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Opinión

PAREN LA VIOLENCIA por VICTOR OROZCO

¡PAREN LA VIOLENCIA! ¡TRABAJO, COMIDA, VIVIENDA, SALUD!.

VÍCTOR OROZCO

A ojos vistas, la pobreza y la inseguridad, son los dos problemas de mayor gravedad que agobian a México en estos tiempo de elecciones. De ambos dan cuenta incontables observadores, reportajes periodísticos, estadísticas cotidianas, películas, videos, editoriales, protestas sociales, testimonios de víctimas de la violencia, declaraciones de funcionarios públicos y documentos de agencias internacionales. Sin embargo, el presidente de la república se aferra a negar los hechos o a tergiversarlos:  «Mienten quienes afirman que ha crecido la pobreza en México», expresó en el mini informe rendido en el auditorio nacional el pasado 30 de marzo. Su afán y el de sus partidarios, se explican porque es justamente durante el tiempo de esta administración federal que las dos calamidades han crecido en proporciones ya inusitadas e insoportables. Todos los datos duros contradicen el dicho presidencial. En diciembre de 2006, según el reciente informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el salario mínimo nominal era de 48.5 pesos y la canasta alimentaria recomendada (Construida por el propio CAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud, que incluye un conjunto de 35 alimentos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios para la alimentación de una familia conformada por dos adultos, un joven y dos niños) costaba 80.8 pesos. El primero pasó a 62.3 pesos y la segunda se disparó hasta 197.9. En compra de tortillas, significó que en los inicios de este sexenio, con un salario mínimo se podían adquirir arriba de siete kilos, al final, menos de cinco. Si nos remontamos a 1982, según este documento, un salario mínimo era suficiente para obtener ¡50.9! kilogramos del indispensable alimento que consumimos los mexicanos. Considerando la mala reputación que tiene la UNAM para muchos de los seguidores del gobierno panista, acudamos a una fuente menos sospechosa para ellos. Hace poco, Carlos Loret de Mola, a quien ni de lejos puede confundírsele con un antipanista, mostró las cifras del Centro de Investigación y Negocios del Tecnológico de Monterrey, el cual  concluye que en 2012 habrá quince millones más de pobres que en 2006. Una cifra similar proporciona del INEGI. Y, dice el periodista, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el 42% de los habitantes que eran pobres en 2006 cuatro años después habían pasado a 52%. Pero, ¿Cómo no vamos a tener estas cifras si entre los treinta

y cuatro países integrantes de la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ocupamos el último lugar por lo que se refiere al monto del salario por hora pagado a los trabajadores, muy lejano a quienes nos siguen hacia arriba, Hungría y Chile, donde sus asalariados reciben 2.54 y 2.43 dólares, mientras que en México apenas cobran 79 centavos de la moneda norteamericana?. Para quienes atribuyan la causa a la posible diferencia de productividad de los mexicanos, vale decir que estos mismos trabajadores han elevado el tamaño de la riqueza total producida en este país, hasta convertirla en la onceava del mundo, por encima de España. Tenemos pues ingenio, esfuerzo y agallas colectivos de sobra, lo que nos faltan son justicia y equidad. Por eso, alarman la iniciativas de reformas para «flexibilizar las relaciones laborales», que en cristiano significan suprimir prestaciones, bajar salarios y colocar al mundo del trabajo en una condición de subordinación peor si se puede a la existente.

No es el caso de atribuir todos los males y en especial esta atroz desigualdad económica al «gobierno del Presidente de la República» como gusta llamarlo la empalagosa propaganda de Felipe Calderón, pero si es inevitable concluir a la luz de tal realidad, que sus políticas públicas o nada han podido contra el crecimiento de la pobreza o han contribuido a exacerbarla. Sea cual sea la conclusión, la otra ineludible, es que la próxima administración federal debe cambiar de raíz, pues por este camino vamos hacia una sociedad donde las masas pauperizadas apenas si alcanzarán a sobrevivir en medio de mil penalidades y el resto, deberán levantar muros cada vez más altos para proteger sus personas y propiedades. Es el camino hacia el imperio del odio, el temor y el resentimiento colectivos.

