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PAREN LA VIOLENCIA por VICTOR OROZCO

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¡PAREN LA VIOLENCIA! ¡TRABAJO, COMIDA, VIVIENDA, SALUD!.

VÍCTOR OROZCO

A ojos vistas, la pobreza y la inseguridad, son los dos problemas de mayor gravedad que agobian a México en estos tiempo de elecciones. De ambos dan cuenta incontables observadores, reportajes periodísticos, estadísticas cotidianas, películas, videos, editoriales, protestas sociales, testimonios de víctimas de la violencia, declaraciones de funcionarios públicos y documentos de agencias internacionales. Sin embargo, el presidente de la república se aferra a negar los hechos o a tergiversarlos:  «Mienten quienes afirman que ha crecido la pobreza en México», expresó en el mini informe rendido en el auditorio nacional el pasado 30 de marzo. Su afán y el de sus partidarios, se explican porque es justamente durante el tiempo de esta administración federal que las dos calamidades han crecido en proporciones ya inusitadas e insoportables. Todos los datos duros contradicen el dicho presidencial. En diciembre de 2006, según el reciente informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el salario mínimo nominal era de 48.5 pesos y la canasta alimentaria recomendada (Construida por el propio CAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud, que incluye un conjunto de 35 alimentos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios para la alimentación de una familia conformada por dos adultos, un joven y dos niños) costaba 80.8 pesos. El primero pasó a 62.3 pesos y la segunda se disparó hasta 197.9. En compra de tortillas, significó que en los inicios de este sexenio, con un salario mínimo se podían adquirir arriba de siete kilos, al final, menos de cinco. Si nos remontamos a 1982, según este documento, un salario mínimo era suficiente para obtener ¡50.9! kilogramos del indispensable alimento que consumimos los mexicanos. Considerando la mala reputación que tiene la UNAM para muchos de los seguidores del gobierno panista, acudamos a una fuente menos sospechosa para ellos. Hace poco, Carlos Loret de Mola, a quien ni de lejos puede confundírsele con un antipanista, mostró las cifras del Centro de Investigación y Negocios del Tecnológico de Monterrey, el cual  concluye que en 2012 habrá quince millones más de pobres que en 2006. Una cifra similar proporciona del INEGI. Y, dice el periodista, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el 42% de los habitantes que eran pobres en 2006 cuatro años después habían pasado a 52%. Pero, ¿Cómo no vamos a tener estas cifras si entre los treinta

y cuatro países integrantes de la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ocupamos el último lugar por lo que se refiere al monto del salario por hora pagado a los trabajadores, muy lejano a quienes nos siguen hacia arriba, Hungría y Chile, donde sus asalariados reciben 2.54 y 2.43 dólares, mientras que en México apenas cobran 79 centavos de la moneda norteamericana?. Para quienes atribuyan la causa a la posible diferencia de productividad de los mexicanos, vale decir que estos mismos trabajadores han elevado el tamaño de la riqueza total producida en este país, hasta convertirla en la onceava del mundo, por encima de España. Tenemos pues ingenio, esfuerzo y agallas colectivos de sobra, lo que nos faltan son justicia y equidad. Por eso, alarman la iniciativas de reformas para «flexibilizar las relaciones laborales», que en cristiano significan suprimir prestaciones, bajar salarios y colocar al mundo del trabajo en una condición de subordinación peor si se puede a la existente.

No es el caso de atribuir todos los males y en especial esta atroz desigualdad económica al «gobierno del Presidente de la República» como gusta llamarlo la empalagosa propaganda de Felipe Calderón, pero si es inevitable concluir a la luz de tal realidad, que sus políticas públicas o nada han podido contra el crecimiento de la pobreza o han contribuido a exacerbarla. Sea cual sea la conclusión, la otra ineludible, es que la próxima administración federal debe cambiar de raíz, pues por este camino vamos hacia una sociedad donde las masas pauperizadas apenas si alcanzarán a sobrevivir en medio de mil penalidades y el resto, deberán levantar muros cada vez más altos para proteger sus personas y propiedades. Es el camino hacia el imperio del odio, el temor y el resentimiento colectivos.

