43 dólares, mientras que en México apenas cobran 79 centavos de la moneda norteamericana?. Para quienes atribuyan la causa a la posible diferencia de productividad de los mexicanos, vale decir que estos mismos trabajadores han elevado el tamaño de la riqueza total producida en este país, hasta convertirla en la onceava del mundo, por encima de España. Tenemos pues ingenio, esfuerzo y agallas colectivos de sobra, lo que nos faltan son justicia y equidad. Por eso, alarman la iniciativas de reformas para «flexibilizar las relaciones laborales», que en cristiano significan suprimir prestaciones, bajar salarios y colocar al mundo del trabajo en una condición de subordinación peor si se puede a la existente.

No es el caso de atribuir todos los males y en especial esta atroz desigualdad económica al «gobierno del Presidente de la República» como gusta llamarlo la empalagosa propaganda de Felipe Calderón, pero si es inevitable concluir a la luz de tal realidad, que sus políticas públicas o nada han podido contra el crecimiento de la pobreza o han contribuido a exacerbarla. Sea cual sea la conclusión, la otra ineludible, es que la próxima administración federal debe cambiar de raíz, pues por este camino vamos hacia una sociedad donde las masas pauperizadas apenas si alcanzarán a sobrevivir en medio de mil penalidades y el resto, deberán levantar muros cada vez más altos para proteger sus personas y propiedades. Es el camino hacia el imperio del odio, el temor y el resentimiento colectivos.

El ya famoso video de los niños-adultos mirado por millones de personas en las redes sociales o en la televisión, expone una cruda e intolerable situación: cómo la violencia se ha apoderado de nuestras calles y nos ha arrebatado no sólo la paz, sino muchas de las potencialidades para crecer en todos los ámbitos, para criar a los hijos, para aprender, para trabajar. De nuevo, el Presidente reclama  que “Nunca como ahora” se está combatiendo con firmeza al crimen. Por primera vez, afirma en cuanto tiene ocasión, un gobierno tomó cartas en el asunto y se metió contra los delincuentes, a diferencia de sus predecesores a quienes acusa de miedosos o cómplices por no combatirlos. La publicidad oficial para convencer a la población de la bondad y eficacia de las medidas anticrimen instrumentadas por el gobierno, tienen dos direcciones: de una parte, mostrar las crecientes cifras de aprehensiones, decomisos de armas, vehículos, bienes de todo tipo, muertes de presuntos malhechores, encarcelados. Y es cierto, como nunca en el país para emplear el léxico presidencial, han caído tantos capos, eliminado tantos sicarios. Ello, puede aparecer como un gran triunfo. Para la sociedad no es sino una derrota: es la prueba de una metástasis cancerosa que afecta a un mayor número de órganos cada vez. ¿Alivia al padre o a la madre que tienen a uno de los hijos entre los 70 o 75 mil muertes violentas producidas en este sexenio, mirar las cotidianas escenas de los criminales capturados tras las mesas llenas de armas?. Las prisiones están a reventar, sin duda ¿Y esto es un signo positivo o más bien la evidencia de un colosal fracaso?. Dice FCH que su mejor herencia será una policía federal limpia, poderosa, inteligente. Ojalá fuera así y ello nos librara de un estado donde los cuerpos armados cobran cada vez mayor influencia en nuestras vidas, situación por antonomasia indeseable en cualquier lugar del mundo donde se viva. Pero no, tan sólo entre 2009 y 2011, por concepto de alimentación, traslados y viáticos diversos, el gobierno federal gastó cerca de cinco mil millones de pesos, según la investigación periodística de Rocío Gallegos publicada en el Diario de Juárez. Son precisamente los peores tiempos para la seguridad y los del aumento inusitado del crimen. Otro estudio realizado a profundidad en la Universidad Autónoma Metropolitana, descubre la imparable -hasta ahora- conversión del mexicano en un Estado policiaco: en 1980 había 701 habitantes por agente, hoy apenas si somos 190. Una de las tasas más altas del mundo. ¡Y todavía Gabriel Quadri, este candidato de opereta, propone que el número de policías federales se eleve a 400,000!.

La otra faceta de la justificación oficial, es empeñarse en que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes disminuyó ostensiblemente durante el último sexenio. El presidente ha machacado con este argumento. Unas cifras muy socorridas son las empleadas por la periodista Diana Washington, en un artículo publicado en El Paso Times a principios de este año. De acuerdo con ellas, entre 1982 y 1988 ocurrió la mayor incidencia, con 19.22 homicidios, mientras que en los años de Felipe Calderón Hinojosa, la proporción descendió hasta 14.5. Ambas explicaciones chocan con la realidad, como lo revelan numerosos estudios realizados por especialistas. Uno de ellos, publicado en la revista Nexos y elaborado por José Merino encuentra incluso una correlación estadística entre los operativos policiacos y el crecimiento de los hechos de sangre. Si a eso le agregamos -y ello es fundamental para el tema de la inseguridad- que la población sufre además de secuestros, robos de casas y de autos, agresiones diversas, se expresa con toda claridad el mal uso de los números por el gobierno y sus defensores. En alguna ocasión escribía que el argumento se asemeja a la fábula narrada por Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad: los habitantes de Macondo, aún los deudos de los muertos en la matanza de obreros, acabaron por ser persuadidos que el hecho nunca había ocurrido, que era producto de la pura imaginación. Así se nos quiere convencer a los mexicanos: no hay tal ascenso en el crimen, éste ha bajado, estamos obnubilados, alucinamos.

En el interior de los partidos y sobre todo en los «cuartos de guerra» (¡Que peste ésta, la de importar modismos norteamericanos!) de los candidatos, campea por encima de cualquier otra la preocupación de ganar la elección a toda costa, valiéndose de la mercadotecnia, las dádivas, la guerra sucia. Con total impudicia, por vía de ejemplo, los equipos de campaña de Enrique Peña Nieto, usan a los niños en las colonias empobrecidas, congregándolos  para pasarles películas de caricaturas. Entre el grueso de los habitantes, en cambio, sobresalen reclamos angustiosos: ¡Paren la violencia! ¡Queremos trabajo, comida, vivienda, salud!. Estos son los temas electorales y no las frivolidades sobre la Gaviota o el camión de Josefina.

 

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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