El ya famoso video de los niños-adultos mirado por millones de personas en las redes sociales o en la televisión, expone una cruda e intolerable situación: cómo la violencia se ha apoderado de nuestras calles y nos ha arrebatado no sólo la paz, sino muchas de las potencialidades para crecer en todos los ámbitos, para criar a los hijos, para aprender, para trabajar. De nuevo, el Presidente reclama  que “Nunca como ahora” se está combatiendo con firmeza al crimen. Por primera vez, afirma en cuanto tiene ocasión, un gobierno tomó cartas en el asunto y se metió contra los delincuentes, a diferencia de sus predecesores a quienes acusa de miedosos o cómplices por no combatirlos. La publicidad oficial para convencer a la población de la bondad y eficacia de las medidas anticrimen instrumentadas por el gobierno, tienen dos direcciones: de una parte, mostrar las crecientes cifras de aprehensiones, decomisos de armas, vehículos, bienes de todo tipo, muertes de presuntos malhechores, encarcelados. Y es cierto, como nunca en el país para emplear el léxico presidencial, han caído tantos capos, eliminado tantos sicarios. Ello, puede aparecer como un gran triunfo. Para la sociedad no es sino una derrota: es la prueba de una metástasis cancerosa que afecta a un mayor número de órganos cada vez. ¿Alivia al padre o a la madre que tienen a uno de los hijos entre los 70 o 75 mil muertes violentas producidas en este sexenio, mirar las cotidianas escenas de los criminales capturados tras las mesas llenas de armas?. Las prisiones están a reventar, sin duda ¿Y esto es un signo positivo o más bien la evidencia de un colosal fracaso?. Dice FCH que su mejor herencia será una policía federal limpia, poderosa, inteligente. Ojalá fuera así y ello nos librara de un estado donde los cuerpos armados cobran cada vez mayor influencia en nuestras vidas, situación por antonomasia indeseable en cualquier lugar del mundo donde se viva. Pero no, tan sólo entre 2009 y 2011, por concepto de alimentación, traslados y viáticos diversos, el gobierno federal gastó cerca de cinco mil millones de pesos, según la investigación periodística de Rocío Gallegos publicada en el Diario de Juárez. Son precisamente los peores tiempos para la seguridad y los del aumento inusitado del crimen. Otro estudio realizado a profundidad en la Universidad Autónoma Metropolitana, descubre la imparable -hasta ahora- conversión del mexicano en un Estado policiaco: en 1980 había 701 habitantes por agente, hoy apenas si somos 190. Una de las tasas más altas del mundo. ¡Y todavía Gabriel Quadri, este candidato de opereta, propone que el número de policías federales se eleve a 400,000!.

La otra faceta de la justificación oficial, es empeñarse en que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes disminuyó ostensiblemente durante el último sexenio. El presidente ha machacado con este argumento. Unas cifras muy socorridas son las empleadas por la periodista Diana Washington, en un artículo publicado en El Paso Times a principios de este año. De acuerdo con ellas, entre 1982 y 1988 ocurrió la mayor incidencia, con 19.22 homicidios, mientras que en los años de Felipe Calderón Hinojosa, la proporción descendió hasta 14.5. Ambas explicaciones chocan con la realidad, como lo revelan numerosos estudios realizados por especialistas. Uno de ellos, publicado en la revista Nexos y elaborado por José Merino encuentra incluso una correlación estadística entre los operativos policiacos y el crecimiento de los hechos de sangre. Si a eso le agregamos -y ello es fundamental para el tema de la inseguridad- que la población sufre además de secuestros, robos de casas y de autos, agresiones diversas, se expresa con toda claridad el mal uso de los números por el gobierno y sus defensores. En alguna ocasión escribía que el argumento se asemeja a la fábula narrada por Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad: los habitantes de Macondo, aún los deudos de los muertos en la matanza de obreros, acabaron por ser persuadidos que el hecho nunca había ocurrido, que era producto de la pura imaginación. Así se nos quiere convencer a los mexicanos: no hay tal ascenso en el crimen, éste ha bajado, estamos obnubilados, alucinamos.

En el interior de los partidos y sobre todo en los «cuartos de guerra» (¡Que peste ésta, la de importar modismos norteamericanos!) de los candidatos, campea por encima de cualquier otra la preocupación de ganar la elección a toda costa, valiéndose de la mercadotecnia, las dádivas, la guerra sucia. Con total impudicia, por vía de ejemplo, los equipos de campaña de Enrique Peña Nieto, usan a los niños en las colonias empobrecidas, congregándolos  para pasarles películas de caricaturas. Entre el grueso de los habitantes, en cambio, sobresalen reclamos angustiosos: ¡Paren la violencia! ¡Queremos trabajo, comida, vivienda, salud!. Estos son los temas electorales y no las frivolidades sobre la Gaviota o el camión de Josefina.

 

 

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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