El ya famoso video de los niños-adultos mirado por millones de personas en las redes sociales o en la televisión, expone una cruda e intolerable situación: cómo la violencia se ha apoderado de nuestras calles y nos ha arrebatado no sólo la paz, sino muchas de las potencialidades para crecer en todos los ámbitos, para criar a los hijos, para aprender, para trabajar. De nuevo, el Presidente reclama  que “Nunca como ahora” se está combatiendo con firmeza al crimen. Por primera vez, afirma en cuanto tiene ocasión, un gobierno tomó cartas en el asunto y se metió contra los delincuentes, a diferencia de sus predecesores a quienes acusa de miedosos o cómplices por no combatirlos. La publicidad oficial para convencer a la población de la bondad y eficacia de las medidas anticrimen instrumentadas por el gobierno, tienen dos direcciones: de una parte, mostrar las crecientes cifras de aprehensiones, decomisos de armas, vehículos, bienes de todo tipo, muertes de presuntos malhechores, encarcelados. Y es cierto, como nunca en el país para emplear el léxico presidencial, han caído tantos capos, eliminado tantos sicarios. Ello, puede aparecer como un gran triunfo. Para la sociedad no es sino una derrota: es la prueba de una metástasis cancerosa que afecta a un mayor número de órganos cada vez. ¿Alivia al padre o a la madre que tienen a uno de los hijos entre los 70 o 75 mil muertes violentas producidas en este sexenio, mirar las cotidianas escenas de los criminales capturados tras las mesas llenas de armas?. Las prisiones están a reventar, sin duda ¿Y esto es un signo positivo o más bien la evidencia de un colosal fracaso?. Dice FCH que su mejor herencia será una policía federal limpia, poderosa, inteligente. Ojalá fuera así y ello nos librara de un estado donde los cuerpos armados cobran cada vez mayor influencia en nuestras vidas, situación por antonomasia indeseable en cualquier lugar del mundo donde se viva. Pero no, tan sólo entre 2009 y 2011, por concepto de alimentación, traslados y viáticos diversos, el gobierno federal gastó cerca de cinco mil millones de pesos, según la investigación periodística de Rocío Gallegos publicada en el Diario de Juárez. Son precisamente los peores tiempos para la seguridad y los del aumento inusitado del crimen. Otro estudio realizado a profundidad en la Universidad Autónoma Metropolitana, descubre la imparable -hasta ahora- conversión del mexicano en un Estado policiaco: en 1980 había 701 habitantes por agente, hoy apenas si somos 190. Una de las tasas más altas del mundo. ¡Y todavía Gabriel Quadri, este candidato de opereta, propone que el número de policías federales se eleve a 400,000!.

La otra faceta de la justificación oficial, es empeñarse en que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes disminuyó ostensiblemente durante el último sexenio. El presidente ha machacado con este argumento. Unas cifras muy socorridas son las empleadas por la periodista Diana Washington, en un artículo publicado en El Paso Times a principios de este año. De acuerdo con ellas, entre 1982 y 1988 ocurrió la mayor incidencia, con 19.22 homicidios, mientras que en los años de Felipe Calderón Hinojosa, la proporción descendió hasta 14.5. Ambas explicaciones chocan con la realidad, como lo revelan numerosos estudios realizados por especialistas. Uno de ellos, publicado en la revista Nexos y elaborado por José Merino encuentra incluso una correlación estadística entre los operativos policiacos y el crecimiento de los hechos de sangre. Si a eso le agregamos -y ello es fundamental para el tema de la inseguridad- que la población sufre además de secuestros, robos de casas y de autos, agresiones diversas, se expresa con toda claridad el mal uso de los números por el gobierno y sus defensores. En alguna ocasión escribía que el argumento se asemeja a la fábula narrada por Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad: los habitantes de Macondo, aún los deudos de los muertos en la matanza de obreros, acabaron por ser persuadidos que el hecho nunca había ocurrido, que era producto de la pura imaginación. Así se nos quiere convencer a los mexicanos: no hay tal ascenso en el crimen, éste ha bajado, estamos obnubilados, alucinamos.

En el interior de los partidos y sobre todo en los «cuartos de guerra» (¡Que peste ésta, la de importar modismos norteamericanos!) de los candidatos, campea por encima de cualquier otra la preocupación de ganar la elección a toda costa, valiéndose de la mercadotecnia, las dádivas, la guerra sucia. Con total impudicia, por vía de ejemplo, los equipos de campaña de Enrique Peña Nieto, usan a los niños en las colonias empobrecidas, congregándolos  para pasarles películas de caricaturas. Entre el grueso de los habitantes, en cambio, sobresalen reclamos angustiosos: ¡Paren la violencia! ¡Queremos trabajo, comida, vivienda, salud!. Estos son los temas electorales y no las frivolidades sobre la Gaviota o el camión de Josefina.

 

 

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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