Opinión
PAREN LA VIOLENCIA por VICTOR OROZCO
Published
hace 14 añoson
¡PAREN LA VIOLENCIA! ¡TRABAJO, COMIDA, VIVIENDA, SALUD!.
VÍCTOR OROZCO
A ojos vistas, la pobreza y la inseguridad, son los dos problemas de mayor gravedad que agobian a México en estos tiempo de elecciones. De ambos dan cuenta incontables observadores, reportajes periodísticos, estadísticas cotidianas, películas, videos, editoriales, protestas sociales, testimonios de víctimas de la violencia, declaraciones de funcionarios públicos y documentos de agencias internacionales. Sin embargo, el presidente de la república se aferra a negar los hechos o a tergiversarlos: «Mienten quienes afirman que ha crecido la pobreza en México», expresó en el mini informe rendido en el auditorio nacional el pasado 30 de marzo. Su afán y el de sus partidarios, se explican porque es justamente durante el tiempo de esta administración federal que las dos calamidades han crecido en proporciones ya inusitadas e insoportables. Todos los datos duros contradicen el dicho presidencial. En diciembre de 2006, según el reciente informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el salario mínimo nominal era de 48.5 pesos y la canasta alimentaria recomendada (Construida por el propio CAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud, que incluye un conjunto de 35 alimentos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios para la alimentación de una familia conformada por dos adultos, un joven y dos niños) costaba 80.8 pesos. El primero pasó a 62.3 pesos y la segunda se disparó hasta 197.9. En compra de tortillas, significó que en los inicios de este sexenio, con un salario mínimo se podían adquirir arriba de siete kilos, al final, menos de cinco. Si nos remontamos a 1982, según este documento, un salario mínimo era suficiente para obtener ¡50.9! kilogramos del indispensable alimento que consumimos los mexicanos. Considerando la mala reputación que tiene la UNAM para muchos de los seguidores del gobierno panista, acudamos a una fuente menos sospechosa para ellos. Hace poco, Carlos Loret de Mola, a quien ni de lejos puede confundírsele con un antipanista, mostró las cifras del Centro de Investigación y Negocios del Tecnológico de Monterrey, el cual concluye que en 2012 habrá quince millones más de pobres que en 2006. Una cifra similar proporciona del INEGI. Y, dice el periodista, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el 42% de los habitantes que eran pobres en 2006 cuatro años después habían pasado a 52%. Pero, ¿Cómo no vamos a tener estas cifras si entre los treinta

y cuatro países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ocupamos el último lugar por lo que se refiere al monto del salario por hora pagado a los trabajadores, muy lejano a quienes nos siguen hacia arriba, Hungría y Chile, donde sus asalariados reciben 2.54 y 2.43 dólares, mientras que en México apenas cobran 79 centavos de la moneda norteamericana?. Para quienes atribuyan la causa a la posible diferencia de productividad de los mexicanos, vale decir que estos mismos trabajadores han elevado el tamaño de la riqueza total producida en este país, hasta convertirla en la onceava del mundo, por encima de España. Tenemos pues ingenio, esfuerzo y agallas colectivos de sobra, lo que nos faltan son justicia y equidad. Por eso, alarman la iniciativas de reformas para «flexibilizar las relaciones laborales», que en cristiano significan suprimir prestaciones, bajar salarios y colocar al mundo del trabajo en una condición de subordinación peor si se puede a la existente.
No es el caso de atribuir todos los males y en especial esta atroz desigualdad económica al «gobierno del Presidente de la República» como gusta llamarlo la empalagosa propaganda de Felipe Calderón, pero si es inevitable concluir a la luz de tal realidad, que sus políticas públicas o nada han podido contra el crecimiento de la pobreza o han contribuido a exacerbarla. Sea cual sea la conclusión, la otra ineludible, es que la próxima administración federal debe cambiar de raíz, pues por este camino vamos hacia una sociedad donde las masas pauperizadas apenas si alcanzarán a sobrevivir en medio de mil penalidades y el resto, deberán levantar muros cada vez más altos para proteger sus personas y propiedades. Es el camino hacia el imperio del odio, el temor y el resentimiento colectivos.
El ya famoso video de los niños-adultos mirado por millones de personas en las redes sociales o en la televisión, expone una cruda e intolerable situación: cómo la violencia se ha apoderado de nuestras calles y nos ha arrebatado no sólo la paz, sino muchas de las potencialidades para crecer en todos los ámbitos, para criar a los hijos, para aprender, para trabajar. De nuevo, el Presidente reclama que “Nunca como ahora” se está combatiendo con firmeza al crimen. Por primera vez, afirma en cuanto tiene ocasión, un gobierno tomó cartas en el asunto y se metió contra los delincuentes, a diferencia de sus predecesores a quienes acusa de miedosos o cómplices por no combatirlos. La publicidad oficial para convencer a la población de la bondad y eficacia de las medidas anticrimen instrumentadas por el gobierno, tienen dos direcciones: de una parte, mostrar las crecientes cifras de aprehensiones, decomisos de armas, vehículos, bienes de todo tipo, muertes de presuntos malhechores, encarcelados. Y es cierto, como nunca en el país para emplear el léxico presidencial, han caído tantos capos, eliminado tantos sicarios. Ello, puede aparecer como un gran triunfo. Para la sociedad no es sino una derrota: es la prueba de una metástasis cancerosa que afecta a un mayor número de órganos cada vez. ¿Alivia al padre o a la madre que tienen a uno de los hijos entre los 70 o 75 mil muertes violentas producidas en este sexenio, mirar las cotidianas escenas de los criminales capturados tras las mesas llenas de armas?. Las prisiones están a reventar, sin duda ¿Y esto es un signo positivo o más bien la evidencia de un colosal fracaso?. Dice FCH que su mejor herencia será una policía federal limpia, poderosa, inteligente. Ojalá fuera así y ello nos librara de un estado donde los cuerpos armados cobran cada vez mayor influencia en nuestras vidas, situación por antonomasia indeseable en cualquier lugar del mundo donde se viva. Pero no, tan sólo entre 2009 y 2011, por concepto de alimentación, traslados y viáticos diversos, el gobierno federal gastó cerca de cinco mil millones de pesos, según la investigación periodística de Rocío Gallegos publicada en el Diario de Juárez. Son precisamente los peores tiempos para la seguridad y los del aumento inusitado del crimen. Otro estudio realizado a profundidad en la Universidad Autónoma Metropolitana, descubre la imparable -hasta ahora- conversión del mexicano en un Estado policiaco: en 1980 había 701 habitantes por agente, hoy apenas si somos 190. Una de las tasas más altas del mundo. ¡Y todavía Gabriel Quadri, este candidato de opereta, propone que el número de policías federales se eleve a 400,000!.
La otra faceta de la justificación oficial, es empeñarse en que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes disminuyó ostensiblemente durante el último sexenio. El presidente ha machacado con este argumento. Unas cifras muy socorridas son las empleadas por la periodista Diana Washington, en un artículo publicado en El Paso Times a principios de este año. De acuerdo con ellas, entre 1982 y 1988 ocurrió la mayor incidencia, con 19.22 homicidios, mientras que en los años de Felipe Calderón Hinojosa, la proporción descendió hasta 14.5. Ambas explicaciones chocan con la realidad, como lo revelan numerosos estudios realizados por especialistas. Uno de ellos, publicado en la revista Nexos y elaborado por José Merino encuentra incluso una correlación estadística entre los operativos policiacos y el crecimiento de los hechos de sangre. Si a eso le agregamos -y ello es fundamental para el tema de la inseguridad- que la población sufre además de secuestros, robos de casas y de autos, agresiones diversas, se expresa con toda claridad el mal uso de los números por el gobierno y sus defensores. En alguna ocasión escribía que el argumento se asemeja a la fábula narrada por Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad: los habitantes de Macondo, aún los deudos de los muertos en la matanza de obreros, acabaron por ser persuadidos que el hecho nunca había ocurrido, que era producto de la pura imaginación. Así se nos quiere convencer a los mexicanos: no hay tal ascenso en el crimen, éste ha bajado, estamos obnubilados, alucinamos.
En el interior de los partidos y sobre todo en los «cuartos de guerra» (¡Que peste ésta, la de importar modismos norteamericanos!) de los candidatos, campea por encima de cualquier otra la preocupación de ganar la elección a toda costa, valiéndose de la mercadotecnia, las dádivas, la guerra sucia. Con total impudicia, por vía de ejemplo, los equipos de campaña de Enrique Peña Nieto, usan a los niños en las colonias empobrecidas, congregándolos para pasarles películas de caricaturas. Entre el grueso de los habitantes, en cambio, sobresalen reclamos angustiosos: ¡Paren la violencia! ¡Queremos trabajo, comida, vivienda, salud!. Estos son los temas electorales y no las frivolidades sobre la Gaviota o el camión de Josefina.
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Opinión
Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.
Published
hace 2 semanason
May 29, 2026
Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.
La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.
Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.
No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.
Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.
Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.
Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.
Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.
Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:
«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.
Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.
Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.
Parece un político concentrado en administrar daños.
Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.
La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.
Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.
Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.
Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.
Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.
Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador
Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.
Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.
Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los
estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.
Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.
Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.
Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.
Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un
juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.
Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.
Esa es la verdadera decadencia.
No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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